La economía cubana ha experimentado un deterioro pronunciado desde 2018, producto de una crisis multifactorial que se ha agravado en los últimos años. La escasez crónica de alimentos accesibles a la población, de medicinas y otros bienes básicos, así como la caída de servicios esenciales como la electricidad, el agua potable y el gas doméstico, figuran entre los impactos más inmediatos en la vida cotidiana de los cubanos. Estos factores aparecen de forma reiterada en los testimonios recogidos, que describen la situación actual como peor que la vivida durante el llamado Período Especial.

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A la escasez crónica de bienes se suma una severa inflación y devaluación monetaria, combinadas con una creciente dolarización de la economía. Estas condiciones han erosionado gravemente el poder adquisitivo de salarios y pensiones, cuyos valores reales están profundamente rezagados frente al costo de vida en el país: un cartón de treinta huevos cuesta casi dos pensiones básicas, mientras que un kilogramo de leche equivale a un salario mínimo.

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El desgaste sistémico, advertido por el aumento de la inseguridad alimentaria, se ha profundizado con la caída de los servicios públicos esenciales, evidenciada en la reducción significativa de la producción y el suministro de electricidad, agua potable y gas doméstico. ¿Cómo se ha llegado a este punto?

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Colapso del sistema electroenergético nacional

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La red energética cubana depende en su mayoría de plantas termoeléctricas con hasta cuarenta años de antigüedad, que operan quemando combustóleo y se encuentran al límite tras décadas de uso y mantenimiento insuficiente. Desde hace cinco años, la generación eléctrica no logra cubrir la demanda, afectada continuamente por averías y escasez de combustible, agravadas por la postergación de inversiones y las dificultades técnicas para procesar el crudo cubano.

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Como consecuencia, los cubanos padecen a lo largo de toda la isla hasta 16 horas diarias de apagones programados por bloques en cada sector residencial. Estos cortes de electricidad dañan electrodomésticos, arruinan alimentos y generan un estrés constante, afectando el bienestar general y el desempeño social. Por ejemplo, muchas familias deciden no acudir al trabajo o no enviar a sus hijos a la escuela tras noches sin dormir, debido a la falta de ventilación en un país tropical donde las temperaturas superan los 32 grados Celsius.

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Colapso del sistema hídrico nacional

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Cuba cuenta con una infraestructura hidráulica envejecida: redes de tuberías con décadas de explotación y escaso mantenimiento han provocado pérdidas masivas de agua por fugas o “salideros”. A finales de 2023, solo en La Habana se contabilizaban cerca de 2.000 fugas pendientes de reparación, afectando el tránsito por avenidas y generando anegamientos en zonas residenciales.

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A su vez, los acueductos operan con estaciones de bombeo antiguas, vulnerables a roturas y a la falta de piezas. Este sistema, altamente dependiente de la electricidad —es el segundo mayor consumidor eléctrico del país, después de la industria—, se ve aún más expuesto a la crisis energética, presentando interrupciones en el bombeo y reduciendo la presión y el alcance del servicio.

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Como resultado, la gran mayoría de los cubanos no cuenta con agua corriente continua, y depende de sus propios medios para almacenarla. Se estima que más de medio millón de personas carece de acceso estable a agua potable, y cientos de miles más son afectados sistemáticamente por la falta del servicio. Son comunes los esquemas de distribución con intervalos de hasta cuatro días. Esto repercute gravemente en la capacidad de cocción e higienización de los alimentos, y supone un riesgo directo para la salud.

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Caída en la distribución nacional de combustible

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El gas licuado de petróleo (GLP), principal combustible doméstico para cocinar en Cuba, enfrenta restricciones cada vez más severas desde 2019. La respuesta gubernamental ha sido el racionamiento estricto del producto disponible, sin lograr evitar la principal afectación, sostenida desde octubre de 2024.

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En particular, la interrupción en la entrega de GLP desde febrero de 2025 ha dejado a un 41 % de los hogares cubanos sin un medio seguro para cocinar, forzándolos a recurrir a métodos primitivos. Muchas familias cocinan con leña o carbón en hornos improvisados, lo que supone riesgos de incendio y problemas de salud por el uso de combustibles no limpios. Otras alternan con cocinas eléctricas, una opción cada vez menos fiable dada la frecuencia de los apagones. El impacto doméstico es severo: sin gas ni electricidad estables, muchas personas no pueden potabilizar el agua ni cocinar adecuadamente, comprometiendo así la nutrición y la higiene. Según encuestas de FMP, más del 76 % de las familias ha visto afectada su capacidad para preparar alimentos debido a los cortes eléctricos.

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La combinación de crisis en los servicios básicos —superpuestas y vinculadas entre sí— ha profundizado la inseguridad alimentaria en el país. La escasez sostenida ha forzado cambios drásticos en la vida cotidiana, como alterar los horarios de comida o permanecer en casa para recoger agua. Según estudios de FMP, muchas familias han modificado sus dietas, optando por alimentos más económicos —a menudo menos saludables—, y han reducido el número de comidas diarias.

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El impacto de esta policrisis ha sacado a la luz profundas tensiones sociales. La percepción ciudadana muestra un aumento del descontento: más del 63 % de la población atribuye la situación actual a una fallida gestión gubernamental, mientras que solo el 8 % la justifica con el embargo estadounidense. Cada uno de los colapsos mencionados ha sido denunciado mediante cacerolazos vecinales y otras formas de microprotesta a lo largo del país. Entre las manifestaciones más recientes, destaca la protesta del pasado 22 de mayo en Santiago de Cuba y Bayamo, donde residentes salieron a las calles con la consigna “Corriente y comida”. Cinco días antes, otra protesta en la ciudad de Pinar del Río obligó a las autoridades locales a intervenir tras más de 20 horas sin electricidad.

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Mientras el colapso sistémico se profundiza y la vida cotidiana se recrudece a niveles inimaginables, el Gobierno cubano responde con una política represiva, criminalizando a quienes reclaman una vida digna. Paralelamente, en busca de alivio financiero, continúa priorizando alianzas clientelistas e ideológicas para garantizar importaciones subsidiadas de alimentos y energía. Sin voluntad de realizar un reajuste integral del sistema, el Gobierno persiste en su modelo actual, acercándose cada vez más a autocracias como China y Rusia en un orden global polarizado e incierto.

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FMP insta a las autoridades a implementar un plan a largo plazo enfocado en el sistema alimentario y en la revitalización del campo cubano. La falta de insumos, la obsolescencia de la maquinaria, los desincentivos estructurales, junto a fallas de gestión, impagos y cuellos de botella logísticos, han provocado una caída de más del 65 % en la producción nacional de alimentos, con la desaparición incluso de productos básicos.

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FMP denuncia la pasividad de una administración que pretende subsistir a través de la captación de divisas sustentada en el sufrimiento de las familias cubanas y su diáspora. Advierte que cualquier recuperación de la estabilidad requerirá reformas profundas y una reconciliación real entre las fuerzas productivas del país, desterrando burocracias, personalismos y políticas de cuadros. Exige, además, la garantía de un nivel de vida digno para todos los cubanos, así como el respeto a su agencia y a una voluntad política verdadera para detener la destrucción del país.