derecho a la vida se asocia directamente con otros dos que son el derecho a la alimentación y el derecho a la salud y el bienestar. En sistemas autoritarios y totalitarios, donde los instrumentos internacionales en materia de DD.HH. dejan de ser ratificados, son violados sistemáticamente o son letra muerta, poco se puede esperar en función de respetar la dignidad y primacía de la persona humana. El tema de la soberanía y seguridad alimentaria, por su parte, no deja de estar bajo la lupa de los observadores que monitorean la calidad de vida a través de estos indicadores fundamentales.

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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) todo ser humano tiene el derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho a no padecer hambre. Además de la DUDH, en su artículo 25, velan por este particular el artículo 11 y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11. Estos instrumentos incluyen no solo medición cualitativa, en la que son expertos algunos países (sobre todo cuando la ideología se antepone a la persona) sino que necesitan para su evaluación periódica y eficaz indicadores cuantitativos, dando así certeza de la existencia de pobreza y hambre en nuestros países.

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Por su parte, la Constitución de la República de Cuba de 2019, establece en su artículo 77 que “Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población”, y en el artículo 78 dice que “Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información precisa y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley”. En la Carta Magna está muy claro, el problema es traducir esta parte orgánica en un plato de comida para llevar a la mesa de cada cubano.

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Uno de los más recientes “logros” que enarbola el partido y gobierno cubanos es la puesta en vigor, el 28 de octubre del presente año, de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN). Como parte del marco jurídico complementario a la Constitución de 2019 surge esta ley que define los conceptos al respecto, que no quedan nada claros en el día a día del cubano de a pie. Hablar de soberanía y seguridad alimentaria en Cuba, de descentralización en cuanto a la alimentación, y de creación de capacidades y estrategias sostenibles referidas a la nutrición sigue siendo un plan que, más allá del papel, necesita aterrizaje a las realidades locales, inserción como línea prioritaria en los planes económicos de la nación y, sobre todo, traducción en acciones concretas que constate la ciudadanía. Los “novedosos” conceptos como la regulación del desperdicio, las pérdidas alimentarias en la cadena agroalimentaria, la economía circular o la multidisciplinariedad que integra también a la alimentación con la educación y la formación en valores, también deberían ser parte de la educación ciudadana.

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Cuba, en su atipicidad, y producto de un sistema de gobierno que ha cosificado a la persona humana, ha creado un “hombre nuevo” aparentemente apolítico, pero ciertamente analfabeto en materia de derechos y civismo. Nos han hecho creer que hablar de DD.HH. es “malo”, que la causa de la escasez y del desabastecimiento generalizado es el acaparamiento o los intermediarios, que la Isla carece de algunos recursos como la sal común, o que los índices de pobreza global no nos incluyen en estado crítico porque nuestro PIB crece. Las estadísticas nacionales pasan por el filtro ideológico y contemplan variables para su determinación que en ocasiones solo aplican para el caso cubano.

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Hablarle a un ciudadano cubano de que la seguridad alimentaria es la condición a la que se llega cuando toda persona accede a una dieta basada en alimentos nutritivos y sanos capaces de satisfacer no solo sus necesidades alimenticias, sino sus gustos, puede resultar muy polémico. Seguridad alimentaria tiene que ver también con poder adquisitivo, costos y disponibilidad de los productos, variedad en la oferta, accesibilidad a dietas saludables: factores que escapan de la responsabilidad personal, independientemente de los deseos de alimentarse bien y de forma segura. En esto también estamos tarde.

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En Cuba, como en otros países de América Latina y el mundo, las cuestiones de soberanía y seguridad alimentaria se encuentran afectadas por una diversidad de factores coadyuvantes a la situación de crisis. Pero no debemos olvidar que, una cosa es el problema global o regional, y otra es el problema local, donde existe un modelo económico, político y social disfuncional, incapaz de producir, de liberar las fuerzas productivas, de abrirse a una verdadera inversión extranjera comenzando por los cubanos que residen en el exterior con capital y ganas de participar en la reconstrucción de su país.

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Tanto el gobierno como la sociedad civil deben tener claro que el binomio en cuestión (soberanía-seguridad) pasa primero por un tamiz político que, más allá de las desigualdades económicas y sociales y las poblaciones vulnerables, debe devolverle al consumidor la capacidad de decisión y el control de lo que lleva a su mesa para comer. Las políticas públicas desde la localidad hasta el nivel nacional deben estar pensadas bajo la óptica de que quienes producen y quienes consumen los alimentos son personas y deben estar colocadas en el centro de dichas políticas. Otra cosa es que, como la soberanía tiene un enfoque basado en los derechos, y permite a los ciudadanos defenderse ante las consecuencias del hambre, da poder e instruye en el ejercicio de la participación ciudadana, la adopción de decisiones y, fundamentalmente, la visión de que la inseguridad alimentaria, la pobreza y males relacionados; tiene un carácter estructural, esencialmente político. El acceso a una alimentación segura, sana, nutritiva y de calidad es también una cuestión ética.

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No se produce más con menos. No se producen alimentos por generación espontánea. No se puede culpar de la crisis solo a los enemigos externos. No se puede responsabilizar a la víctima que sufre la consecuencia de la mala praxis, de la estrategia fallida y de la incapacidad de gestión. Y no se puede vivir todo el tiempo aprobando leyes ni decretos que no se traduzcan en políticas públicas al servicio de la persona humana.

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La ley por sí misma no producirá los alimentos necesarios. Faltan propuestas concretas, verdadera voluntad de cambio de la situación actual y pensar en la persona que ha quedado relegada no solo en la política, sino en la alimentación que también es, a fin de cuentas, una responsabilidad política.