¿Qué esconde el gobierno cubano tras la deportación a la pareja de La Blue Kombi?
28 de noviembre de 2024
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n la primera quincena del mes de octubre de 2024 comenzó a
circular por varios medios y redes sociales la noticia sobre la deportación de Cuba de una pareja de youtubers peruanos. Esta información provenía de su propio canal de YouTube, donde habían subido un video que narraba sus experiencias en Cuba.
La Blue Kombi, nombre por el cual se puede hallar en redes sociales, se enfoca en difundir contenido audiovisual sobre los viajes que realizan Eva Cavero y Andrés Izarnótegui a distintas partes del mundo. Sus videos intentan mostrar una visión más cercana a la realidad, que refleja incluso una reflexión social; alejada, por lo general, del prisma de un turista común.
De tal modo, sus experiencias y búsquedas en Cuba resultaron en tres materiales; publicados todos en su canal de YouTube. En el primero, detallan de manera bastante puntual los procesos de censura y acosos desde que ingresaron al país hasta que fueron expulsados de la Isla. Sin ahondar en el significado legal del caso y el tratamiento que recibieron por parte de las autoridades migratorias y la Seguridad del Estado, vale la pena resaltar dos momentos de su historia.
El primer punto de interés radica en que hayan sido retenidos por los oficiales de Migración en la cabina de chequeo de entrada al país e interrogados en las oficinas que tienen en conjunto con la Seguridad del Estado en el propio aeropuerto. En el interrogatorio, uno de los puntos planteados por los agentes fue el número creciente de youtubers que llegan a la Isla con la intención de filmar videos para “desprestigiar” a Cuba. Esta situación de acoso se repitió durante los otros dos días de su permanencia en Cuba, hasta que finalmente fueron deportados.
Por tanto, se puede asumir que el gobierno cubano paga un departamento cuya única función es monitorear cualquier tipo de publicación sobre el país y clasificar a las personas y medios que la emiten en “amigos” y “enemigos”. Sin embargo, en este caso en particular, La Blue Kombi aún no había publicado nada sobre Cuba. ¿Por qué entonces estaban marcados como objeto de interés por la Seguridad del Estado desde antes de su llegada a la Isla?
Esta interrogante podría responderse a partir del otro aspecto notable en las declaraciones de Eva y Andrés recogidas en su primer video. Según ellos, en el interrogatorio que le hacen de vuelta en el aeropuerto, tras su secuestro en el hotel, les preguntan por qué tenían en su canal de YouTube una grabación donde hablaban mal del gobierno de Venezuela.[1]
Lo anterior podría tener dos interpretaciones. La primera, es que el gobierno de Cuba no solo destina personal y recursos para mantener la vigilancia sobre las publicaciones referentes a Cuba; sino monitorea también toda actividad considerada “en contra” de regímenes afines, como es el caso de Venezuela. Otra posibilidad sería que la dictadura cubana, en combinación con los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, tenga una lista conjunta de personas “de interés” a las cuales vigilar, encarcelar, expulsar o negarles la entrada.
Sin dudas, se podría argumentar que otros extranjeros han publicado videos o denuncias en sus redes sociales sobre hechos puntuales de mala atención que han recibido en los hoteles o zonas de Cuba donde es visible la pobreza, sin que ninguno de ellos haya sido expulsado del país. Sin embargo, el alcance de estas publicaciones probablemente sea mucho menor que el contenido generado por La Blue Kombi, con más de un cuarto de millón de suscriptores en su canal de Youtube.
Parte de la verdad que trata el régimen cubano de ocultar a la fuerza aparece reflejado en los otros dos materiales sobre Cuba subidos por Eva y Andrés.
El primero, titulado “La cara de Cuba que no quieren que veas” ofrece de cierta manera una comparación entre algunas de las zonas turísticas y otras más pobres en La Habana, en especial la Habana Vieja y Centro Habana. Además del diálogo complementario que sostienen para ampliar algunos temas con el director del sitio digital independiente Árbol Invertido, Francis Sánchez, lo más importante es el personaje de Luisa, una anciana que reside sola en un solar.
Esta mujer cuenta que en 1999 se derrumbó su antigua vivienda, en Centro Habana, por lo que el Estado le otorgó un cuarto, en un solar,[2] como hogar de tránsito, hasta tanto le fuera asignado otro inmueble. Sin embargo, dos décadas después, Luisa sigue en el mismo espacio, en condiciones deplorables.
