Agravada en algunos lugares donde llega a ser pésima, sobre todo por el paso del huracán Ian y la gestión local, como es el caso de la provincia de Pinar del Río.

​

Debido al éxodo que ha sufrido el país, incrementado durante el año que termina, el gobierno ha dispuesto algunas medidas de control para las personas que dejan el país, fundamentalmente para los que siguen la denominada “ruta de los volcanes” . Un caso relevante es la decisión oficial de dar de baja de la llamada Libreta de Abastecimiento al miembro de la familia que emigra. Esta libreta es más conocida en Cuba como “Libreta de Racionamiento”, de la que muchas veces fue anunciada su eliminación y ahí continúa, y aunque diga que el consumidor será dado de baja a los tres meses de abandonar el país, las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos, más conocidas como OFICODA, pueden aplicar excepcionalmente la medida de “baja” por “salida del país” en un período de 30 días.

​

Aunque las Oficinas del Registro de Consumidores (ORC) establezcan que “todo consumidor que salga del país por un periodo mayor de tres meses, por motivos laborales o personales debe acudir a la ORC correspondiente a solicitar su baja antes de viajar” la ley se cumple arbitrariamente para unos y otros. Hay quienes llevan más de tres meses y continúan recibiendo los “mandados” en su bodega, hay quienes residen en el exterior y todavía no han sido dados de baja, y hay quien hasta falleció y todavía permanece anotado en algunas listas. Pero, hay otro grupo de personas en Cuba, para las cuales se aplica estrictamente la ley e incluso de forma extrema.

​

Tal es el caso de una persona que salió del país por cuestiones de estudios y al regresar, justo cuando fue al día siguiente a la panadería a comprar el pan diario, se encontró con que estaba dado de baja del registro de consumidores por salida del país. Al dirigirse a la bodega que le corresponde le entregaron un documento llamado: “Modelo de Riguroso Control”, MOD. 6/05 que establece el movimiento de altas y bajas de los consumidores, en este caso la baja por “Salida del País”. En este caso, se trata de una persona que viaja con relativa frecuencia, al menos hace cinco años por cuestiones de estudios, pero siempre regresa. En esta ocasión permaneció en el exterior más de 30 días y menos de 90, sin embargo, el mencionado modelo reflejaba que la baja fue ejecutada solo dos días después que pasaron los 30 “establecidos” posterior a la salida actual.

​

Al presentarse en OFICODA, las funcionarias alegaron que “no es un asunto de ellas ni de su oficina sino que, debido a la situación migratoria actual, aunque la Libreta de Abastecimiento diga tres meses, está “estipulado” que al mes de la salida del país del consumidor ya es baja automática”. La oficina de OFICODA argumenta que “no es un asunto suyo, sino de la Dirección de Inmigración que envía un listado actualizado desde La Habana”. Luego de estas justificaciones procedieron a darle de alta en el Registro de Consumidores y se solucionó el problema, no sin antes pasar por la incomodidad de explicar los derechos de cada ciudadano a salir y entrar a su país de origen, según el cumplimiento de las propias leyes migratorias nacionales.

​

Existen ciudadanos que justifican este tipo de medidas porque consideran que no es justo que los “mandados” (refiriéndose a las escasas cuotas de granos, azúcar, aceite y otros pocos productos) le sean entregados a una persona que no está en Cuba. Al parecer imaginan que quitándoselos a los que no están, tocarían más a los que están. Ese análisis no es real. El gobierno continúa entregando la misma “cuota” y a veces menos, nunca es más. La crisis no es causa de esos “mandados” que se entregan a ciudadanos emigrados o ausentes temporalmente. El desabastecimiento no lo provoca ese escape de cubanos por el mundo que podrían seguir recibiendo los productos racionados. Es un problema del modelo económico y político. Es un problema estructural.

​

Por si no fuera suficiente este incidente de “baja por salida del país”, la misma persona fue citada de “rutina” a las oficinas de inmigración por la Seguridad del Estado. Ante la pregunta de ¿cómo ha visto el país a su regreso? salió el tema del hambre en Cuba. Los oficiales argumentaron que “en Cuba no hay hambre”, que eso son campañas difamatorias del enemigo.

​

Hay hambre en Cuba, ciertamente. Si no, que se lo pregunten a una madre de familia que tiene que comprar un MLC a más de 170 pesos cubanos para poder adquirir una gelatina, un yogurt o una confitura para sus hijos. O que se lo pregunten a una persona de la tercera edad que tiene que vivir de su jubilación, sin familiares en el exterior que le envíen remesas y que no conoce ni qué es un MLC (moneda libremente convertible).

​

Esa pregunta fue motivo de bastante debate. La respuesta del interrogado no era considerada políticamente correcta. Sin embargo, a pesar de que los oficiales nombraron responsables de decir semejante “mentira” del hambre al famoso enemigo externo, el presidente de la República de Cuba, dijo lo contrario el martes 13 de diciembre, en el Pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, debatiendo el plan de la economía para 2023. Díaz Canel habló de la ineficacia en la producción de alimentos en el país y expresó que podía parecer chiste, pero no lo era: “El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, a la que se refirió el Ministro de la industria alimentaria y no hay pescado”.

​

Entonces ¿es incierto lo del hambre en Cuba? ¿Si lo reconoce Díaz Canel es verdad? ¿Si lo reconoce el soberano, que es el pueblo, responde a campañas del enemigo del Norte?

​

En la alimentación sucede como en muchas facetas de la vida en Cuba, todo pasa por un filtro ideológico. En Cuba parecemos comer, también, con ideología.