Robo del pollo: ¿corrupción o conveniencia?
22 de febrero de 2023
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no de los verbos más usados en Cuba, junto con “luchar”, es
“resolver”. En la Isla, tiene un subsignificado implícito: solucionar un problema de manera ilícita. Sin embargo, a pesar de las connotaciones negativas que tiene este adjetivo, en el contexto cubano se considera positivo.
Esto se debe en parte a que, en los sistemas de producción socialista, con un modelo de planificación centralizada y una verticalidad de poderes, la corrupción —o sea, “resolver”— es la manera de sobrevivir que ha encontrado el pueblo y el medio para enriquecerse de aquellos con cualquier tipo de poder. De hecho, ya casi nadie quiere trabajar en Cuba en sitios donde no haya “búsqueda” o no se pueda “resolver”; desde el chofer que “resuelve” gasolina hasta el dirigente que se “resuelve” un viaje al exterior. Mucho más ahora con la peor crisis económica generalizada que atraviesa el país en las últimas seis décadas.
Una crisis que comenzó a visualizarse, desde los primeros años del triunfo de la Revolución, con la instauración de las libretas de abastecimiento y de racionamiento de productos industriales como medida para racionar diversos bienes de necesidad básica, como alimentos, ropa, zapatos, ante una demanda mayor que la oferta. Este sistema funcionó hasta los años 90, cuando los productos industriales pasaron en su totalidad a las tiendas en divisas —luego CUC y ahora MLC— y la canasta básica de alimentos vio una notable disminución en sus ofertas que aún continúa.
Por tanto, desde entonces, aquellos que trabajan en lugares con acceso a productos alimenticios pueden considerarse afortunados. Ellos “resuelven” arroz, azúcar, pollo, aceite, leche, pan, para sí mismos, sus allegados, intercambiar por otros bienes de consumo o simplemente vender. Un claro ejemplo de esto son los bodegueros. Con acceso a los alimentos de la mal llamada canasta básica, históricamente se han dedicado a robarle a los clientes modificando los aparatos de pesaje, entre otros métodos. Tan es así, que ya el pueblo ha normalizado que las libras u onzas que le corresponden no estén nunca completas a causa de la conocida “onza del bodeguero”.
No es de extrañar, pues, que, con la agudización de la crisis alimentaria en Cuba, los robos de alimentos para “resolver” se hayan incrementado. Uno de los últimos escándalos es el hurto de 133 toneladas de pollo —declarado por las propias autoridades gubernamentales en el presente mes de febrero— de la empresa estatal COPMAR; dependencia del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), dedicada a la distribución de alimentos congelados a varios sectores del país.
Los reportajes estatales sobre este hecho narran que, tras la denuncia de un faltante de 1 660 cajas de pollo estadounidense en esta unidad básica, la policía descubrió que la cantidad total robada era de 133 toneladas. Según Roberto Mustelier, director de esa entidad, esto representaba lo destinado a la canasta básica de una provincia mediana. Los reportes policiales preliminares relacionan a 30 personas que enfrentan acusaciones de malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento del deber de preservar bienes de entidades económicas y receptación ilícita, para posibles sentencias de hasta 20 años de privación de libertad.
Sin embargo, aparecen varias ¿coincidencias? y omisiones en la declaración pública de este hecho que pueden llevar a pensar que, tras las declaraciones oficiales, existen intenciones ocultas.
En primer lugar, a inicios de junio de 2023, CubaNoticias360 reportó el robo de 300 cajas de pollo en la misma empresa de COPMAR, a partir de la información publicada en un perfil de Facebook bajo el nombre El Cubano Fiel. En esa ocasión, supuestamente, fueron sorprendidas 6 personas que se hacían pasar por compradores con facturas falsificadas. El hurto no llegó a fructificar y los productos sustraídos fueron recuperados y devueltos a los almacenes que los albergaban.
Ahora bien, ¿necesitó la policía un tiempo de más de medio año para concluir que el robo total ascendía a unas 133 toneladas? ¿Por qué si ya a mediados de 2023 había ocurrido este hecho, la policía y las instituciones correspondientes necesitaron de una nueva denuncia, supuestamente en 2024, para realizar una investigación más a fondo y tomar las medidas pertinentes? ¿Por qué El Cubano Fiel, que se dedica a publicar noticias sobre el buen actuar de la policía y la ciudadanía ante los robos, publicó el hecho en aquel momento y ha hecho silencio ante las 133 toneladas?