Como se observa en el video, el cuarto donde vive Luisa no solo está en mal estado constructivo; tampoco tiene las condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto a espacio, ventilación, servicios sanitarios y acceso a agua. Según explica ella misma, la única manera que tiene para cocinar y fregar es almacenar el líquido en cubetas que carga desde el patio del solar y botar la que llena con el agua sucia del fregadero, ya que no tiene ningún tipo de instalación hídrica o de desagüe.
Esta situación no solo dificulta su vida cotidiana. Luisa, quien necesita operarse de cataratas, asume que su única opción es quedarse ciega debido a la falta de agua directa en su hogar. El hecho de vivir sola le imposibilita hacer el reposo que requiere esta operación al tener que seguir cargando las tanquetas de agua y cogiendo el calor en la cara cuando hierva el agua para potabilizarla y poder beberla a diario.
El otro video, “Así es la dura vida de las jineteras en Cuba”, tiene como eje central la historia de dos mujeres menores de 25 años, ambas madres, cuya solución para mantenerse y alimentar a sus hijos, ante la agudización de la policrisis que Cuba atraviesa, ha sido ejercer la prostitución.
Las historias de Jennifer y Barbie, más allá de todos los reparos éticos y morales que pudieran enfrentar, reflejan la realidad de una gran parte de la juventud cubana. Ambas hablan de las frustraciones económicas que viven, de los desafíos que constituye alimentar una familia y de la migración como única vía de escape para mejorar sus vidas y las de sus hijos.
El caso de Jennifer resulta especialmente interesante por las particularidades que presenta. En primer lugar, esta muchacha, originaria de provincia, tiene un estatus de inmigrante ilegal en La Habana.[3] Al no tener una dirección habanera en su carné de identidad, no puede ocupar ninguna plaza de trabajo oficial o inscribirse en ninguna escuela para culminar sus estudios preuniversitarios. Sus opciones, por tanto, se ven bastante limitadas.
Por otra parte, su misma condición de inmigrante ilegal no le permite acceder en La Habana a la cuota de alimentos racionados que le tocan por la libreta de abastecimiento. Sin embargo, un traslado de libreta implicaría que su madre y su hermanita pequeña verían disminuida su ya afectada alimentación al dejar de recibir los mandados que le corresponden a ella. Esto significa que Jennifer no solo es responsable directa de la alimentación de sus dos hijos pequeños —a lo cual se suma la manutención de una tía, enferma, con la que vive—; sino que, de manera indirecta, contribuye también con la de su madre y su hermana menor.
Barbie y Jennifer coinciden en que emigrar fuera de Cuba es el único modo de que sus hijos y ellas puedan tener una vida mejor. Pero, para ello, hace falta dinero; mucho más si lo hacen a través de vías seguras. Según calcula Jeniffer, para ella y sus dos hijos necesitaría cerca de 15 000 dólares con los cuales pagar la travesía y los primeros meses de alquiler y comida hasta encontrar un trabajo que logre sustentarlos económicamente.
En estos dos videos, La Blue Kombi muestra parte de la realidad que el gobierno cubano intenta ocultar al mundo: Luisa, Jennifer y Barbie son parte de esa población vulnerable que el Estado y el gobierno cubanos ha abandonado.
Luisa es una, entre tantas personas pertenecientes a la tercera edad, que vive en pésimas condiciones, sin recursos para mejorar. En Cuba, país con la población más envejecida de América Latina —casi 25%, según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), replicados en el órgano oficial de prensa Granma—, aproximadamente 40% de los jubilados estatales cobran el retiro mínimo de 1 528 CUP mensuales; cifra que equivale a 12 dólares según la tasa de cambio oficial y 4,6 dólares de acuerdo con la tasa cambiaria del mercado paralelo de divisas. Con ese dinero, deben costear su alimentación, aseo, medicamentos y los servicios básicos cada mes. Pero, ¿les alcanza?
Pongamos, por ejemplo, el acceso de este grupo etario a un alimento como el arroz, fundamental en la dieta de los cubanos. Según un artículo publicado en 2011 por el sitio oficial Cubadebate, el consumo de este cereal promedia 11 libras mensuales per cápita. Sin embargo, los cubanos solo tienen derecho a comprar 7 libras mensuales a través de la libreta de abastecimiento a un precio supuestamente subsidiado. Aun así, esta cuota ni siquiera está garantizada.
