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Temporada ciclónica: hambre segura

11 de julio de 2024

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   uba, situada en pleno Mar Caribe, muy cerca del Golfo de 

México, en el camino desde el Atlántico hacia las Américas, fue considerada por los españoles una locación ideal, primero como factoría y luego como colonia azucarera. Sin embargo, en aquel entonces, tal vez, no pensaban mucho en cómo las temporadas ciclónicas afectaban la isla.

Claro, en aquellos tiempos, ni siquiera se pensaba en cambios climáticos ni calentamiento global ni nada por el estilo. Las bahías de bolsa protegían las embarcaciones y los cultivos perdidos por los vientos y lluvias no hambreaban al país. Pero, con el paso de los muchos años, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, las temporadas ciclónicas han quedado como justificaciones para los ejercicios meteoros,[1] árboles podados, cortes eléctricos, colas y falta de alimentos.

No todas las temporadas ciclónicas son iguales: algunas son más activas que otras. Depende de la temperatura del agua, de los fenómenos del Niño, de la Niña, de los anticiclones y de otros varios aspectos climatológicos. Para este año 2024, la Revista Cubana de Meteorología pronostica:

la formación de veinte (20) ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte, once (11) de los cuales podrán alcanzar la categoría de huracán. Del total de ciclones tropicales, catorce (14) pudieran desarrollarse en el área oceánica del Atlántico, cuatro (4) en el mar Caribe y otros dos (2) en el golfo de México. Las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe son muy altas (85%) y que uno de procedencia atlántica penetre en el Caribe es de un 70%. El peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es de un 80% de probabilidad. Aún mayor es el peligro para Cuba de que al menos un ciclón tropical la afecte, con una probabilidad del 90%.

A quienes nunca han vivido en la Isla, el pronóstico de 1 huracán, dentro de los 20 ciclones previstos, pudiera parecer una cifra absurda; sin motivo para que cunda el pánico. Sin embargo, ese solo número es más que suficiente para crear un miedo generalizado en toda la población a lo largo del país. Y es que los cubanos saben muy bien que basta que sople un viento platanero y caiga un poco de lluvia para que las condiciones de inseguridad alimentaria, sanitaria y de vivienda arrecien.

Nadie cuestiona las devastaciones reales que puede acarrear un evento climatológico de semejante magnitud. La cuestión, en Cuba, es que el Gobierno cada vez es menos capaz de responder con aciertos y soluciones a las consecuencias de los desastres naturales.

Uno de los peores efectos en el sector civil es la pérdida, ya sea total o parcial, de viviendas; así como de los enseres de casa. Ante estas pérdidas, la respuesta gubernamental, desde hace muchos años, ha sido vender a los propios damnificados los productos enviados por diversos países en concepto de donación. En 2017, por ejemplo, tras el paso del huracán Irma, el Estado publicó la resolución ministerial 645, según la cual, declaraba la no gratuidad de las donaciones por catástrofes naturales. Esto incluía tanto las donaciones internas como externas y abarcaba desde alimentos hasta ropa, materiales de construcción, colchones de camas y cocinas. O sea, en un país donde hace mucho el salario real no responde a las necesidades diarias de vida, el Estado y el Gobierno dejan aún más vulnerables a las familias afectadas; la mayoría de las cuales son incapaces de pagar los precios —incluso cuando son subsidiados— de aquellos productos que deberían serles asegurados de manera gratuita.

Esta situación se debe, en parte, a la falta de interés estatal y gubernamental ya no de garantizar nuevas viviendas al fondo habitacional, sino de reparar el existente o facilitar los materiales de construcción a precios asequibles para que la misma población se encargue de ello. De tal manera, contrastan grandemente las inversiones del gobierno cubano en la constante construcción de hoteles de lujo en la Isla frente el deterioro visible de las viviendas en Cuba. Por ejemplo, mientras en el primer semestre del pasado año la inversión en el sector hotelero fue de 2 325,3 millones de pesos —según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)—, la ayuda en noviembre de 2022, en Pinar del Río —una de las provincias más afectadas por el paso del huracán Ian—, que encontró el presidente Miguel Díaz-Canel, fue inaugurar un barrio con 20 casas de madera y techos de zinc; los mismos módulos prefabricados que se habían utilizado en Camagüey luego de los daños ocasionados por Irma.

