Corrupción en el sistema estatal de panaderías, otro fracaso del modelo colectivista
31 de enero de 2022
canasta básica en la alimentación de los cubanos, de hecho, ha sido objeto de un prolongado subsidio por parte del Estado desde hace varias décadas. Para las familias de bajos ingresos económicos es un recurso indispensable sobre todo para el desayuno, que tradicionalmente utiliza el pan como alimento indispensable. Sin embargo, desde que la pandemia provocada por el Covid-19 impactó a la sociedad cubana en el 2020, las irregularidades en el abastecimiento del pan se hicieron cotidianas, llegando a disminuir considerablemente la disponibilidad de este alimento y su calidad de venta.
En Cuba, las panaderías estatales tienen la obligación de cubrir la cuota familiar que está establecida en la cartilla de racionamiento. Esta varía según el territorio, pero generalmente consistente en un cuarto de barra por persona diario. Aunque ha existido cierta estabilidad en esa oferta racionada, la calidad del producto ha disminuido considerablemente y eso se debe a las carencias de materias primas para elaborar el pan y a los incontables casos de malversación, que han sido sistemáticamente denunciados por la población sin que se logre cambiar la situación para beneficio del consumidor.
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l pan normado es uno de los productos fundamentales de la
En años anteriores en estas mismas panaderías se ofertaba pan “liberado”, o sea, no regulado por la cartilla de racionamiento, a precios razonables que la población podía costear con más o menos holgura. Esta venta de pan liberado en estos momentos solo se lleva a cabo de manera muy limitada en algunas panaderías y por supuesto, satisface solo a una pequeña fracción de la demanda. Las colas para acceder a este pan se hacen desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer, aun así hay limitaciones en la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona. En algunos casos la calidad es relativamente aceptable, pero en otros el producto se vende en muy mal estado.
Como mencionábamos anteriormente, la mala administración de los recursos públicos, utilizados para la elaboración del pan normado, es un problema que desde hace muchos años aqueja la red de abastecimiento, pero ante la grave crisis alimenticia que se vive en la actualidad, esta situación genera un daño considerable en la capacidad de autosuficiencia alimentaria de las familias, especialmente de aquellas con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad.
Según las fuentes consultadas, los precios actuales de venta ilegal en el mercado negro, de los productos utilizados en la elaboración del pan son los siguientes:
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Saco de harina de trigo: 5 mil pesos. (Por cantidad a 4 mil 500 pesos)
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Litro de aceite de girasol: 900 pesos
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1Kg de sal: 50 pesos
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1 Saco de azúcar cruda: 4 mil pesos
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1 Saco de azúcar blanca: 6 mil pesos
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1 Kg de levadura: 600 pesos
Estos productos abastecen en parte a los negocios particulares que de otra forma no podrían funcionar, puesto que no cuentan con un sistema de abastecimiento mayorista donde adquirir estos insumos, para elaborar sobre todo pizzas y dulces caseros, que luego se venden en cafeterías y restaurantes particulares.
La falta de control en las panaderías estatales, donde se puede observar flujo de personal no autorizado en el área de elaboración y trasiego de materiales en horarios de descanso laboral, afecta principalmente al consumidor, quien se encuentra desprotegido ante tales prácticas de corrupción y desvío de recursos. La principal responsabilidad recae en el Estado que mantiene un fuerte monopolio sobre la importación y exportación en el país, impidiendo el libre flujo de mercancías y coartando por tanto la capacidad de respuesta del mercado interno ante las crecientes demandas de la población.
Las evidencias del fracaso del modelo colectivista son cada día más visibles en una sociedad en crisis, que no ha sabido responder adecuadamente a los retos económicos contemporáneos. Las deficiencias nutricionales y alimentarias en general, que se han agravado en los últimos años, cobrarán un alto saldo en la salud de los cubanos y de sus nuevas generaciones. El escenario es desalentador y no aparecen en el horizonte nuevas “medidas” que puedan contribuir a la mejora de esta situación, o a enfrentar eficazmente los complejos desafíos socio-económicos en la Cuba actual.
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