Desde hace varios años, Cuba afronta serios problemas con la importación del arroz correspondiente a la llamada canasta básica; a lo cual se añade la pérdida de la capacidad productiva debido, en gran parte, a la mala política agraria y falta de inversiones por parte del Gobierno. Esto ha traído como consecuencia continuos retrasos en la distribución del arroz a las bodegas, por lo que es común que no llegue la cantidad completa o entre a finales de mes o inicios del siguiente. O sea, se ha vuelto una práctica sistemática en la Isla que las personas no puedan comprar el arroz en las bodegas durante el mes en curso.
Tanto en estos casos como para completar el total del consumo promedio, las opciones que quedan son acudir a las tiendas en divisas, las mipymes, el mercado negro o, aquellos que tienen familiares en el exterior, esperar a que les compren este producto en las tiendas del pujante mercado virtual de alimentos para Cuba y se los hagan llegar. Sin embargo, a los menos afortunados, sin acceso a divisas, no les queda más remedio que recurrir a las mipymes o al mercado negro.
En estos sitios, una libra de arroz vale entre 200-250 CUP. Por tanto, las 4 libras que completan el consumo mensual per cápita de este cereal cuestan aproximadamente la mitad de un retiro mínimo en Cuba. Estos cálculos apuntan a que, cuando se atrasa la distribución del arroz, el dinero destinado a comprar este único producto puede alcanzar el monto íntegro de una jubilación mínima, e, incluso, llegar a sobrepasarlo.
Esto implica que muchos adultos mayores, después de jubilarse, se vean obligados a seguir trabajando; en muchos casos, los hombres como custodios en centros estatales o jardineros y las mujeres en labores de limpieza en hospitales o tareas domésticas en casas particulares. Así y todo, los salarios devengados por estas actividades tampoco son suficientes para llevar una vida digna en la vejez.
A la situación de desamparo y precariedad que experimentan los adultos de la tercera edad en Cuba, se suma el abandono familiar provocado por la creciente ola migratoria debido a la policrisis que sufre la Isla. Así, los más jóvenes tratan de emigrar hacia el exterior, dejando atrás a padres y abuelos; a quienes dejan, en muchas ocasiones, la responsabilidad extra del cuidado de sus hijos menores de 18 años.
La desprotección estatal y gubernamental que enfrentan los adultos mayores en la Isla es uno de los tantos aspectos de la realidad cubana actual que el Gobierno intenta ocultar a toda costa; pues, parte del mito revolucionario se basa, precisamente, en que ni la Revolución ni el socialismo dejan a nadie desamparado.
Las historias de Jennifer y Barbie, por su parte, deconstruyen también otros mitos esgrimidos por el discurso oficial sobre los logros alcanzados por la Revolución: la erradicación de la prostitución y la protección a la mujer y a la infancia en Cuba.
En fecha tan temprana como 1961, el Gobierno Revolucionario emitió la Ley 993 contra la prostitución y el proxenetismo, que pasaron a ser considerados delitos de peligrosidad social. No solo se cerraron los prostíbulos que aún quedaban, sino que las prostitutas y proxenetas fueron apresados y enviados a centros de reeducación, en un programa regentado por el Ministerio del Interior.
Sin embargo, la crisis generalizada del Período Especial, en la década de 1990, producida por la caída del campo socialista, reavivó la prostitución —tanto femenina como masculina— y el proxenetismo como formas de supervivencia, al punto que Cuba se convirtió, para muchos extranjeros, en un destino de turismo sexual, barato por demás. Así, miles de hombres y mujeres redescubrieron un país en el que, para poder comer y alimentar a sus seres queridos, vender el cuerpo era una opción —a veces incluso la única— viable.
El Estado y el gobierno cubanos habían dejado de ser capaces de garantizar la alimentación al pueblo. En cambio, ahora garantizaban un turismo extranjero en el cual delegaban tal responsabilidad. Tres décadas después, esta situación no ha mejorado.
Jennifer y Barbie, ambas madres solteras, asumieron ese camino como la solución a corto plazo de sus problemas más acuciantes: alimentar a sus hijos y mantener sus hogares.
