¡NO PASE! La otra cara de las privatizaciones en el totalitarismo
27 de febrero de 2023
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na cosa es la propaganda y otra bien distinta es la realidad. La
propaganda totalitaria cacarea sin descanso que Cuba es un país socialista, de los humildes y para los humildes. En los medios oficialistas, el sector privado siempre se enfoca con un tono de escepticismo e inconformidad, que deja entrever que el Estado lo ha tenido que aceptar como una especie de “mal necesario” frente a las “agresiones del imperio” y, por tanto, es algo con lo que los cubanos deberán aprender a convivir, como si de una enfermedad crónica o alguna condición climática inevitable se tratase.
Sin embargo, hacia dentro de la sociedad, el tratamiento institucional que se le da al privado comienza a evolucionar con la gradual depauperación de las condiciones de vida de la ciudadanía y el deterioro de la infraestructura, especialmente la gastronómica, que ha permanecido desde 1960 en manos del Estado. Lo cierto es que los intereses monetarios concretos de los burócratas de nivel medio se imponen sobre los “valores morales” del “socialismo” abstracto.
En Cienfuegos, por ejemplo, cada vez existen menos lugares públicos con ofertas gastronómicas asequibles a donde el trabajador revolucionario pueda ir con su familia. Se diría que en la ciudad quedan menos de 10; cifra insignificante para sus 150 000 habitantes.
La estrategia de los dirigentes municipales ha sido “entregar” en arriendo locales subutilizados que poseía la empresa de gastronomía provincial a actores privados que las convierten rápidamente en negocios particulares, con acceso restringido a aquel sector de la población que se puede permitir los astronómicos precios que se cobran en estos lugares.
En principio, creemos que la privatización es algo bueno, pero cuando se hace de manera ordenada, natural y mediante mecanismos transparentes de licitación y competencia; que no es lo que generalmente ocurre. Lo usual es que, entre “socios, se repartan el pastel” como me comentó el CVP (custodio) del antiguo restaurante de La Laguna, reconvertido en una paladar privada llamada ahora Rancho Canal.
¿Qué cambió en este lugar? Todo. Desde la misma entrada que recibe al consumidor con dos sendos carteles rudimentarios y con faltas de ortografía que rezan: “OJO NO PASAR” y “PRIBADO”. El lugar estrena, además, tapia improvisada en la orilla de la playa; lo cual es, de hecho, ilegal, pues, supuestamente, en este país las playas aún son públicas
El Canal, como se conoce la zona donde está ubicado el restaurante, ha sido históricamente un punto de pesca aficionada en la Bahía Jagua. Ahora, su paso está prohibido para la población; lo cual, según la opinión popular, es una arbitrariedad de los nuevos dueños que tienen derecho de renta sobre el local, pero no deben limitar el acceso a las áreas aledañas, cuya infraestructura ha sido construida por la ciudad con presupuesto público desde mucho antes de la existencia de cualquier restaurante en el área.
Por esta zona pasean parejas de pocos recursos en busca de un espacio romántico para pasar el atardecer a la orilla de las tranquilas aguas, con una vista privilegiada de la parte turística de la ciudad. Ahora, esto es imposible a menos que vayas a consumir en el restaurante; una opción vedada por los altos precios para la gran mayoría de los trabajadores.
Este tipo de situaciones se está viendo con mayor frecuencia en todas partes, sobre todo en los mejores puntos de venta de la ciudad, donde suelen reunirse todo tipo de públicos en busca de esparcimiento y recreación. Entendidas en el contexto actual, estas medidas de urgencia que toma el Estado para que no se pierdan las infraestructuras públicas del sector gastronómico tienen alguna lógica económica; pero no toman en cuenta su impacto social en los ciudadanos, quienes siguen sujetos a un régimen laboral estatal que los subemplea y les impone un salario de hambre que no alcanza siquiera para cubrir los gastos básicos de la familia.
El problema radica en que las medidas desesperadas que se toman por decreto de manera aislada y sin cambiar la esencia del sistema fallido en su totalidad solo son parches temporales que no van a resolver las cuestiones de fondo. La privatización puede ser buena cuando va a acompañada de otras aperturas económicas, políticas y sociales que disminuyen la centralización y la coerción del Estado sobre los individuos. En Cuba se necesitan cambios estructurales, no simples mecanismos de contención injustos y limitantes.
El resultante de estas acciones es una disminución drástica de las ofertas recreativas y gastronómicas a los trabajadores; especialmente a la juventud, que no posee recursos para consumir en lugares privados. La escasa competencia lo que logra es que las “asignaciones” se otorguen a los allegados de los dirigentes y, una vez más, como ocurre con otras cosas, “todo quede en casa”. Esto estimula el clientelismo y la coima, y afecta al consumidor, el cual, incluso contando con recursos económicos para frecuentar estos lugares, solo tiene unas pocas opciones disponibles, pues el Estado no le permite al emprendedor ordinario competir en igualdad de condiciones con sus “socios”, cómplices y testaferros.