Miles de camagueyanos continúan sin abasto de agua potable, a pesar de los días de intensas lluvias que azotaron a la region oriental a inicios de este mes. Según denunció el periodista independiente José Luis Tan Estrada, los problemas en este sentido no han sido solucionados.

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Las intensas precipitaciones que afectaron la zona más oriental del país, dejaron importantes daños y al menos seis fallecidos. De acuerdo con un reporte del diario independiente 14ymedio, estas “dañaron carreteras y vías ferroviarias; pero, sobre todo, dejaron sin agua a 125 comunidades en las que residen casi 85.000 personas y aún están sin servicio eléctrico cerca de 1.700 clientes. Por último, 4.795 hectáreas sufrieron las inundaciones y se prevé sembrar unas 2.000 de productos de ciclo corto para intentar paliar el desastre”.

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Sin embargo, el discurso triunfalista del Estado cubano trató de ocultar la inefectividad de las autoridades en la evacuación y salvaguarda de los ciudadanos y sus bienes, alegando que al menos, los embalses de la region se habían llenado a un 92% de su capacidad para esta etapa.

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Osvaldo Martínez Torres, subdirector general de Gestión Integrada del Agua del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, destacó que “15 de los 16 territorios del país crecen en sus volúmenes de almacenamiento, aunque los principales se concentran en Camagüey, Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo”.

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Paradójicamente, Camagüey amaneció el 14 de junio sin suministro de agua potable. Y es que la escasez del preciado líquido en la provincia no está directamente relacionada con la sequía, como las autoridades cubanas se empeñan en hacer ver.

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De acuerdo con reportaje de Diario de Cuba, esta situación se debe “sobre todo al funcionamiento de un solo sistema de bombeo, de los cuatro que tributan a la planta potabilizadora de la urbe”. A esto hay que sumarle otros problemas técnicos como la insuficiencia de las válvulas de distribución, que no pueden garantizar el reparto del líquido de manera equitativa, ni el acceso a este para quienes viven en las zonas altas.

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Los vecinos refieren cortes de agua en las distintas zonas y con prolongación, en ocasiones, de varios años. Las respuestas de las autoridades no son concretas y mientras, estos se ven obligados a cargar algunos litros desde zonas lejanas o a pagar a sobreprecio a los choferes de los camiones cisterna.

Esta situación está presente en varias zonas del país. De acuerdo con un artículo de Periodismo de Barrio, ha habido una disminución considerable del volumen de metros cúbicos destinados a la población. Las cifras decrecieron cerca de un 10 por ciento entre 1997 y 2017.

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Además de la sequía, numerosas fallas estructurales persisten ante la inacción de las autoridades, poniendo en riesgo el correcto aprovechamiento del líquido. Las fugas por deterioro en las redes de distribución, por ejemplo, representaban “pérdidas externas de aproximadamente 60%, e intradomiciliarias del 20%”.

“La Estrategia Ambiental Nacional situaba en cerca de un millón de habitantes a las personas que accedían al recurso a través de camiones cisterna; 800.000 la cargaban desde una distancia de 200 o 300 metros; 600.000 no poseían un acceso adecuado, de las cuales 200.000 se encontraban en zonas urbanas y 400.000 en áreas rurales. Asimismo, 3.100.000 se abastecían por otras vías y consumían agua sin tratar”, deja saber el texto.

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De hecho, Food Monitor Program ha podido constatar como parte de su trabajo las dificultades de acceso al interior de las casas, y que se hace extensible a centros de trabajo y estudio.

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En el poblado de Caimito, Artemisa, una residente aseguró a los investigadores que “el agua está llegando con mal olor y mal sabor. Desde entonces hay una ola de diarreas y vómitos. Mi esposo, que da viajes al pueblo en su bicicleta, trae agua potable desde allá en pomos de cinco litros, con eso cocinamos y bebemos”.

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Los persistentes problemas en el abasto de agua, los retrasos en la proyección de medidas para proteger este recurso, unido al ineficiente trabajo para garantizar la presencia del preciado líquido en los hogares, obligan al cubano promedio a buscar alternativas.

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Mientras, el régimen no ha explicado a dónde fueron a parar los presupuestos concedidos para subsanar la crisis de recursos hidráulicos en el país. En 2014, el gobierno de Arabia Saudita ofreció un crédito blando de 40 millones de dólares, concedido para el mejoramiento del sistema hidráulico en Camagüey. El recrudecimiento de la situación casi diez años después da cuenta de que el capital no fue empleado correctamente.

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Con esta nota, Food Monitor Program pretende llamar la atención sobre la precarización del acceso al agua potable en los hogares cubanos, situación que se agudiza en las zonas rurales. Instamos a las autoridades cubanas a abandonar su posición pasiva y trabajar en la búsqueda eficaz de soluciones.