En el caso de las mujeres sin trabajos estatales, con niños en edad no escolar—como ellas—, el cuidado de los hijos se dificulta mucho porque no tienen derecho a los círculos infantiles públicos, sino deben pagar cuidadoras particulares o jardines infantiles privados en caso de que no tengan algún familiar que pueda hacerse cargo de los pequeños durante su horario laboral. Esto, además de añadir un gasto extra, limita bastante los empleos a los que pueden aplicar; mucho más para aquellas que no lograron terminar sus estudios o dominen algún oficio.
Sin dudas, tener la responsabilidad de la alimentación de un menor en Cuba puede ser una carga económica difícilmente sostenible. Teniendo en cuenta el costo promedio[1] de alimentos básicos para los niños cubanos en la primera infancia, como pueden ser la malanga (200 CUP / lb), la calabaza (40 CUP / lb), los huevos (3 500 CUP / 30 unidades), el pollo (350 CUP / lb) y la frutabomba (50 CUP / lb), puede estar cerca de los 2 000 CUP semanales; casi el total de un salario mínimo estatal (2 100 CUP) devengado cada cuatro semanas en la Isla. Al mes, el gasto en alimentación para un niño en edad no escolar puede llegar a sumar 8 000 CUP; el equivalente a dos salarios medio (4 000 CUP) de un trabajador del sector formal.
Pero esta cifra aumenta una vez que los niños alcanzan la edad escolar, pues, además de garantizar la alimentación en la casa, sus responsables tienen que asegurar también la alimentación en las escuelas. Esto significa comprar alimentos extra para las meriendas (matutina y vespertina) y almuerzos; ya que hace tres décadas que los centros de educación primaria dejaron de dar merienda a sus estudiantes y el almuerzo ha venido decayendo en calidad y cantidad hasta llegar a ser solamente el arroz, por ejemplo.
A esta situación se agrega la pérdida del derecho de los niños que cumplen 7 años a comprar la leche a precio subsidiado mediante la libreta de abastecimiento. El Gobierno entiende que, a partir de esa edad, este producto no es un alimento indispensable en la dieta infantil y, por tanto, si las madres quieren incluirla en la rutina alimentaria de sus hijos, deberán comenzar a pagar cerca de 1 500 CUP por un kilogramo de leche en polvo que les rendirá, aproximadamente, un vaso de vaso de 8 onzas diario a lo largo del mes.
Estas realidades, que sin dudas muestran no solo una transversalidad de la pobreza en Cuba, sino incluso una feminización de esta, empeñan la imagen de la Isla y la Revolución que el Gobierno pretende sostener ante la comunidad internacional por el mayor tiempo posible.
Para ello, en un país donde costo de la alimentación supera con creces los salarios estatales, el antídoto gubernamental se apoya en eventos culinarios, culturales y de turismo internacionales, a los cuales destina mayores inversiones que al desarrollo agrícola, por ejemplo; así como el pago a influencers para que generen contenido sobre las bondades de Cuba y los logros de la Revolución cubana, y respalden la justificación de que el embargo estadounidense a Cuba es el causante de la crisis por la que atraviesa el país. De hecho, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) expresó el año pasado en el 11 Congreso de esta organización que la Revolución necesita youtubers, influencers y tiktokers para estar bien comunicada. Así, el gobierno cubano decide cuál de estos creadores de contenido digital es “amigo” y cuál “enemigo”, a quienes aupar u hostigar según laven la cara al régimen, como los 20 influencers a los que pagó un viaje en la Isla en 2023; o denuncien la realidad, como La Blue Kombi, a quienes decidió secuestrar en el hotel donde estaban hospedados y deportarlos de Cuba.
Sin embargo, el acoso y expulsión de Eva y Andrés no es un hecho aislado, como confirman varios creadores de contenido digital cubanos que han sido interrogados, encarcelados y obligados incluso al exilio.
Un ejemplo bastante visible en los últimos tiempos es Hildina (Hilda Núñez), una youtuber santiaguera, madre de un bebé, que fue arrestada en su propia casa y acusada de “manipular la realidad de los cubanos”; finalmente, fue liberada tras varias horas de interrogatorio, tras imponerle una multa de 3 000 CUP por violar el artículo 68 del Decreto-Ley 370 contra la utilización de las redes sociales para desacreditar al Gobierno y ser obligada a firmar una carta donde se comprometía a no subir más contenido. Esta muchacha, además de contar la realidad de su entorno más cercano, compraba comida con donaciones de sus suscriptores, que repartía a personas desfavorecidas en Santiago de Cuba; motivo por el que fue acusada de “hipócrita” por los agentes de la Seguridad del Estado.
