(PMA), perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene una presencia histórica en Cuba. Comenzó su colaboración con el país caribeño en el año 1963 con una operación de emergencia que brindó asistencia a las personas más afectadas por el paso del huracán Flora. Hasta 1985, los proyectos apoyados por el PMA en Cuba fueron monitoreados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la colaboración de un asesor regional, mientras que en 1993 la agencia ganó total autonomía.

 

En el 2015 el PMA y el Gobierno de Cuba, firmaron el Plan de Acción que dio inicio a las operaciones del Primer Programa Estratégico de País que el PMA desarrollaría en Cuba hasta el 2018, con la afirmación de Laura Meno, entonces representante de la organización en el país: “Estamos muy comprometidos en apoyar el Gobierno de Cuba en su proceso de actualización del modelo económico. Con este Programa el PMA puede dar un gran aporte para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del país, que son prioridades de ese proceso.”[1]

 

El actual Programa Estratégico País (PEP) para Cuba (2021-2024), aprobado por la Junta Ejecutiva del PMA, tiene entre sus objetivos declarados, fortalecer la seguridad alimentaria de la nación caribeña. Con un monto superior a los 30 millones de dólares, la asistencia prevé beneficiar a más de cinco millones de cubanos de manera directa e indirecta. Para ello, el PMA trabaja con agencias como Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF); al interior del país tiene como contraparte al Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) y a socios como la Asociación Nacional de Agricultores y Productores (ANAP), el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el Ministerio de Educación Superior (MES) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

 

Análisis del Reporte Anual sobre Cuba

 

El PEP se somete a evaluaciones anuales, que tienen como resultado informes como el Reporte Anual sobre Cuba (2022) del Programa Mundial de Alimentos (PMA).[2]  Al abordar la compleja realidad cubana, sumida en una crisis multisectorial, estos documentos tienden a mostrar matices opacos así como un lenguaje normativo enfocado mayormente en la justificación y la legitimación de las políticas alimentarias en Cuba, aún cuando hasta ahora estas no han sido efectivas sino que han agravado la capacidad adquisitiva de la población. Es por ello que Food Monitor Program considera relevante hacer un análisis del resumen más reciente:

 

1. Relatividad y lenguaje normativo

 

Si bien el PMA reconoce que existen problemas estructurales en la administración económica que comprometen la seguridad alimentaria en Cuba, el informe justifica estas deficiencias a partir de factores como los impactos de la pandemia, los eventos climáticos extremos, el embargo estadounidense, y la disminución del turismo. Esta jerarquización despeja responsabilidades gubernamentales y evita un análisis directo sobre el desinterés del gobierno por buscar soluciones reales y operativas ante la crisis imperante en la isla. Por ejemplo, el informe matiza los problemas en Cuba citándola en el puesto 83 en el Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022, que la ubica por encima de la mayoría de los países de América Latina en referencia a los programas de protección social del país y el acceso universal a los servicios básicos.

 

Sin embargo, según análisis de FMP, en el mismo periodo al que se refiere el informe, medidas económicas como la Tarea Ordenamiento impactaron negativamente en la capacidad de acceso a alimentos, la dolarización de la economía creó un apartheid socioeconómico, la Libreta de Abastecimiento redujo aún más los subsidios; además, disminuyó el valor real de la pensión que reciben grupos vulnerables, y debido a la alta tasa de inflación y a la derivación de muchas de las ventas de alimentos al sistema en Moneda Libremente Convertible el acceso a los productos de la canasta básica se ha hundido.

 

Otros matices importantes son las limitaciones y el incumplimiento de las recomendaciones nutricionales dentro del suministro de alimentos racionados entregados por el gobierno, donde el informe admite que cubre solamente el 36% de la ingesta de energía, el 24% de las recomendaciones diarias de proteínas y el 18% de las grasas. No obstante, se refiere a estos datos de forma desbalanceada. Por ejemplo, confirma la escasez de micronutrientes consumidos, pero lo adjudica en parte a “malos hábitos alimentarios”. Esto es señal de un discurso normativo al uso para trasladar la responsabilidad de la inseguridad alimentaria a los que la sufren “por desconocimiento” o “ignorancia”. Esta práctica ha sido criticada por otros organismos de asistencia al desarrollo ya que la capacitación sobre alimentación sostenible tiene que ir necesariamente de la mano de medios que posibiliten su desarrollo y no circunscribirse a la teoría. Esta tendencia se refuerza cuando el informe celebra que la seguridad alimentaria y la nutrición sean una “prioridad” para el Gobierno, citando la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional cuya redacción queda en principios idílicos sin aterrizaje en la compleja realidad socioeconómica del país.

