El domingo 17 de marzo cientos de habitantes de Santiago de Cuba salieron a las calles a protestar por la falta de fluido eléctrico y alimentos. A gritos de “Queremos corriente, queremos comida”, un grupo de madres santiagueras, a las que sumó gran parte del pueblo de esa ciudad, reclamaron dos derechos básicos: la seguridad energética y alimentaria en un escenario de profunda crisis económica. A lo largo del día, otras provincias del país, como Granma, Holguín y Matanzas, se unieron a estos reclamos.

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Desde el último quinquenio, Cuba experimenta un agravamiento de su crisis energética, cuyos efectos son más visibles en las provincias fuera de la capital. Como resulta habitual, las medidas del Gobierno para paliar esta situación incluyen cortes prolongados del fluido eléctrico en el sector residencial. De esta manera, los apagones duran desde cuatro hasta más de veinte horas diarias, llegando a ser incluso ininterrumpidos.

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Esta inseguridad energética contribuye, de manera proporcional, a acrecentar la inseguridad alimentaria e hídrica que aqueja a la Isla.

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En primer lugar, los largos y continuos cortes eléctricos afectan la conservación de los alimentos crudos y procesados que necesitan refrigeración; además de acortar la vida útil de refrigeradores y neveras. Solo los pocos que tienen neveras en sus casas son quienes pueden conservar un poco más de tiempo los alimentos. Pero, aquellos que no tienen dinero para comprar este tipo de electrodoméstico, ven con impotencia cómo la poca comida perecedera que han sido capaces de adquirir en medio de la inflación, se les echa a perder, en especial los cárnicos, al romper su cadena de refrigeración.

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En adición, durante la Revolución Energética, llevada a cabo por el gobierno de Fidel Castro en la década de 2000, les fueron vendidos a millones de familias a lo largo de la Isla un parque de cocina que incluía arroceras, ollas y cocinas eléctricas, entre otros electrodomésticos, con el supuesto objetivo de contribuir al ahorro energético y al bienestar de los ciudadanos; pero creando dependencia del fluido eléctrico para cocinar, a falta de otros combustibles como el gas licuado o manufacturado. Por tanto, los apagones imposibilitan ya no solo el proceso de refrigeración de los alimentos, sino también su cocción.

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De igual manera, la falta de electricidad dificulta el abastecimiento de agua potable por tuberías. No debe olvidarse que, en gran parte de la Isla, su distribución no es diaria ni constante a lo largo del día. De tal modo, en muchas ocasiones, el agua no puede ser bombeada desde los acueductos por falta de corriente; en otras, los apagones en el sector residencial coinciden con su entrada, por lo que no puede ser impulsada hacia los tanques de almacenamiento.

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Los tres aspectos anteriores, ya sean de forma individual o en conjunto, obligan a las familias a convertirse en viajeros locales, pues muchas de ellas buscan alternativas ante las consecuencias derivadas de la falta de corriente en casa de vecinos, amigos y familiares; como a carecer de horarios estables, al tener que estar todo el tiempo atentas a la llegada del agua y la electricidad para poder realizar las labores de aseo y cocinar los alimentos.

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Resulta común ver cómo las madres se desplazan con sus hijos pequeños, muchas veces hasta lugares distantes, para poder alimentar —e incluso dormir— a los niños en casa de algún pariente o amistad cercana que no haya sido afectado en ese momento por los apagones. Esto, que pudiera parecer una solución, no es viable para la gran parte de la población que no tiene medios de transporte propios debido al déficit de transporte público y a los elevados precios de los taxis particulares.

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Incluso, la misma propaganda oficial ha pedido a la población que, por ejemplo, lave y planche en las madrugadas, cuando el pico de consumo energético tiende a bajar. A pesar de que el Gobierno aumentó el precio de la electricidad tanto para el sector residencial como para los trabajadores por cuenta propia, no es capaz de abastecer su demanda. Al punto que varios negocios particulares de producción y venta de panes, pizzas y dulces han tenido que cerrar ante la falta de la electricidad necesaria para elaborar sus productos.

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Según las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la situación con el suministro de energía seguirá siendo crítica debido a la incapacidad financiera para adquirir el combustible necesario que satisfaga el consumo mínimo del pueblo; sin aclarar cuándo mejorará esta situación. Este pico en la crisis energética en el país coincide con la agudización de la crisis alimentaria en Cuba, que en lo que va de año ha presentado atrasos y restricciones en los alimentos racionados a través de la libreta de abastecimientos al punto de tener que pedir, públicamente, ayuda al Programa Mundial de Alimentos (PMA) por primera vez en la historia.

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Sin embargo, a pesar de las consignas populares de “corriente y comida” y “tenemos hambre” —que evidencian la situación energética y alimentaria en Cuba—, así como la de “no más muela” —referente a la falta de credibilidad en las explicaciones de los dirigentes de Partido Comunista de Cuba (PCC) y otras autoridades gubernamentales—, la narrativa oficial oculta la realidad cubana actual. Así, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para hablar de las protestas, utilizó frases como inconformidad con el servicio eléctrico y la distribución de alimentos; cuando tanto el uno como la otra son prácticamente inexistentes, sin siquiera tener en cuenta las consecuencias que esta situación trae aparejadas.

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Si bien Díaz-Canel afirmó que la disposición de las autoridades del Estado, el Gobierno y el PCC era escuchar los reclamos del pueblo y dialogar en un ambiente pacífico, la respuesta gubernamental fue reprimir y encarcelar a los manifestantes, como puede observarse en algunos videos de los hechos acaecidos el 17 de marzo. Esto no solo es una flagrante violación al derecho de libre expresión; los encarcelados se convierten, además, en una carga alimentaria para sus familiares, quienes deben llevarles una jaba con comida para complementar la deficiente alimentación en las prisiones cubanas.

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Por otra parte, el Gobierno utilizó la comida como medida de control, tras meses de pedir a la población sacrificio y confianza en sus líderes. A poco rato de haber comenzado las manifestaciones pacíficas en Santiago de Cuba, llegó a la bodega correspondiente al sitio donde iniciaron las protestas una rastra de arroz y un camión de leche; y en varios otros puntos comenzaron a ser vendidas tres libras de arroz y cuatro de azúcar. Varios habitantes rechazaron esta distribución, pues no es más que un engaño para acallar el reclamo popular, ya que no soluciona ni el hambre que tiene el pueblo ni los problemas básicos que subyacen bajo la crisis general que vive el país.

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Desde Food Monitor Program enfatizamos el estado de vulnerabilidad alimentaria, energética, hídrica y económica en que se encuentra el pueblo cubano, con agravamiento en los niños y las personas de la tercera edad.

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Por otra parte, denunciamos la desidia del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba de resolver los problemas que originaron y siguen manteniendo la crisis generalizada en el país; mientras traslada su responsabilidad y culpa al embargo estadounidense y a la comunidad cubana en el exterior de aprovechar la crisis para desestabilizar el régimen político en la Isla.

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Asimismo, evidenciamos el trasfondo político de las protestas, aunque en apariencia se limiten a los ámbitos económico, alimentario y energético.

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Por último, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para la no represión a los manifestantes; así como a los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos para que monitoreen la crisis y emitan medidas cautelares en los casos necesarios.