Anteriormente, había sido amenazada con ser separada de su puesto laboral en la Universidad de Oriente por mostrar en un video cómo era vivir en un país comunista como Cuba. El cerco de hostigamiento impuesto por la Seguridad del Estado y la amenaza de quitarle la patria potestad sobre su bebé llevaron a que Hildina tomara el camino del exilio poco tiempo después de ser liberada.
Otros casos similares al suyo son los de la youtuber Ruhama Fernández; Carnota (José Ernesto González); o el Gato de Cuba (Yoandi Montiel), quien sufrió una condena de dos años de cárcel. Por otra parte, a finales de diciembre del año pasado fue publicada en la Gaceta Oficial un listado de 61 cubanos que el gobierno cubano considera como “terroristas” tan solo por denunciar y visibilizar la realidad en Cuba; entre ellos, Alexander Otaola, Alain Paparazzi (Alain Lambert) y Ultrack (Jorge Ramón Batista).
Como instrumentos jurídicos para censurar y reprimir, en 2019 entró en vigor el Decreto-Ley 370. Específicamente, su artículo 68 establece que se sancionará la difusión, “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, con multas de 3 000 CUP y el decomiso de los equipos utilizados para ello.
Dos años después, en 2021, apareció el Decreto-Ley 35 con el propósito de
contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio; salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la Economía, la Sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil; y defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista […] impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos […] No usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público.
En un período de apenas cuarenta y ocho meses, contravenir el Decreto-Ley 370 pasó de ser considerado un delito menor a uno de muy alta peligrosidad contra la Seguridad del Estado si se viola el Decreto-Ley 35.
Más recientemente, en 2024, entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que prohíbe cualquier comunicación que no exprese el “pensamiento revolucionario del pueblo y su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista, con apego a los postulados refrendados en la Constitución”.
Así, el gobierno cubano ha ido adaptando las normativas jurídicas para ejercer la censura y la represión sobre todo aquel que muestre, aunque sea de refilón, la realidad que tanto se empeña en ocultar. Todo aquel que ose contar una verdad diferente se volverá un enemigo público y, como tal, será tratado. Sin embargo, cada vez le va costando más trabajo al régimen mantener la burbuja de Cuba como paraíso comunista, donde nadie pasa hambre. Deportar a Eva y a Andrés no ha salvaguardado la burbuja; ha sido un pinchazo para que más de un cuarto de millón de personas en todo el mundo conozcan verdaderamente qué sucede en la Isla.
[1] Este video en cuestión aborda la vida de una comunidad venezolana asentada en Perú producto de la gran ola migratoria debido a la creciente crisis económica y política en Venezuela, entre otros aspectos.
[2] Un solar, básicamente, es una cuartería o especie de casa de vecindad. O sea, un conjunto de pequeñas habitaciones construidas, por lo general, alrededor de un patio central o escalera, ocupadas cada una por familias diferentes. Estas construcciones, representativas de la pobreza en las zonas citadinas, fueron diseñadas con baños exteriores compartidos, sin ventilación y sin acceso a agua dentro de cada cuarto.
[3] Cuba considera como inmigrante ilegale a todo ciudadano cubano que no esté domiciliado de manera oficial por el Registro de Viviendas en la provincia donde reside. Por tanto, gran parte de los migrantes internos son considerados ilegales y pueden ser deportados a la provincia donde esté registrado su carné de identidad. Esta migración interna “ilegal” repercute de manera negativa en la sobrepoblación de algunas zonas, la pérdida de mano de obra en otras, el mercado negro laboral y la construcción de asentamientos periféricos con altos niveles de pobreza.
[4] Es importante aclarar que los precios de estos productos pueden variar según la localidad, estación y clima. La malanga —alimento indispensable en la dieta de los bebés, ancianos y personas enfermas en Cuba—, por ejemplo, suele subir de precio durante las épocas lluviosas, pues disminuye la oferta al no poderse extraer el tubérculo bajo la lluvia. Asimismo, los huevos son un producto que, por lo general, se compra a mayor precio en otras provincias, como Matanzas, que en La Habana.