El Sistema de Atención a la Familia (SAF), surgido en 1998, es el programa principal dirigido a complementar la alimentación de la población de bajos ingresos en Cuba. Funciona a través de una red de comedores que pretende garantizar, a precios razonables, los requerimientos nutricionales de este segmento poblacional. El SAF, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado en cuanto a su alcance y calidad, especialmente después de la Tarea Ordenamiento (TO), cuya implementación ha recibido un importante rechazo por parte de la ciudadanía. De hecho, las autoridades han debido reconocer públicamente que, en el proceso de implantación del ordenamiento monetario, se han producido “desviaciones de la política aprobada y cosas que no se hicieron bien” (Mesa Redonda, 2021).

​

Según cifras oficiales de enero de 2021, el SAF contaba con una red de 1 445 comedores que ofrecen comida elaborada a precios subsidiados a 76 mil 175 personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mayores de 60 años (Granma, 2021). Adicionalmente, cuenta con la modalidad de servicio de comida para llevar y de servicio a domicilio. Sin embargo, no existen datos sobre la cobertura y funcionamiento de ambas modalidades. Sabemos que el servicio a domicilio está restringido a la existencia de “las condiciones que lo permitan”, pero no cómo y quiénes las definen, con qué criterios y procedimientos.

​

En el último mes se ha conocido la denuncia realizada por Paula Lobón, quien cuenta la historia de un adulto mayor de 88 años, quien vive solo y camina más de 20 cuadras, dos veces al día para almorzar y cenar, ya que no puede reclamar las dos cuotas juntas. Por otro lado, su jubilación es de 1500 pesos, de la cual pagó 35 pesos en un día entre almuerzo y comida, lo que significa un promedio mensual de 1050 pesos, haciendo insostenibles otros gastos necesarios para su subsistencia mensual. Este caso refleja la situación de muchas personas mayores en el país, quienes tienen que desplazarse cada día para conseguir alimentos a pesar de las diferentes limitaciones que puedan tener, negando el derecho un sistema integral que provea la seguridad alimentaria y nutricional bajo condiciones dignas. 

​

Esto se ha traducido en que muchas personas mayores dejen de usar dicho servicio debido a sus altos costos, tanto económicos como de desplazamiento. Antes de la (TO), el precio del almuerzo y la comida del SAF estaba sobre una media de 1 CUP cada uno y los servicios eran subsidiados para el 100 % de sus beneficiarios. Con posterioridad a enero de 2021, los precios aumentaron, situándose entre 8.00 y 13.00 CUP y solo quedaron subsidiados para el 15.9%, a través de la Asistencia Social. (El Toque, 4 de agosto de 2021). La propia prensa oficialista reconoció una disminución de los censados que concurren a los comedores (Granma, 2021). Ante las restricciones de acceso a la oferta estatal, las personas mayores acuden a los servicios de comedores que organizaciones religiosas y grupos de la sociedad civil están ofreciendo, especialmente a este grupo. Sin embargo, la escasez de alimentos, la inflación y las dificultades con la gestión de las donaciones también están teniendo un impacto negativo en estos servicios. 

​

Otro de los casos que evidencia la crítica situación, es la denuncia pública realizada por la reconocida periodista Ángela Julia Osendi Díaz. Su testimonio se centra en la grave situación que enfrentan las personas en Cuba debido a la escasez de alimentos, medicinas y recursos básicos, así como la falta de atención médica adecuada en los hospitales. Julia se muestra cansada y triste por haber perdido la vida creyendo en una falacia que denomina “maquiavélica y atroz”. Destaca cómo la esperanza que existía en el pasado en la isla se ha desvanecido y cómo la realidad actual muestra un país en el que el régimen parece querer que su pueblo no coma, mientras que ellos mismos cada día están más gordos y sonrosados.

​

Tal como alertamos en días anteriores, la crisis alimentaria en Cuba y la falta de acceso a productos de la canasta básica, como frijoles, café, chícharos y aceite, se ha acentuado debido a la escasez de combustible y problemas de transporte interno. La distribución de alimentos ha sido desigual y se han eliminado productos de la libreta de abastecimiento, como el pollo, debido a la falta de importación y negociaciones con productores estadounidenses. Además, la situación se agrava por la subida de precios de los productos importados y la limitación de acceso a alimentos para las personas mayores y vulnerables. La falta de medidas efectivas por parte del Estado y la priorización de gastos en turismo, en lugar de lo social se están convirtiendo en un problema cada vez más crítico. 

​

Con esta nota alertamos sobre el impacto en la salud nutricional que tendrán estos nuevos recortes en la alimentación, especialmente sobre la población mayor de 60 años, que ya está siendo afectada por la crisis de seguridad alimentaria existente en la isla. Recordemos que el Artículo 12 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores promueve que la persona mayor tiene derecho a seguridad alimentaria y nutricional, un sistema integral de cuidados, cobertura de servicios sociales, así como a la protección y promoción de la salud en vistas de poder mantener su independencia y autonomía.

​

Es urgente que el Estado tome medidas que garanticen la alimentación adecuada y balanceada a este grupo poblacional, haciendo que el SAF cumpla con las necesidades de la población a quienes buscan beneficiar, y, buscando alternativas para garantizar los insumos básicos de la canasta básica, así como regularidad en su entrega. La seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables debe ser una prioridad.