 

 

​   2. Asistencia como invisibilización de problemas mayores

 

En aspectos específicos, se identificaron discordancias entre lo planteado por el informe y las propias investigaciones de FMP en el terreno. El informe expone diferentes áreas de incidencia como son asistencia antes y después de desastres naturales, asistencia para la igualdad de género en la producción agrícola, asistencia alimentaria a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, así como proyectos locales de alimentación escolar. Aunque se constató la aplicación de programas en el terreno, estos resultaron de mínimo impacto, sumamente localizados y casi experimentales, mientras que su descripción tendió a invisibilizar la magnitud de las carencias a nivel nacional.

 

Por ejemplo, el informe afirma haber fortalecido el programa de alimentación escolar entregando 3.412 toneladas de productos alimenticios a centros educativos, número que duplica la cantidad proporcionada en 2021. Sin embargo, en recientes investigaciones realizadas por FMP se pudo constatar en 4 provincias occidentales del país incluida la capital y por ende, con supuestamente mayor poder adquisitivo, que la alimentación escolar en el último año y medio los comedores estatales en los niveles de pre-escolar y primaria no han logrado garantizar la proteína con sistematicidad, mientras que desde hace más tiempo escasean los lácteos, las frutas y las verduras frescas.

 

Según denuncias recogidas por FMP, la composición de los almuerzos se ha depauperado al punto de que en algunas ocasiones los alumnos han recibido únicamente carbohidratos. El estudio de FMP arrojó también otras irregularidades en la mayoría de los centros analizados, como la escasa higiene en los espacios de elaboración, la ausencia de baños y/o agua potable, la entrega de alimentos no inocuos, y la necesidad por parte de las familias cubanas, de “asegurar” tanto la merienda como la porción proteica de la ración, enviada desde casa y llamada popularmente “el refuerzo”. Esta situación, además de representar una carga económica adicional para las familias, en un sistema alimentario que se publicita como casi gratuito, inocuo y suficiente, muestra una alarmante disparidad entre los niños que pueden llevar consigo el refuerzo y los que no alcanzan a ello. Ambas consecuencias desmienten la narrativa del gobierno cubano que el informe de PMA alaba.

 

El informe asegura haber trabajado durante el 2022 en el proyecto Acción Pro Resiliencia (ProAct), financiado por la Unión Europea. Este fue un programa dirigido a fortalecer la cadena de valor de hortalizas de productores locales, para abastecer de productos frescos a instituciones educativas. En el mismo estudio de FMP, ante la pregunta sobre colaboraciones de este tipo en los colegios del municipio, el 100% de los entrevistados refirió no conocer de la existencia de los mismos. De hecho, la ausencia de estos convenios es tan clara en la mayoría de las instituciones, que sobresalieron las quejas sobre la falta de condimentos, que afecta la calidad de los almuerzos entregados.

 

El mismo informe del PMA reconoce que la participación de las cooperativas agrícolas en los programas públicos fue limitada ya que no se pudo entregar vales de productos básicos a agricultores vinculados a la alimentación escolar por sus cosechas, mientras que las negociaciones con las autoridades gubernamentales para definir el modelo de transferencia comercial estaban pendientes.

 

Otra área del informe fue la asistencia alimentaria a grupos en condiciones de vulnerabilidad como infantes, embarazadas, enfermos y personas mayores de 60 años. En este sentido el programa afirma concentrarse en un mejor estado nutricional y dietas diversificadas para complementar los programas sociales distribuyendo, por ejemplo, cereal de maíz y soja así como leche en polvo a personas viviendo con VIH-SIDA y ancianos, en instituciones del Sistema de Apoyo a la Familia de Cuba. Sin embargo, FMP ha constatado que tras la Tarea Ordenamiento los comedores comunitarios dejaron de ser subsidiados, y el aumento de los precios de las comidas provocaron una caída del 40 de asistentes, en su mayoría ancianos, que aseguraban en estos establecimientos el almuerzo y la cena.[3]

 

Por otra parte, en el mismo periodo, el gobierno suspendió la entrega de leche en polvo, alimento esencial en la dieta médica de personas en condición de vulnerabilidad que recibían este producto mediante la Libreta de Abastecimiento. En encuestas de FMP se confirmó que la mayoría de los ancianos entrevistados dependían de este producto para su nutrición, ya que la capacidad real de la renta por jubilación había bajado considerablemente tras las nuevas medidas económicas.[4] La carencia de leche en polvo también influyó en los desayunos que los centros comunitarios ofertaban.

 

En este sentido el informe de PMA confirma que el programa debió proporcionar, a solicitud del gobierno cubano, la leche en polvo para ser distribuida dentro del programa de protección social a niños de 6 a 23 meses, con el objetivo de palear los niveles de anemia por deficiencia de hierro. Aunque el PMA asegura que las distribuciones de leche fueron consistentes con las pautas dietéticas de la población cubana establecidas en los últimos dos años, cabe esperar que la magnitud del problema es mucho mayor que las estimaciones de estas asistencias localizadas.

