Nota de prensa N° 42- Food Monitor Program
Alerta sobre el impacto de las medidas por emergencia energética en la agroindustria y la seguridad alimentaria
La Habana, 8 de febrero de 2026
En la primera semana de febrero de 2026, ante el desabasto de combustible tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que declara a Cuba como país enemigo, el gobierno cubano anunció un plan de medidas aún más restrictivas que ya comenzaron a implementarse.
Entre las medidas, se listan:
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paralizar temporalmente la venta de combustible en la cadena de servicentros dolarizada;
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priorizar el sector turístico;
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ejecutar reubicaciones laborales, pudiendo quedar interrupto el trabajador, con solo un mes de salario garantizado;
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aplicar una reducción y cierre del transporte público local e interprovincial;
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potenciar las producciones locales de alimentos;
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priorizar los cultivos de ciclo corto;
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fortalecer la agricultura urbana y suburbana;
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usar fuentes renovables de energía para los riegos; y
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formar alianzas con las formas no estatales para la comercialización de alimentos a precios más asequibles.
Centradas en la disminución drástica de energía y combustibles, estas medidas impactan de forma transversal la cadena de valor agroindustrial y exacerban la inseguridad alimentaria en el país. El nexo energía-alimentos evidencia que la Isla ha entrado en una fase de retroalimentación negativa que amenaza con una crisis nutricional a escala nacional.


Actualmente, la seguridad alimentaria depende de una infraestructura energética completamente disfuncional en Cuba. El anuncio gubernamental de un “Plan de Contingencia Energética de Emergencia” incluye la desconexión de circuitos industriales no vitales y la reducción de 60% en la asignación de diésel para el sector agropecuario. Ello representa una medida de economía de guerra en un país que ya enfrentaba una inflación alimentaria superior a 200% anual; también habla del súbito incremento en la inseguridad alimentaria que experimentará el pueblo respecto al deterioro ya registrado por FMP. Al respecto, FMP analiza varios aspectos a tener en cuenta:
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El nexo energía-agroindustria permanece bajo un diseño productivo inoperante: En el caso del riego y el bombeo, por ejemplo, 65% de las áreas destinadas a cultivos estratégicos como la papa, el arroz y las hortalizas dependen de sistemas eléctricos, según datos de la última campaña agrícola. Sin embargo, las medidas de restricción anunciadas esta semana limitan el fluido eléctrico en zonas rurales, lo que debe provocar una caída estimada de 40% en los rendimientos de los cultivos de ciclo corto, ya que el estrés hídrico en etapas críticas de floración es irreversible.
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La reducción del cupo de diésel para la maquinaria agrícola ha paralizado cerca de 70% de los tractores destinados a la preparación de tierra para la campaña de primavera. Como resultado, la cosecha de mayo y junio será inexistente sin la preparación de los suelos en febrero. Los datos del Ministerio de la Agricultura (MINAG) sugieren que la capacidad de roturación de tierras ha caído de 15 000 hectáreas semanales en 2024 a menos de 3 000 en la primera semana de febrero de 2026.
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El ámbito agroindustrial resulta aún más vulnerable, siendo el colapso de la cadena de frío uno de los aspectos más alarmantes derivados de las actuales medidas. Las plantas pasteurizadoras y los combinados cárnicos han sido incluidos en el “Plan de Contingencia” recibiendo energía pocas horas al día. Datos preliminares indican que una cuarta parte de la leche acopiada en la provincia de Camagüey se ha perdido recientemente por falta de refrigeración inmediata. Entretanto, en el sector cárnico, el uso de grupos electrógenos ha disparado los costos de producción, con precios de combustible equivalente a 1 000 CUP por litro en el mercado informal, recurso que ya empieza a escasear.
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Aunque las autoridades han hablado de generación de energía mediante biogás, la industria azucarera ha decaído tanto en los últimos años, que es incapaz de generar la suficiente biomasa para desvincular la dependencia energética cubana de los combustibles fósiles. Apenas siguen activos unos 12 centrales de los poco más de 50 que mantenía hace una década; de estos solo participaron 6 en la zafra 2024-2025. Ahora, las medidas de ahorro energético obligan a una detención de las moliedas en horarios pico, lo que genera una merma en el rendimiento de sacarosa debido al tiempo perdido y a la fermentación de la caña cortada en los centros de acopio.
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El sistema de Acopio —ente estatal de recolección y distribución— no puede operar en lo absoluto. Sin diésel asignado, la flota de camiones solo puede cubrir 20% de las rutas de recogida de viandas en las provincias de Artemisa y Mayabeque, las principales abastecedoras de la capital. Por tanto, mientras los alimentos se pudren en los campos por falta de transporte, los mercados urbanos están desabastecidos. Datos de observatorios independientes indican que el desperdicio de productos agrícolas en origen pudiera tener un aumento de 35%. Por otra parte, la restricción de combustible a los particulares y su total dolarización, así como la casi paralización del transporte urbano e interprovincial, no solo incrementa el precio final de los productos al subir los costos de la cadena de transportación. Crea una situación de inestabilidad en el abasto y un estrés adicional en la población debido a la obligada inmovilidad o al estrechamiento del círculo de búsqueda de alimentos y precios más accesibles.


