reunido con emprendedores y distribuidores, y luego dejado entender que las medidas continuaban negociándose, el Gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial la Resolución 225 del 2024 estableciendo un tope de precios a los alimentos básicos. El decreto viene después que Lourdes Rodríguez, viceministra de Finanzas y Precios, afirmara que aún no entraría en vigor debido a la necesidad de un mejor estudio y un mayor acuerdo con el sector no estatal.

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Esta maniobra de la administración cubana responde a una metodología nada nueva de stick and carrot, o lo que es lo mismo, permisión y condena, unida a la ausencia profunda de un mecanismo ciudadano de rendición de cuentas. De acuerdo con la Resolución 225, estos precios incluyen hasta un margen de 30% de ganancia sobre los costos y gastos. Sin embargo, los cálculos fueron realizados con el cambio oficial de 120 CUP x USD, a pesar de que en las reuniones de discusión con el sector no estatal este planteó que la falta de aseguramiento de divisas en el mercado formal hacía que esas cifras fueran ficticias.

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Otro de los aspectos que al parecer tampoco estuvieron contemplados en estos cálculos fueron los pagos en concepto de arriendo de locales ni las comisiones de las empresas estatales importadoras. Asimismo, no se tuvieron en cuenta el aumento o las fluctuaciones de precio de los vendedores internacionales. Incluso, aunque los importadores advirtieron que el encargo y embarque de los productos llega a demorar hasta dos meses, acrecentando la incertidumbre de estos negocios, el Estado no brindó soluciones, para aquellos que, por ejemplo, ya habían comprado y portado por aduana con impuestos anteriores, los productos que ahora deben vender con tope de precios, generando pérdidas para el sector privado.

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A pesar de todas las protestas del sector no estatal y de las recomendaciones de los economistas cubanos, tanto dentro como fuera de la Isla, de que esta no es una solución a la inflación reprimida que atraviesa al país, el Gobierno decidió llevar adelante la medida.

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Esta tampoco es la primera vez que el Gobierno decide establecer topes de precios a los alimentos. En 2008, por ejemplo, se limitó el precio máximo de venta a varios productos agrícolas, que trajo como consecuencia una disminución en su oferta. Lo mismo sucedió en 2011, 2013, 2016, 2019, 2020 y 2022. Sin embargo, en ninguno de esos años el tope logró disminuir el precio de esos productos. Al contrario, el único resultado fue mayor desincentivación productiva, escasez y aumento de los precios en el mercado negro.

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