En septiembre de 2021 el gobierno cubano aprobó en la Isla el establecimiento legal de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Con un número inicial de 35, en dos años se han multiplicado a 8 964 y se han extendido a lo largo de toda Cuba. Según datos oficiales, han cubierto el empleo de 260 000 personas en el sector no estatal.

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Las Mipymes fueron creadas inicialmente con el propósito de que produjeran parte de los bienes y servicios que el gobierno ha sido incapaz de ofrecer a la población. Sin embargo, la mayoría se ha dedicado a importar en gran parte productos terminados, en especial comestibles, que vende con un importante recargo de su precio original.

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De tal modo, el gobierno cubano ha desplazado su responsabilidad de garantizar la canasta básica alimentaria a la población y la ha situado en las Mipymes. Así, alimentos básicos como la leche, el arroz, el pollo y el aceite, por ejemplo, han ido perdiendo el subsidio estatal para terminar enfrentando precios que incluso sobrepasan el monto del salario y la jubilación mínima.

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El surgimiento y desarrollo de las Mipymes en Cuba han traído varias contradicciones no solo entre economistas y la población en general. El comportamiento que el propio gobierno mantiene frente a ellas crea un clima de inestabilidad dentro de este sector económico. A finales de 2023 el gobierno anunció que implementaría nuevas medidas para las Mipymes. Entre ellas, el aumento del impuesto a la importación de varios productos terminados y el tope de precios a algunos alimentos como el pollo.

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Entre los meses de septiembre y diciembre Food Monitor Program realizó una encuesta focal para recabar información sobre la relación comercial entre las Mipymes y la población, así como la percepción de los cubanos ante el desabastecimiento.