La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el pasado 9 de septiembre la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, que sustituye los decretos-leyes 125 (1991) y 358 (2018), sobre propiedad, herencia y usufructo. La nueva normativa forma parte de un paquete legislativo más amplio en el sector agrario, destinado a socorrer la depauperada economía de la Isla.

 

En términos generales, son visibles cambios respecto a la normativa anterior. Se unifican en un solo andamiaje pautas referentes a propiedad, posesión, usufructo, transmisión, sucesión, uso y resolución de conflictos sobre la tierra. Sin embargo, los límites históricos fijados por la Primera Reforma Agraria se mantienen rigiendo varios de los parámetros actuales, como el límite a la propiedad privada, la prohibición del arrendamiento, la aparcería y el préstamo hipotecario, limitando la garantía crediticia en el agro.

 

Food Monitor Program advierte que, aunque la nueva legislación agraria abre posibilidades para invertir y sostener las explotaciones familiares, mantiene mecanismos de dependencia frente al Estado que limitan sus beneficios alimentarios. En el contexto de la crisis multifactorial, la presente reforma puede mejorar la alimentación solo si sus medidas vienen acompañadas de condiciones viables, que permitan estabilidad y seguridad a los productores, y que repercutan directamente en el acceso a alimentos de hogares, cuyo poder adquisitivo continúa deteriorándose.

 

¿Qué cambia para quienes trabajan la tierra?

 

• Uno de los cambios es la ampliación del acceso al usufructo a empresas estatales, mipymes, proyectos de desarrollo local y determinados actores extranjeros, con independencia de su objeto social, pero condicionado a la producción específica de alimentos o servicios agropecuarios.

 

• La herencia de tierras privadas también se flexibiliza. La ley suaviza la exigencia anterior de haber trabajado la tierra durante cinco años antes del fallecimiento del propietario. Permite que determinados herederos se comprometan a continuar la producción y se incorporen después, dentro del plazo legal. También permite acordar ante notario la futura transmisión mediante pactos sucesorios y reconoce los cuidados familiares como aporte al funcionamiento de la finca. Pero el Estado conserva un derecho de tanteo, además de controlar cada autorización administrativa mediante la delegación municipal de la Agricultura y la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios.

 

• Otro cambio significativo afecta a tierras de campesinos declarados emigrados, que pueden pasar gratuitamente a familiares, mediante una transferencia previa al Estado. La medida se limita a declaraciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Migración de 2024 y a bienes que no hayan sido confiscados. La ley establece qué familiares tienen prioridad y exige que continúen la producción, salvo las excepciones previstas.

 

• Por su parte, las normas complementarias (Decreto 175/2026) modifican acuerdos anteriores sobre orden cooperativo, recursos genéticos y comercialización agropecuaria, entre otros. Por primera vez se estipula, por ejemplo, el procedimiento para el sacrificio y la comercialización de carne de ganado bovino y equino a manos de los productores directos. También se amplían las posibilidades comerciales de las cooperativas, incluidas operaciones directas de importación y exportación bajo requisitos específicos, así como las vías de venta de los productores y el acuerdo de precios entre las partes –aunque mantienen compromisos de entrega al Estado.