Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cuba. Según las fuentes oficiales y los medios de comunicación oficialistas, es la primera vez que en Cuba se trabaja un plan normativo que busca no solo mejorar la calidad inocuidad y cantidad de alimentos en los platos de los cubanos, sino que, igualmente, busca reeducar a la población para enseñarle a aprovechar mejor los productos locales. En este ejercicio, junto con el Gobierno cubano han participado organizaciones internacionales como la FAO, movimientos como la Oxfam y personas como el teólogo brasileño Frei Betto. 

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Como antecedente a este marco normativo, se han generado una serie de documentos con la participación de estos actores internacionales. El primero, construido en 2019 por Oxfam y por La FAO es un plan de implementación con relación a la soberanía alimentaria. Ese documento incluye de manera jerárquica los siguientes temas: la soberanía alimentaria, la educación nutricional, y, por último, la seguridad alimentaria. El documento presentado incluye el lenguaje que es común a las propuestas de seguridad alimentaria implementadas en otras partes del mundo. Por ejemplo, incluye enfoques de género y diferenciales para atender las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. Asimismo, reconoce las diferencias de consumo y de producción enmarcadas en un enfoque territorial que implica el reconocimiento de costumbres y hábitos alimentarios que son variados de acuerdo en cada región de Cuba

El documento al que se hace referencia se llama “Guía para la implantación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en los municipios”. Llama la atención que en este documento todo el papel de producción, distribución de tierra, distribución de alimentos para el consumo y educación nutricional quedan todos a cargo del Estado y que su evaluación de implementación también corre por cuenta del Estado. Es decir, el triunfo o el fracaso de esta implementación del plan de soberanía alimentaria dependerá de lo que el Estado cubano informe y no lo que organismos independientes puedan determinar. 

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A este documento le va a acompañar uno llamado “cartilla popular del plan de soberanía alimentaria y educación nutricional de Cuba” cuyo autor es Frei Betto, “nuestro amigo”, como dicen los oficialistas, y a quien consideran una autoridad en Cuba con relación a los asuntos de seguridad y soberanía alimentaria. Este documento contiene afirmaciones que directamente niegan la realidad de la ciudadanía cubana tales como afirmar que en Cuba “a la luz del concepto de seguridad alimentaria no hay ningún problema”. El proyecto de ley discutido actualmente se basa en este tipo de afirmaciones que desconocen precisamente el problema de seguridad alimentaria en muchos de sus aspectos. En primer lugar, este proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentarias que se está discutiendo actualmente y que pronto verá la luz no tiene presente el hecho de que uno de los graves problemas que enfrenta la población cubana es el de acceso y disponibilidad de los alimentos. En segundo lugar -uno de los asuntos más graves que tiene la situación de disponibilidad de alimentos en Cuba- que la dependencia de las importaciones ha hecho que los precios se encarezcan a tal punto que hasta el mismo Gobierno cubano no tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras ni para poder conseguir algunos de los agro insumos más importantes para producir, así como para poder importar algunos alimentos.

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La solución que presupone el plan de seguridad y soberanía alimentaria asume dos posturas que son muy complicadas: por un lado, el incentivo de la producción interna agrícola y ganadera para unos campesinos que si no están organizados dentro de las cooperativas oficialistas no tienen la posibilidad de acceder a insumos agrícolas y a los subsidios del Estado que se requieren para poder realizar estas labores. Por otro lado, la búsqueda de la adaptación del consumidor final, la ciudadanía cubana, a la escasez y a la sustitución de los alimentos tradicionales por nuevos productos que el Estado cubano pueda distribuir. Si el Gobierno cubano no tiene la capacidad material para llevar a cabo los planes que supone este proyecto de ley, esta iniciativa no será más que un norma que quedará escrita, una más que se suma a las garantías de alimentación que consigna la constitución cubana en sus artículos 77 y 78. 

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Parte de la garantía con la que contaría el Gobierno Cubano para poder mejorar los insumos agrícolas, la distribución de alimentos, la mejora en la producción dependerá de dos factores fundamentales: de la cooperación internacional y de la posibilidad de que los privados suministren parte de los insumos y bienes necesitados. En cuanto a la cooperación internacional, la semana pasada Oxfam anunció su retiro de Cuba debido a reestructuraciones de la organización a nivel mundial. En cuanto a la posibilidad de la participación de agentes privados en la cadena de producción y distribución, el gobierno cubano no tiene interés en perder el control del mercado al detal de bienes de consumo e insumos de trabajo, por lo que no es posible que un tercero, como una cadena internacional, se encargue de proveer los suministros. En este sentido, la dichosa soberanía alimentaria que pretenden implementar en Cuba juega en contra de los intereses de la ciudadanía cubana.