Desde un punto de vista de la seguridad alimentaria, el impacto negativo de las medidas energéticas alcanza de inmediato sus cuatro pilares: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.
Cuba importa más del 80% de los alimentos que consume, por lo que la crisis energética afecta los puertos. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, declaró que con el petróleo disponible solo se garantizará la extracción de cargas priorizadas en la zona portuaria. Sin embargo, la descarga de buques graneleros se ha ralentizado 50% esta semana debido a la falta de energía para los silos y las cintas transportadoras, por lo que cabría preguntarse cuál es el concepto de “carga priorizada” que maneja la administración cubana. Esta situación, además, genera costos adicionales por estadía de buques que superan los 20 000 dólares diarios por embarcación.
A su vez, la falta de oferta y el miedo a un mayor desabastecimiento causado por las nuevas medidas han disparado los precios. Tras los anuncios, se ha reportado un incremento sustancial en los costos de productos básicos como arroz y aceite comestible. Por consiguiente, todavía una parte mayor de la población cubana ha sido empujada por debajo del umbral de pobreza extrema.
A ello se añaden las afectaciones que enfrentan las familias para preparar los alimentos. El 70% de los hogares cubanos dependen de la cocción eléctrica, por lo que un incremento en el horario de apagones imposibilita que se cocinen granos o proteínas, lo que deteriora la calidad nutricional y aumenta el riesgo de enfermedades por consumo de alimentos mal procesados o descompuestos por falta de refrigeración doméstica.
Otro aspecto de vital importancia es el abasto de agua. Aunque el viceministro cubano Oscar Pérez-Oliva aseguró que se instalarán 16 equipos de fuentes renovables para garantizar el bombeo de agua, las experiencias previas de promesas gubernamentales han demostrado que se incumplen la mayoría de las veces. Asimismo, de poco vale garantizar el bombeo si los cortes eléctricos no permiten poner los motores para llenar los tanques. Sin agua en las casas, no solo se dificulta la preparación y la adecuada higiene de los alimentos; es inviable sostener cualquier cultivo o crianza animal de autoabastecimiento.


En resumen, las medidas tomadas esta semana representan un traspaso de los límites éticos de la política pública. Al priorizar el mantenimiento mínimo de la red eléctrica para evitar un apagón total, el Estado ha sacrificado la estabilidad alimentaria. La decisión de restringir el diésel a la agroindustria, sentenciándola a una parálisis casi total, para mantener encendidas las luces en los centros turísticos constituye una jerarquización de prioridades que desatiende el derecho humano a la alimentación.
Cuba se enfrenta a una emergencia humanitaria y la respuesta ciudadana, marcada por la apatía y la desesperación, indica una ruptura del contrato social. La actual política de “parches” y “economía de guerra” ha logrado transformar la vida de los habitantes en Cuba en una escasez eterna, marcada por un hambre más evidente cada día.
Por ello, Food Monitor Program advierte sobre las consecuencias económicas, alimentarias y de salud que estas medidas tendrán en la población cubana. Asimismo, recuerda las secuelas que tuvieron disposiciones similares durante el Período Especial, en la década de 1990. Por último, conmina a la comunidad y ONG internacionales a estar alertas a la mayor crisis humanitaria que podría estar enfrentando Cuba.
