ras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se 

unió en un esfuerzo conjunto para evitar la repetición de atrocidades y promover un sistema más seguro y pacífico, garantizando la soberanía de los Estados. Es así que, en 1945, con la creación de las Naciones Unidas, se estableció un sistema que incluía entre sus objetivos la protección de los derechos humanos a nivel global.

Con esta ruta en mente, un hito crucial en este proceso fue la formación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1946, encargada de redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, adoptada en 1948, estableció los principios y valores universales como ideales para todos los Estados miembros de la Organización y se convirtió en la base del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, a pesar de no tener en sus inicios un carácter jurídicamente vinculante.

No obstante, las dificultades experimentadas por esta Comisión pusieron de manifiesto la necesidad de un enfoque renovado para supervisar y fomentar la situación de los derechos humanos. Fue entonces cuando surgió el Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este organismo, con su sede en Ginebra, se erigió como el principal encargado de promover y salvaguardar los derechos humanos a nivel internacional.

El Consejo de Derechos Humanos, como sucesor de la Comisión de Derechos Humanos, heredó la responsabilidad de evaluar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de las Naciones Unidas. Para cumplir con esta tarea, creó, entre otros mecanismos, el Examen Periódico Universal (EPU): un proceso que permite analizar el desempeño de cada país en cuanto a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Este mecanismo garantiza que todos los Estados sean sometidos a revisión en igualdad de condiciones; independientemente de su tamaño o influencia en el ámbito internacional, cualquier Estado, por el hecho de ser miembro de la Organización, es sometido a esta evaluación. Y es importante mencionar que se trata de un mecanismo de revisión entre pares.

Aunque el mecanismo pueda tener sus limitaciones al ser una evaluación interestatal y en donde, por supuesto, los intereses políticos median las posiciones, es al menos una forma en la cual todos los Estados deben rendir cuentas de la condición de Derechos Humanos. Asimismo, gracias a su importancia y consolidación, la sociedad civil también tiene en él un espacio de participación para exponer las condiciones que, a su parecer, debe considerar la comunidad internacional.

El EPU es un proceso cíclico que evalúa la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Un ciclo de examen es un período de cuatro años y medio en el que se revisa el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. El grupo de trabajo —encargado de realizar la evaluación— celebra tres sesiones de dos semanas al año, es decir, 14 sesiones a lo largo de todo el ciclo.

En el examen los países revisados presentan informes sobre sus acciones en materia de derechos humanos. Pero el grupo de trabajo utiliza varios documentos para el examen en su totalidad, como el informe nacional del Estado examinado, informes de ONG y uno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), que recopila información de otros órganos del Sistema.

Al finalizar el EPU se generan recomendaciones por parte de los Estados examinadores para mejorar la situación de los derechos humanos en el país en cuestión, las cuales pueden ser aceptadas o no por el Estado evaluado. Estas recomendaciones aceptadas se convierten en compromisos voluntarios y se produce un informe final, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, que resume el diálogo y las decisiones tomadas.

Como mencionaba en líneas anteriores, la sociedad civil tiene un rol muy importante pese a ser un espacio intergubernamental de evaluación entre pares. Es así que la ciudadanía, además de tener la posibilidad de enviar contribuciones escritas para ser consideradas en la evaluación, tiene la oportunidad de participar en un espacio de gran relevancia llamado presesiones.

Las presesiones del EPU son reuniones que se llevan a cabo previamente a su sesión formal, donde los Estados examinadores, el Estado examinado y las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de interactuar y discutir la situación de los derechos humanos en el país bajo revisión. Es un espacio de vital importancia para presentar a los Estados examinadores la realidad del contexto nacional e incluso de proponerles posibles recomendaciones que puedan hacerle al Estado sometido al Examen.

En este contexto, Cuba ha sido objeto de este examen por el hecho de ser miembro del Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, pese a que persisten preocupaciones propias de un régimen de esta naturaleza y se le han dado recomendaciones específicas en el ámbito de los derechos políticos y civiles, incluyendo la libertad de expresión, las detención arbitrarias y la falta de elecciones libres, el régimen cubano ha demostrado astucia en su manejo diplomático y ha logrado articular una narrativa que destaca los avances en derechos sociales, como la educación y la atención médica de alta calidad.

En este momento, Cuba se encuentra bajo los reflectores, en preparación para su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal, programado para noviembre de 2023. Dentro del proceso, el pasado 30 de agosto tuvieron lugar las precesiones en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, un momento clave. Este espacio esencial permitió a organizaciones de la sociedad civil expresar sus inquietudes y prioridades en cuanto a los derechos humanos en el país.

Seis organizaciones, seleccionadas con anterioridad, se hicieron eco de las voces de aquellos que, a menudo, se quedan en las sombras. Entre ellas estuvo Food Monitor, junto con Cuido60 y el Observatorio de Libertad Académica, entre otras.

Food Monitor centró su intervención en una cuestión apremiante: la inseguridad alimentaria en Cuba y subrayó que esta crisis es el resultado de políticas internas que han llevado a la población a enfrentar serias dificultades para el acceso a alimentos básicos. Como organización, enfatizamos que esto no debe verse como una consecuencia involuntaria, sino como un intento de controlar a la población a través de la manipulación de su acceso a la alimentación. (La intervención completa y las contribuciones de las demás organizaciones que participaron de la presesión se encuentra en el siguiente enlace https://www.upr-info.org/es/review/cuba.)

Resulta importante tener presente qué se puede esperar de un espacio como este, pues, el EPU es un mecanismo entre Estado que no representa de ninguna manera un instrumento coercitivo, sino de diálogo, en donde se lleva a los países, de manera amistosa, a asumir compromisos relacionados con la protección de los Derechos Humanos.

Es innegable que, después de más de seis décadas de desafíos, la sociedad civil en Cuba ha enfrentado obstáculos considerables en su lucha por los derechos humanos que le han llevado a perder la confianza en este tipo de mecanismos. Sin embargo, la participación activa en el EPU sigue siendo vital.

A pesar de la creciente desconfianza en los mecanismos internacionales, recuperar estos espacios de participación es fundamental para desafiar la narrativa oficial y trabajar hacia un futuro en el que los derechos fundamentales se respeten plenamente en Cuba. El EPU, en última instancia, es una oportunidad invaluable para que todas las voces sean escuchadas y que, al menos, se pueda cambiar la versión que asume por cierta la comunidad internacional.