¿Qué pasó con el búfalo en Cuba?
12 de noviembre de 2026
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ace unos meses un reportaje del Noticiero Nacional de
Televisión volvió a presentar al búfalo de agua como una promesa para elevar las entregas de carne y leche a la industria alimentaria que abastece a la población. No es la primera vez que la narrativa oficialista difunde declaraciones como esta. La especie fue introducida en Cuba en 1983 con el propósito de aprovechar terrenos poco aptos para el ganado vacuno y obtener proteínas con menores exigencias de insumos. Desde entonces, su rusticidad, capacidad reproductiva y adaptación al clima han sido resaltadas de manera periódica por las instancias gubernamentales que manejan este tipo de ganadería. Sin embargo, más de cuarenta años después, la discusión oficial continúa concentrada en el potencial y no en un balance nacional de resultados. Entonces, ¿qué ocurrió con un programa sostenido durante décadas mediante empresas, tierras y recursos públicos asignados de manera unilateral por parte de la administración central del Estado?
Las cifras explican el interés inicial despertado por la propaganda oficial, pero a la vez pone al descubierto el vacío informativo. Cuba había recibido 2 984 ejemplares entre búfalos de río y de pantano. El rebaño llegó a 63 050 cabezas en 2009, después de una expansión que se atribuyó a la adaptación de la especie y a sus buenos indicadores reproductivos. Al cierre de 2020, no obstante, la masa se había reducido a 54 100 animales, un 91 % de estos animales permanecía bajo propiedad estatal. Al respecto se señalaron problemas de infraestructura, alimentación, manejo y control, además de rebaños que adquirieron un carácter semisalvaje en zonas donde su presencia ocasionó daños y riesgos sanitarios. Aún así, Food Monitor Program ha registrado que desde enero de 2021, la carne, la leche y los derivados se han comercializado en distintos mercados, tanto físicos como online.
Los reportes provinciales posteriores muestran actividad, pero no permiten reconstruir el programa como un sistema nacional. Las Tunas terminó el año 2023 con 2 128 animales, 400 menos que el año anterior, aunque informó 71,6 toneladas de carne entregadas a la industria y 60 451 litros de leche. En Granma, la prensa estatal reportó una recuperación del rebaño y recordó que en 2022 se habían producido más de 200 toneladas de carne. Entre los destinos mencionados estaban la industria cárnica, los polos turísticos mediante comercialización en divisas y ventas autorizadas a entidades de la Agricultura y Azcuba; la leche se destinaba a pequeñas industrias de queso y yogur. Todos resultados puntuales de difícil verificación por grupos independientes.
Ciego de Ávila expone más sobre el programa con grandes asimetrías nacionales. En 2016, autoridades locales admitieron que el 85 % de la masa bufalina de la provincia vagaba fuera de control por varios municipios. Durante 2022 solo fueron capturados 365 ejemplares, a un ritmo inferior al de reproducción de los animales dispersos. Estos datos apuntan a una muy pobre gestión de las empresas estatales y las unidades de base que no supieron administrar adecuadamente los recursos provistos a cuenta del erario público. En consonancia con observaciones que se han realizado en unidades productivas ganaderas similares, se sabe que existe un déficit generalizado de cercas, alimentos, herramientas, atención veterinaria, medicamentos, disciplina de manejo y mecanismos estables para cerrar el ciclo productivo. Incluso la prensa oficial ha documentado esas fallas, aunque las presentaciones nacionales suelen volver a la promesa tecnológica sin evaluar sus costos acumulados. Tampoco se habla de la necesidad de fiscalización independiente y la falta de incentivos económicos de los trabajadores.
La falta de trazabilidad es una de las aristas más importantes del problema. La revisión de fuentes para esta columna no localizó una serie nacional posterior a 2020 que informe cuántos búfalos quedan o en qué estado de producción, qué empresas reciben los productos, a qué precios se transfieren o qué proporción llega a la población. Tampoco aparecen reportes recientes y verificables sobre entregas regulares a escuelas, hospitales o mercados minoristas. En 2024, el propio presidente del Grupo Empresarial Ganadero reconoció que los registros pecuarios habían perdido claridad y que debían actualizarse para identificar y seguir los animales. Dos años después, la promoción del programa, como otro “logro” de la empresa socialista, volvió antes que su balance público o que la presencia tangible de sus derivados en las mesas cubanas.
La opacidad también impide valorar prioridades. Si una parte de la producción se orienta a la industria, al turismo o a circuitos institucionales, es necesario conocer el criterio de distribución y el retorno de esos ingresos al propio programa. Si existen pérdidas por animales descontrolados, carencias de medicamentos o disminuciones provinciales, deben publicarse en la misma rendición de cuentas.
La exigencia de transparencia es más urgente en la crisis alimentaria actual. Food Monitor Program ha advertido en múltiples ocasiones que la dieta media de los hogares cubanos es insuficiente en energía y carece de cantidad, calidad y diversidad adecuadas, dentro de un contexto de alta inflación, pérdida de poder adquisitivo y crecientes restricciones de recursos.
Ante ese escenario, la producción bufalina no debería permanecer como una sucesión de reportajes locales blanqueados por el control informativo oficialista ni como una promesa renovada cada pocos años para mostrar “logros” que no se pueden comprobar. Un balance verificable tendría que informar el tamaño y estado del rebaño, los costos públicos, los volúmenes obtenidos y sus destinos. Más importante aún, luego de cuatro décadas debería verse el producto derivado de la ganadería bufalina en mercados normados o liberados y programas sociales, cosa que en la práctica no ocurre ni con este ni con otro producto de los tantos mistificados por un potencial productivo que los cubanos nunca llegaron a ver.