La asignación de alimentos como mecanismo de contención social
10 de noviembre de 2022
que atraviesa el país, a nivel local se han implementado una serie de medidas de carácter especial, que comprenden la micro asignación de recursos como mecanismo de control y contención del descontento social.
Recordemos que la falta de incentivos, la inseguridad jurídica y particularmente, la escasez de materias primas e insumos para la elaboración de alimentos ha afectado en mayor cuantía a la red de cuentapropistas de la rama gastronómica, al punto de que la mayoría de los negocios particulares hacia el interior de las comunidades se han visto obligados a cerrar temporal o definitivamente. Por tanto, han disminuido considerablemente las ofertas gastronómicas en Consejos Populares donde no existen muchas opciones para la adquisición de alimentos, mientras los vendedores ambulantes han triplicado el precio de los pocos productos que pueden ofrecer debido a las consecuencias de la inflación y la carestía.
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nte la compleja situación alimentaria y sociopolítica que
Ante la posibilidad de otro estallido social, la respuesta gubernamental ha sido la asignación quirúrgica de los recursos alimenticios disponibles, en aquellos lugares con un historial de “desobediencia civil” que son propensos a realizar protestas antigubernamentales o generar disturbios producto del descontento y la frustración ciudadana. Las comunidades más “problemáticas” son “beneficiarias” de esta política preventiva de distribución diferenciada de alimentos en lo que constituye, no solo un acto de redistribución administrativa sino también una especie de maniobra propagandística manejada cuidadosamente por las autoridades municipales y provinciales.
Los productos que suelen ofertarse en estos lugares con relativa frecuencia (fines de semana mayormente) son: yogurt, picadillo, pollo, mortadela, perros calientes, algunos productos del agro y huevos. Estos productos se venden a precios relativamente asequibles y en una cuantía moderada, a veces se otorgan turnos para evitar aglomeraciones y se van distribuyendo por núcleo (unidad administrativa comprendida en la cartilla de racionamiento, equivalente a una familia).
En la planificación de este sistema de asignación participan autoridades administrativas, entidades productoras locales, unidades de comercio y gastronomía y algunos pocos escogidos productores particulares que poseen contratos especiales con el Estado y suministran productos del agro y algunos derivados agropecuarios según el caso.
Los ciudadanos de estas comunidades perciben estas asignaciones como “muy beneficiosas” para su sustento familiar, y generalmente comprenden la naturaleza política de este sistema de gestión diferenciado, pero como algunos nos han comentado “hay que aprovechar lo que aparezca”. Si bien, en todos los casos es cierto que estas comunidades también son las menos favorecidas en cuanto al poder adquisitivo y la disponibilidad de recursos económicos familiares para sustentarse adecuadamente, es evidente que la medida responde más a motivaciones políticas que a una lógica de mercado o a algún tipo de planificación económica territorial. Una de las formas que tenemos para confirmar esta certeza es que el Estado ha puesto especial énfasis en la distribución de alimentos en estos lugares en fechas significativas o en la víspera de eventos políticos importantes para el territorio, tales como visitas de autoridades gubernamentales estatales, celebraciones, eventos políticos o momentos delicados a nivel nacional, producto del descontento social y la crisis económica.
La práctica de utilizar la alimentación como un mecanismo de contención social no es nueva en el sistema cubano pero dada la actual situación de carestía por la que atraviesa la ciudadanía, la inflación y la falta de perspectivas de mejora a corto o medio plazo, este mecanismo constituye una maniobra de supervivencia que en realidad contribuye a prolongar en el tiempo la crisis estructural de la cual el colectivismo no podrá salir ileso.
Hacia dentro de las comunidades marginalizadas, el problema del hambre es tangible en las calles y los pocos establecimientos gastronómicos que permanecen abiertos solo tienen en oferta productos de poca demanda que la población no consume. Se desconoce si este programa de micro asignación habrá llegado para quedarse o se trata solo de una medida temporal dado lo complejo de la situación en estos momentos. Aunque no se puede aludir a la “complicidad” de la población con este tipo de medidas, puesto que en realidad muchos sí necesitan de estas asignaciones para pasar el mes, creo que es pertinente decir que los consumidores seguirán participando de estas estrategias coordinadas administrativamente de manera predecible mientras no cuenten con otras fuentes estables de suministros que contribuyan a cubrir sus demandas alimenticias. La incertidumbre económica es también un mecanismo de coerción psicológica y política, mientras el consumidor-ciudadano permanezca en estado de indefensión jurídica y social, muy poco podrá hacer para cambiar esta realidad.
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