Por cuenta propia: la crisis alimentaria del pequeño productor
25 de mayo de 2023
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a situación de inseguridad alimentaria en Cuba no amaina.
Según una columna del 19 de mayo, publicada por 14ymedio los pequeños propietarios y los cuentapropistas son los más afectados frente a los favores que reciben las mipymes en medio de una crisis que solo arrecia. Alexis González, padre y propietario de una cafetería en Camajuaní, Villa Clara, captura vívidamente las luchas y frustraciones que enfrentan personas en su misma condición en el país.
En este video, González expresa sus preocupaciones: la escasez, las trabas burocráticas y el incesante acoso de los inspectores estatales como manifestaciones del abuso y el desdén estatal. La lucha por la adquisición de materias primas hace virtualmente imposible el funcionamiento de este establecimiento.
Vale la pena resaltar que, según sus propias palabras, lo que a González más le agobia es el acoso de los inspectores. En lugar de facilitar el funcionamiento del establecimiento, sus inquisiciones se centran en el origen de los productos, insinuando el acceso a los recursos por medio del contrabando. Asimismo, los inspectores ponen en tela de juicio la asociación con otros pequeños productores, que la leen en clave política cuando lo que quiere es poder ofrecer un servicio a la comunidad y ganar un sustento.
La petición de González es clara, que el Estado impulse unas medidas más flexibles para que su negocio privado, así como el de muchos otros cuentapropistas, prospere. Las soluciones ya implementadas, como el monopolio de la distribución de ciertos insumos, le juegan en contra al pequeño productor. Hay una favorabilidad a ciertas empresas pequeñas y medianas con cartas blancas del gobierno, que tienen además mayores gananciales. El reclamo de Alexis González es uno de tratamiento equitativo y de liberalización de las actividades económicas, en procura de un mejor acceso en materia de derechos económicos y sociales. Y no se trata de una voz aislada, es una de muchas voces de cuentapropistas, de pequeños empresarios y, sobre todo, de consumidores que denuncian que el Estado es una traba en lugar de un alivio en materia de alimentación.
Y es que la situación de suministro, acceso y asequibilidad de insumos para los pequeños productores son parte de un panorama más problemático. Las decisiones del régimen se quedan cortas a la hora de solventar la crisis alimentaria. Esto se debe, en gran medida, a la desconexión con el sector privado y, concretamente, con la pequeña empresa. Las iniciativas gubernamentales se quedan en buenas intenciones en medio de un panorama de aumento de la crisis económica. El desgastado caballo de batalla del “bloqueo” no pone alimentos en la mesa de los ciudadanos. Resulta curioso que el primer ministro, Manuel Marrero, reconozca que cerca del 80% de la producción agrícola del país depende de la iniciativa privada y que, simultáneamente, las políticas estatales mantengan en líneas generales el monopolio estatal de la producción y la distribución. En el mismo discurso, el funcionario declara que la oferta de alimentos para consumo parte mayormente del sector privado y que tiene unos precios elevados. Si la garantía de la alimentación de la población, en este modelo depende del Estado ¿por qué insinúa que la responsabilidad de la inseguridad, en materia de adquisición, es de los privados?
Marrero de alguna manera reconoce la situación de precariedad y la ineficacia de las políticas estatales cuando habla de “saber a dónde tenemos que ir”. La dificultad de aplicar políticas y planes de acción inicia en la recolección de información. Los datos para el mes de abril presentados por la ONEI muestran un panorama desalentador, pero sus fuentes siguen siendo distorsionadas e imprecisas. Una de las graves dificultades del reconocimiento del problema público en Cuba inicia por la parcialización de la información y la imposibilidad de contrastarla por medios independientes. En otras palabras, es posible intuir que la situación que muestran los datos oficiales sea notoriamente más grave de lo que están dispuestos a admitir.
En lugar del engorroso papeleo, las interminables inspecciones y la generación de una sensación de inseguridad, el Estado debería buscar la inclusión del sector privado para paliar la situación de escasez de alimentos. Pero esta es una de muchas acciones que el gobierno cubano no puede o no quiere implementar, porque implicaría, en el mediano plazo, la libre circulación de moneda, la liberalización de precios de insumos, la libre asociación y, quizá, la libertad de disentir abiertamente con el régimen.