Nota de prensa N° 32- Food Monitor Program
La Habana, 29 de septiembre de 2024
La crisis alimentaria en Cuba está directamente relacionada con la administración del sistema alimentario nacional, en específico, de las políticas estatales sobre la producción agrícola y ganadera. Históricamente, el designio estatal sobre lo que se produce, y cómo se comercializa y distribuye en el país, ha guardado estrecha relación con la ideología y las políticas de promoción políticas, tanto en lo doméstico como hacia el exterior.[1] En un momento donde el consenso político casi ha desaparecido, y donde el 63% de la población adjudica la inseguridad alimentaria a las políticas del Estado ante un 8% que cree, se debe al embargo estadounidense, la percepción de descontento ciudadano ante la responsabilidad gubernamental en el aseguramiento de la alimentación no justifica normativas de control sobre los alimentos.[2]
Aún así, el Gobierno cubano continúa demostrando la tendencia al decisionismo arbitrario, y a la lectura ideologizada y circunstancial de la realidad cubana. Es el caso de la Resolución 275/2024 del Ministerio de la Agricultura (Minagri), publicada el 4 de septiembre en la Gaceta Oficial de la República[3], que aprueba los procedimientos a seguir para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para el año 2025.
Food Monitor Program recuerda que, una de las principales variables en el aumento sostenido de la inflación en la Isla es el precio en ascenso de los alimentos de primera necesidad (con un promedio del 35% anualmente). Por ejemplo, desde la Tarea Ordenamiento en el 2020, más del 80% de las familias cubanas han perdido considerable acceso a los productos básicos de una canasta básica convencional, mientras que más del 90% afirma haber experimentado un alza en los precios de los productos. En consecuencia, el observatorio considera importante valorar las repercusiones de esta normativa sobre la creciente inseguridad alimentaria que experimentan los cubanos:
La normativa delega a nivel municipal las formas, cantidades y pagos en la contratación a los productores cubanos. De tal manera, los Comités de Contratación Municipal serán los responsables de definir precios mayoristas y minoristas que sean “atractivos” y garanticen el autoabastecimiento territorial de viandas, hortalizas, granos y frutas estacionales.
Si los campesinos cubanos, ya estén asociados a cooperativas o entidades estatales, quieren ganar por su trabajo, deberán firmar estos contratos que se prevén desalentadores y restrictivos para el campo cubano, pulmón de la producción alimentaria nacional. En un país donde el 67% de la producción de alimentos nacional ha caído en picada durante los últimos cinco años[4], y que debe importar más del 80% del consumo de la canasta básica, esta legislatura jerárquica no hace más que empeorar las condiciones.
La arbitrariedad de las políticas estatales tiene impacto directo en las condiciones de la alimentación de la población. Anteriormente, se había registrado el elevado nivel de desmotivación de campesinos en las principales provincias productoras, que reportaron este año hasta un 26% de gremios negados a vender sus productos al Estado. Por ejemplo, desde finales del 2023, los productores de leche en Sancti Spíritus se negaron a entregar su producción como protesta a los precios mínimos fijados por el Estado como principal comprador. Según sus contratos, se obliga a entregar a entidades estatales al menos el 87% de su producción, mientras que el precio regulado en ese momento por litro de leche era de 20 CUP, estipulado de forma parcial por el Estado sin tener en cuenta la inflación y encarecimiento de la vida en el país, más en zonas rurales. En consecuencia, la producción y distribución de leche en esa provincia se afectó en 11 millones de litros menos, con mayor impacto en menores de siete años, embarazadas y dietas médicas. La respuesta del Gobierno fue criminalizar a los productores y asegurar que: “no hay garantía para las dietas (…) la leche se repartirá cuando haya”.[5]
Más allá de una lógica explotativa en el proceso de contratación a los productores cubanos, las realidades del agro en la Isla están determinadas por otras tantas variables de compromiso estatal como la falta de inversiones en el sector, la persistencia de un mercado deforme con un ilusorio sistema de pago sin respaldo financiero, así como la inflada narrativa tecnoburocrática cuyas “medidas de revitalización de la agricultura” no han dado resultados concretos en los últimos años. La reciente legislación, además de legalizar una contratación forzada en beneficio del Estado, de ignorar convenientemente el continuo impago de las empresas estatales (Acopio) a los productores cubanos, también olvida el desequilibrio entre provincias productoras como Artemisa y Mayabeque, y sus “responsabilidades” ante provincias no productoras y dependientes, creando un extra-peso en estos campesinos.

Para ampliar el análisis sobre el estado del campo cubano y su capacidad productiva Food Monitor Program recabó testimonios de productores destacando las siguientes ideas:
No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos.
(…)
La cosa está en que no siempre tenemos lo que necesitamos para trabajar bien la tierra. A veces faltan los abonos o la maquinaria, y eso nos traba el trabajo. Los precios que nos pagan por los productos, ni hablar, no alcanzan para cubrir los costos muchas veces, por eso es que no hay anapista que no venda por la izquierda muchas cosas.
(…)
El transporte, eso es un dolor de cabeza; sacar la cosecha del campo a la ciudad es tremendo lío. Y para colmo, la burocracia es un muro, pedir algún apoyo o beneficio es tremenda travesía. Yo mismo soy pequeño agricultor y necesito pocos machetes o guatacas, ahí está otro problema, no tengo ahora mismo donde comprarlos si se me rompe o se mella alguno de los que tengo.
Sobre la participación y voz de los productores, en procesos de deliberación locales nos aseguran:
Hemos participado, pero la verdad es que no siempre nos escuchan como se debe. Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido. Cualquier reunión es más menos inútil.
Food Monitor Program lamenta que continúe la tendencia al control estatal de la mayor parte de la producción y distribución agrícola en el país, del establecimiento centralizado de precios por Acopio, así como del tope de precios al vendedor. Aunque estas medidas unilaterales están supuestamente dirigidas a beneficiar al consumidor, principalmente urbano y en zonas de mayor inestabilidad política, no han hecho más que incrementar la especulación, el desabasto y los contratos alternativos en el mercado negro, precarizando aún más el acceso de los cubanos a los alimentos.
Food Monitor Program advierte que la crisis alimentaria no está aislada de la policrisis que afecta cada estructura socioeconómica en el país, y que sus impactos son interseccionales a cada esfera (dígase migración interna, abasto de agua, acceso a energía limpia para la cocción y preservación de alimentos, entre otros). En este escenario de precariedad alarmantemente prolongada, modificaciones sectoriales o inversiones puntuales no resolverán los problemas que acusan a la población cubana, mucho menos si vienen desde la postura inmovilista, jerárquica y burocrática que ha dominado hasta ahora las políticas agroalimentarias en el país.
[1]Ver al respecto nuestra nota en https://www.foodmonitorprogram.org/columna-del-estimulo-material-al-chantaje-alimentario, así como nuestra entrevista a Dr. Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba entre los años 2012 y 2018: https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-el-mito-de-la-seguridad-alimentaria-en-cuba
[2] https://www.foodmonitorprogram.org/encuesta-de-inseguridad-alimentaria-2024
[3] https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-275-de-2024-de-ministerio-de-la-agricultura