Un litro de aceite contra un mes de trabajo
03 de agosto de 2026
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l 20 de junio de 2026, el Ministerio de Finanzas y Precios
publicó la Resolución 150/2026. La norma derogó las resoluciones 225 y 310 de 2024, elIminando los topes de los precios minoristas para varios alimentos. En el caso del aceite comestible, se eliminó el límite nacional de 990 pesos cubanos por litro. Dos meses después, la prensa independiente registraba precios de 4 000 CUP, 4 500 CUP, 5 000 CUP o más y se recogieron testimonios de hasta 7 000 CUP por botella. Desde julio, el salario mínimo nacional es de 3 210 pesos, aumentando en cerca de 1 000 el salario mínimo, fijado desde la Tarea Ordenamiento. A pesar del incremento del salario, un mes de trabajo remunerado sigue sin alcanzar para comprar un litro.
Estos reportes son precios y saltos publicados por medios oficiales e independientes en lugares y fechas diferentes. Y, aunque pudiera repararse la espontaneidad y fragmentación de la información, las señales son más que indicativas: el precio reportado de un producto básico superó de manera reiterada el ingreso mensual mínimo.
Además, el fenómeno del alza de precios, síntoma de inflación, no es exclusivamente atruibuible a la liberación de topes de la Resolución 150. Antes de su entrada en vigor, el periódico oficial Girón ya había registrado un pomo a 1.800 CUP. Las autoridades oficiales justificaron el aumento debido a los costos de importación, el encarecimiento del dólar y la escasez de combustible. El tope de 990 CUP y otras limitaciones a precios máximos llevaban tiempo separados de los precios reales y, con frecuencia, del producto disponible. Cambia, a lo mejor, el hecho de que los altos precios y una volatilidad significativa se asociaban mayormente a las dinámicas de los mercados informales y se vuelven un fenómeno que afecta a todo tipo de mercado minorista.
La responsabilidad estatal aparece en la secuencia de decisiones. Primero fijó un precio nacional que no pudo sostener. Luego reconoció que los controles provocaban desabastecimiento y ventas informales. Después, eliminó el límite en una economía sin oferta suficiente y sin una compensación capaz de proteger el poder de compra. Finalmente, varias autoridades municipales restablecieron restricciones acompañadas de multas, decomisos y cierres. En menos de dos meses, la política pasó del control nacional a la flexibilidad de precios y de allí a nuevos controles territoriales.
La trayectoria publicada permite ver la velocidad del ajuste. El 9 de julio se reportó un salto de 1 150-1 400 a 1 800 CUP en 48 horas. El 22 de julio apareció a 2 500 CUP en La Habana. Dos días más tarde pasó de 2 000 a 3 000 CUP en Sancti Spíritus. A comienzos de agosto, los reportes ya ubicaban el litro por encima del nuevo salario mínimo. La heterogeneidad territorial importa, pero la dirección del cambio es consistente.
El aumento salarial tampoco corrigió la brecha. El mínimo pasó de 2 100 a 3 210 CUP, un incremento cercano al 53 %. Sin embargo, frente al antiguo límite legal de 990 CUP, un precio de 4 000 equivale a más de cuatro veces aquella referencia; 7 000 equivale a más de siete veces. La actualización del ingreso quedó rezagada antes de reflejarse plenamente en los pagos de agosto.
La respuesta municipal agravó la incoherencia. Moa, Banes y Guantánamo fijaron una referencia de 2 200 CUP y anunciaron sanciones para quienes la excedieran. Llamarla referencia no modifica su efecto cuando el incumplimiento puede terminar en decomiso, venta forzosa o cierre. Además, Girón advirtió que ese mecanismo puede estimular más escasez.
El problema es aritmético. Si un comerciante compra a 3 500 CUP, como relataron vendedores de Holguín, no puede vender a 2 200 de manera sostenida. Puede retirarse, ocultar el producto o moverlo al mercado informal. 14ymedio documentó la desaparición de mercancías y el cierre de negocios, mientras periodistas de Invasor admitieron que los topes terminan convertidos en letra muerta. El control administrativo puede bajar el precio escrito y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de comprar.
La distancia entre la estadística y la compra efectiva también merece atención. En julio, el IPC oficial aumentó 2,56 % mensual, 15,12 % en el acumulado anual y 20,70 % interanual. Dentro de los alimentos, la prensa citó registros oficiales del aceite entre 1 400 y casi 2 800 CUP, mientras en la calle Galiano se ofrecía a 4 500. Esa diferencia, recogida por 14ymedio, limita la capacidad del índice para describir el costo que enfrenta quien solo encuentra el producto en circuitos informales.
Cuando el aceite deja de ser accesible, la dieta y las formas de preparación cambian. CubaNet registró manteca de cerdo entre 1 400 y 1 700 CUP la libra. Otros reportes mostraron colas para comprar grasa animal y el caso de una madre que cocinó un huevo en agua por falta de aceite. La política de precios termina así dentro de la cocina: determina qué se compra, cómo se prepara y qué se deja de comer.
La eliminación de un tope puede corregir un precio ficticio, pero sus resultados deben evaluarse con tres preguntas: cuánto aumentó la oferta, cuántos hogares conservaron capacidad de compra y qué reglas enfrentan importadores y vendedores. Hasta ahora, los reportes disponibles muestran precios más visibles, ingresos rezagados y reglas contradictorias entre el nivel nacional y los municipios. No ofrecen evidencia suficiente de una recuperación sostenida del abastecimiento.
Una política defendible requiere, al menos, información pública sobre volúmenes importados, costos y precios efectivos; reglas estables que no cambien según la presión de cada semana; y transferencias focalizadas que se actualicen con el costo de los alimentos. También requiere acceso previsible a divisas y condiciones para ampliar la oferta. Sin esos componentes, la flexibilidad de precios traslada el ajuste al consumidor y el control posterior vuelve a esconderlo en la escasez.
El límite de 990 CUP no garantizó aceite. El precio de 7 000 tampoco acredita el funcionamiento de un mercado. La referencia municipal de 2 200 repite una fórmula que el propio Gobierno declaró fallida. Entre esas tres cifras queda el hogar que recibe 3 210 CUP al mes y debe decidir cuánto puede cocinar. Mientras un litro cueste un salario completo o más, cualquier reforma de precios seguirá incompleta.