A todo esto, hay que añadir que la solución en tema de materiales casi siempre contiene asbesto. Desde 1935, se conoce la relación directa de este componente con el cáncer de pulmón. Por ello, ha sido prohibida su utilización en gran parte de los países. Sin embargo, los techos y tanques de agua que van a parar a las manos de los damnificados son de asbesto-cemento, en un país donde el cáncer constituye una de las primeras causas de muerte.

En resumen, para aquellos que han perdido todas o parte de sus pertenencias, el hecho de tener que destinar dinero para volverlas a adquirir los deja aún con menos ingresos para costear su alimentación.

No debería resultar difícil hacer los cálculos. Pongamos, por ejemplo, un enser tan necesario como un refrigerador. Primero, hay que recordar que, en Cuba, estos aparatos no están a la venta en moneda nacional, sino en las tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC). El precio de los refrigeradores hoy no baja de los 800 MLC. Supongamos que las autoridades gubernamentales decidan venderlos a mitad de precio a los damnificados, en moneda nacional, asumiendo la tasa de cambio oficial de 120 CUP x 1 USD. El total sería, entonces, 48 000 CUP. Esta cifra representa casi 32 jubilaciones mínimas y 23 salarios mínimos. ¿Cuántos años, entonces, tardaría una persona afectada por estas condiciones en comprar un refrigerador, teniendo en cuenta los altos precios de los alimentos y la actual inflación existente? ¿Cuánto, entonces, debe recortar de sus gastos destinados a una ya de por sí deficiente alimentación?

Por otra parte, la cuestión de la alimentación en sí se ve extraordinariamente afectada, incluso desde días antes del paso de estos fenómenos atmosféricos.

En los días previos, desde que se decreta la fase informativa, crece la demanda de pan, galletas y alimentos enlatados: cualquier comida que no requiera de cocción para ser consumida o dure la suficiente en condiciones no refrigeradas. Sin embargo, en los últimos años, con la profundización de la crisis económica y alimentaria tras la Tarea Ordenamiento, estos alimentos se han vuelto más escasos, además de encarecerse.

Las ofertas estatales de pan y galletas son demasiado bajas en tiempos normales; por tanto, en épocas de ciclón, con una demanda en aumento, las colas en estas panaderías son aún mayores, no llegando a cubrir las producciones la mitad del abastecimiento requerido. De esta manera, las mipymes y puntos de venta particulares terminan por suplir esta demanda a precios demasiados altos. En estos establecimientos, en La Habana, un solo pan, de entre 90-100 gramos de peso, puede costar 25 CUP (1.64% de la jubilación mínima o 1.19% de un salario mínimo); mientras un paquete de galletas saladas, de unas 10 unidades, ronda los 200 CUP (13.09% de la jubilación mínima o 9.52% de un salario mínimo). En otras provincias, estos precios pueden ser aún mayores.

Lo mismo sucede con los alimentos enlatados. Las latas de pescado, carne prensada o embutidos son vendidas a nivel estatal únicamente en las tiendas MLC, a las cuales no tiene acceso la mayoría de la población en Cuba. Incluso, su distribución es desigual a lo largo de las provincias del país; por lo que no siempre hay ni en todas las tiendas. Por tanto, una vez más, las mipymes y los puntos de venta particulares son los establecimientos socorridos para su adquisición. En ellos, por ejemplo, en La Habana, se encuentra desde una caja con 3 minidosis de atún, de 80 gramos cada una, a 1 100 CUP hasta un paquete de 1 kilogramo a 6 100 CUP o 17.50 USD; mientras que en Las Villas el kilogramo de atún empaquetado promedia los 3 500 CUP; en Santiago de Cuba, 1 lata de 170 gramos cuesta 3 USD; y, en Guantánamo, 1 lata de 111 gramos alcanza los 3.95 USD.[2] Todos estos precios están muy encima del poder adquisitivo de la mayoría de las personas que trabajan para o han sido jubilados por el Estado.

La explicación detrás de la alta demanda de este tipo de productos en temporada ciclónica se debe a la incapacidad gubernamental para proveer agua corriente, electricidad y gas manufacturado, necesarios para cocinar y conservar los alimentos elaborados.

El hecho de que prácticamente toda la corriente en la Isla funcione a través de tendidos eléctricos al aire libre y no soterrados hace que los fuertes vientos y lluvias asociados a este tipo de fenómenos naturales dañen amplios circuitos, que pueden estar luego, tras la fase de recuperación, más de una semana sin ser repuestos y reconectados. La falta de corriente trae asociada, además, la carencia de agua, pues en muchas partes de Cuba es necesario impulsar su bombeo desde los mismos puntos de distribución, así como en las viviendas con tanques de almacenamiento elevados.

