La Habana, Cuba:

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El pasado 27 de marzo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta oficial de Twitter un tuit que destaca la colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el gobierno cubano. Díaz-Canel resalta la importancia de la cooperación y agradece a la organización por su apoyo en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la nación caribeña.

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Desde hace años, la FAO ha estado trabajando en conjunto con el gobierno cubano en diversas iniciativas que buscan mejorar la producción agrícola, la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático en el país. Estos esfuerzos incluyen el apoyo a la agricultura familiar, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la implementación de tecnologías innovadoras en el sector agroalimentario.

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Sin embargo, en la realidad, el trabajo de la FAO en la isla se traduce en entregar asistencia técnica y financiera para la elaboración de políticas y estrategias con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Esta ayuda se convierte en el fortalecimiento de cuadros locales para la implementación de planes de producción agrícola a pequeña escala. En otras palabras, la FAO funge como un organismo internacional que legitima la situación de inseguridad alimentaria en Cuba. La implementación de cooperación en materia de seguridad alimentaria se soporta sobre la base de los informes oficiales que reciben del régimen cubano, es decir, de una imagen deliberadamente distorsionada de la realidad. Sobre estos informes, la FAO construye sus recomendaciones y programas para aliviar la crisis de inseguridad alimentaria que debería estar solucionándose dado que, según la información de la FAO en Cuba esta situación ha mejorado en los últimos años.

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Aunque la potencialidad de la producción de alimentos en Cuba es alta, las decisiones de producción, abastecimiento y asequibilidad en los mercados dependen, en una economía cerrada, del gobierno. Las ineficiencias en la no importación de materias primas, el retraso en los pagos a productores, la no recepción de cosechas, la falta de combustible para el acopio, el tope no concensuado de los precios, y los problemas en la transportación de la mercancía a los mercados han sido algunas de las ineficiencias mayores por parte de la administración cubana. Aún así, y con el hecho constatable de que la isla importa entre el 70 y el 80% de sus alimentos con aranceles de hasta 120% sobre su costo, la FAO continúa celebrando supuestos avances en materia de alimentación.

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Lejos de ser ese vergel de abundancia, prometido por Fidel Castro en la década de los sesenta, Cuba sufre una de sus peores crisis alimentarias, hídricas y energéticas en la coyuntura actual. La población depende del abastecimiento de bienes mediante el uso de un mercado ilícito en el que participa de manera indirecta el propio Estado cubano. La implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) dista de ser una solución real de los problemas, en primer lugar, porque su diseño está sustentado en una información de consumo de alimentos que se aleja de la realidad y, en segundo lugar, porque no cuenta con la viabilidad fiscal necesaria para llevarse a cabo, además de la narrativa idealista que acompaña la ley, se describen pocos instrumentos reales para empoderar al consumidos, al tiempo que deja recaer gran parte de la responsabilidad del Estado de proveer, sobre sus propios ciudadanos.

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Food Monitor Program denuncia el uso de este tipo de eventos como plataformas para legitimar las acciones estatales en escenarios internacionales, a manera de instrumentos de control de la situación de inseguridad alimentaria en el país. Food Monitor hace un llamado a la comunidad internacional a enviar veedores e investigadores independientes que puedan contrastar la información oficial presentada ante la FAO y evaluar la real situación alimentaria en la isla.