 

    3.  Prioridad a la asistencia humanitaria antes que asistencia al          desarrollo

 

La entrega de alimentos básicos para la nutrición de personas vulnerables, a petición del gobierno cubano, no solamente ponen en duda la voluntad real de promover la seguridad y la llamada soberanía alimentaria en el país, también alertan sobre la tendencia a pedir donativos antes que verdadera asistencia técnica. En el informe se identificó un interés mayor por ayudas emergentes que de intervenciones de fortalecimiento de la capacidad comunitaria. Aunque este balance es acorde a la naturaleza de trabajo del PMA, la pasividad del gobierno cubano deja mucho que desear; solamente en productos básicos como arroz, aceite y soja el PMA entregó el pasado año USD 10,7 millones.

 

El propio programa admite no haber logrado mayor impacto debido a “limitadas capacidades logísticas nacionales”. Los niveles generales de gasto se vieron afectados por la escasez de combustible, los largos plazos de entrega de alimentos y en los retrasos en el diseño y aprobación de proyectos por parte de los socios cubanos. Aunque el PMA asegure que parte de su trabajo es fortalecer las cadenas productivas de alimentos, el desinterés y la falta de voluntad materializados en la ausencia de almacenes y transportación adecuada, corrupción local, entre otros, atentan contra ello.

 

A diferencia del presupuesto ejecutado para asistencia alimentaria para 2022, el PMA no pudo ejecutar el 19 % de los recursos para ese periodo en cuanto a asistencia técnica, debido a la demora en la obtención de los permisos de importación y la escasez de combustible, que afectó la movilidad. El recurso del gobierno cubano de utilizar las agencias internacionales para legitimar su discurso sin intenciones reales de acompañamiento y asistencia ha sido alertado por FMP en entrevista con Dr. Theodor Friedrich representante de la FAO en Cuba ( 2012- 2018), quien afirmó:

 

“Otro interés del país en organizaciones internacionales era obviamente la función de portar divisas con proyectos financiados al 100%. Esto explica la alta popularidad por ejemplo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, que en realidad no debería haber estado allí, porque oficialmente no había hambre. Pero el PMA es entre las organizaciones que más dinero traen en base a ayuda humanitaria.[5]

 

    4. Conclusiones triunfalistas

 

Independientemente de la efectividad de los proyectos del PMA, a través del Programa Estratégico de País en Cuba, y del propio reconocimiento por parte del programa, de obstaculizaciones y limitantes en sus aplicaciones, FMP alerta sobre las peligrosas repercusiones y los ejercicios represivos que implican afirmaciones triunfalistas sobre la situación de la inseguridad alimentaria en Cuba.

 

Hasta ahora organismos internacionales como la FAO, el PMA y otros, reproducen el discurso del gobierno cubano en base a los siguientes pilares: [6]

 

 

• Cuba enfrenta adversidades (“bloqueo económico”) y condiciones dentro del mercado internacional  que le son desfavorables y que determinan su capacidad de acción.

• A pesar de ello, Cuba prioriza el derecho a la alimentación y preserva el acceso gratuito y universal a los servicios básicos; también sostiene vastos programas de protección social.

• Se trabaja para aumentar el aporte al total de las necesidades alimentarias de la población, garantizadas mediante significativas importaciones a cargo del Estado cubano.

 

FMP advierte que, en tanto esta aproximación continúe siendo reproducida por los organismos internacionales presentes en Cuba, el derecho a la alimentación será vulnerado y los mecanismos reales para asegurar la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y consumo de los alimentos en el país obstaculizados en provecho de un discurso ideológico con voluntad de preservar el poder en la isla.

 

 

[1] https://es.wfp.org/noticias/el-pma-pone-en-marcha-su-primer-programa-de-pais-para-apoyar-seguridad-alimentaria-en-cuba

[2] https://es.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=CU03&year=2022&_ga=2.3741236.569484374.1680632786-1244613284.1680632786&_gac=1.219601515.1680633209.Cj0KCQjwla-hBhD7ARIsAM9tQKtoEc_ucgDnBDl5_AC4SJ_Ak4M6FPdip2gqvWCMzREkxV95d2uVzYcaAuECEALw_wcB#/24192

[3] De 76175 personas que acudían regularmente a estos comedores, solo 12000 recibían subsidio por el sistema social, por lo que el resto sintió de forma considerable el aumento de precio.

[4] https://www.foodmonitorprogram.org/copy-of-yo-no-tengo-a-nadie-que-me-//

[5] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-el-mito-de-la-seguridad-alimentaria-en-cuba

[6] Estos puntos dentro del discurso exterior oficial han sido resumidos a partir de la intervención del Representante Permanente de Cuba ante los organismos internacionales con sede en Roma, Embajador José Carlos Rodríguez Ruiz, en ocasión de la aprobación del Plan Estratégico Provisional Cuba 2020, del Programa Mundial de Alimentos, en: https://cubaminrex.cu/es/reafirma-cuba-ante-el-pma-compromiso-de-implementar-el-plan-estrategico-provisional-cuba-2020