A finales de septiembre de 2022, el huracán Ian azotó las tierras cubanas por la zona occidental. A pesar de que las mayores afectaciones ocurrieron en el oeste del país, una falla en el sistema eléctrico nacional dejó sin electricidad a todo el país. En esos días, de los 2 millones de habitantes residentes en La Habana, apenas 10% tenía corriente.

Tras 72 horas sin energía eléctrica, los pocos alimentos que se conservaban en los refrigeradores comenzaron a echarse a perder. Esto, junto al desabastecimiento generalizado de comida y la falta de agua, provocó protestas públicas en varias localidades, donde las mujeres llevaron el protagonismo. A pesar del carácter pacífico de estas manifestaciones, el Gobierno respondió con el encarcelamiento de algunos de los manifestantes, cortes en el servicio de internet, e incluso se llegaron a observar eventos de violencia policial.

Por último, aunque no menos importante, están los daños a los cultivos. Negar los destrozos ocasionados por los vientos y las lluvias a los cultivos sería fútil. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno hace muy poco para minimizarlos. En muchas ocasiones, los cultivos se echan a perder debido al déficit de combustible para recogerlos a tiempo. Otras, los lugares de almacenamiento no presentan las condiciones necesarias, por lo que se echan a perder debido al exceso de humedad. Esta falta de gestión gubernamental no solo ocurre en la temporada ciclónica, sino se da a lo largo de todo el año; por tanto, aquellos alimentos que pudieran quedar como reservar para paliar la situación tras el paso de una tormenta tropical son bastante nulos.

Asimismo, la insistencia en la agricultura tradicional en vez de métodos alternativos a nivel estatal puede tener una mayor incidencia en la pérdida de cultivos. Por ejemplo, uno de las siembras que más afectadas se ve siempre es la de plátano. Sin embargo, una técnica bastante efectiva para fortalecer las matas es cultivarlo junto con frutabomba y boniato, ya que la combinación de estos tres tipos de raíces forma un mejor agarre al suelo y, por tanto, existe menor posibilidad de que los vientos arranquen de cuajo las plataneras. Así, no habría necesidad de resembrar totalmente y esperar a que las posturas se conviertan en adultas para recoger sus frutos.

A pesar de una visible incapacidad gubernamental para minimizar los riesgos en los cultivos, la devastación que en ellos ejercen las tormentas tropicales son una socorrida justificación, casi año tras año, que utiliza el gobierno cubano ante la crisis alimentaria en el país. La pérdida de alimentos como plátanos, viandas y frijoles le será suficiente como defensa frente a la subida de los precios de las pocas cosechas que lograron salvarse; así como para explicar ante el mundo la escasez de alimentos en la Isla. Igualmente, los daños a los cultivos de tabaco, renglón importante de exportación, será chivo expiatorio para el déficit de ingresos de divisas en la economía y, por tanto, las cada vez más bajas inversiones en el sector agroindustrial.

La temporada ciclónica del presente año ya ha comenzado y ese pronóstico de 90% de probabilidades de que un ciclón tropical afecte a la Isla hace temblar a los cubanos, quienes aún no se han recuperado de las tormentas anteriores. En medio de la crisis actual, con una galopante inflación y un deteriorado fondo habitacional, un evento de este tipo traerá una agudización del hambre en miles de miles de cubanos.

 

[2] Resulta importante resaltar la dualidad monetaria que se aprecia en el cobro de estos productos. Teniendo en cuenta que la moneda oficial en Cuba es el peso cubano (CUP), con la cual se pagan todos los salarios estatales, jubilaciones y asistencias sociales, la adquisición de USD por parte de la población encarece aún más el precio de compra. Debido a la incapacidad gubernamental de abastecer un mercado estable de divisas, el pueblo tiene obligatoriamente que acudir al mercado informal, en el cual, al momento de redactar este texto, su valor casi triplica el cambio oficial (340 CUP x 1 USD vs. 120 CUP x 1 USD). Esto hace que en aquellos establecimientos donde solo aceptan pago en USD, como los reflejados en Santiago de Cuba y Guantánamo, la lata de atún cueste 1 020 CUP y 1 343 CUP, respectivamente.

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