Apenas unos meses después, a finales septiembre de 2023, el entonces ministro de Economía, Alejandro Gil, declaró en la Mesa Redonda que el país carecía del dinero necesario para comprar los alimentos de la libreta de abastecimientos, entre ellos, el pollo. Unos días más tarde, el periodista oficial Lázaro Manuel Alonso republicaba en su página de Facebook la información emitida por el Canal Caribe sobre el desabastecimiento de pollo en los módulos regulados y su sustitución por hígado o molleja.
O sea, en el segundo semestre del pasado año el gobierno cubano, sus dirigentes y medios de información oficiales dedicaron varios espacios consecutivos a referirse a la falta de este producto cárnico y a achacar su desabastecimiento, entre otras causas, al embargo económico de Estados Unidos hacia la Isla; a pesar de que datos oficiales reflejan que desde hace años la mayor cantidad de pollo que se importa en Cuba proviene de este país. Entretanto, todas las provincias afirmaban tener retrasos en la distribución de pollo, tanto por la libreta de abastecimientos como el correspondiente a los módulos.
De manera curiosa, frente al desabastecimiento de pollo en las comercializadoras estatales, las mipymes sí estaban bien surtidas con este producto, cuyos paquetes vendían a más de 3 000 CUP, en dependencia de su peso. ¿Quiere esto decir que las micro, medianas y pequeñas empresas privadas en Cuba tienen más poder económico que el Estado, al punto de poder comprar e importar el pollo en tanto el país se declara insolvente para satisfacer la demanda alimentaria del pueblo?
Un elemento a no olvidar en el estudio sobre las mipymes es que muchas de las más grandes son propiedad de varios altos dirigentes cubanos, si bien están a nombre de familiares y testaferros. Esto puede explicar de dónde salen los fondos para la compra e importación del pollo. A fin de cuentas, resulta más beneficioso para sus bolsillos “resolver” dinero de las arcas públicas para venderlo a más de 3 000 CUP que al precio de comercialización mediante los módulos y la libreta de abastecimientos.
Otra “coincidencia” temporal es la sustitución, a inicios de febrero de 2024 —apenas unos días antes de la denuncia del robo de las 133 toneladas de pollo— de los ministros de Economía y Planificación y de la Industria Alimentaria, Alejandro Gil y Manuel Sobrino, respectivamente. Los motivos de este cambio no quedaron del todo claros; pero no es nada nuevo en Cuba la destitución de funcionarios gubernamentales como chivos expiatorios por los errores de sus superiores, enviados lo mismo al “plan pijama” que ascendidos luego a mejores puestos.
Un segundo elemento a tener en cuenta es la medición de Cuba en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por la ONG Transparencia Internacional. Entre los 180 países registrados, la Isla terminó en 2023 con 42 puntos, en una escala inversamente proporcional, en la cual, a menor puntuación, mayor es la corrupción. Gracias al trabajo de esta ONG se puede constatar cómo el índice de corrupción en Cuba ha aumentado a medida que se ha profundizado la crisis económica en el país. De tal modo, en tan solo tres años, se ha reflejado para la Isla un retroceso de 6 puntos, desde los 48 que le fueron otorgados en 2019.
Sin embargo, ¿quién es el culpable de la corrupción en Cuba? El impulso inicial, tal vez, podría ser apuntar a las personas como tal. Pero, ¿acaso no tiene no tiene el Estado, el Gobierno y el sistema socialista impuesto ninguna responsabilidad en ello? Lo cierto es que, en un régimen que diversos estudiosos califican como autoritario, dictatorial, postotalitario, con una economía secuestrada, represión de Estado y monopolio de los medios oficiales de comunicación, las cuentas nunca están claras.
¿Resulta entonces conveniente o no a la dirigencia de la Isla un robo masivo de pollo para justificar su ya declarada incapacidad de solucionar la crisis y la inseguridad alimentarias que sufre el país? Sin dudas, nuevamente, ante la cada vez más creciente informidad popular por la gestión estatal, aparece un chivo expiatorio hacia el cual desviar la atención.
Esperemos, entonces, sin erizarnos, el próximo capítulo para justificar el hambre en Cuba.