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al como hemos insistido desde nuestro trabajo en Food Monitor 

Programa, el derecho a la alimentación es un Derecho Humano, orientado a garantiza el acceso a una dieta adecuada, suficiente y culturalmente aceptable, que permita una vida digna y saludable, más allá del hecho de comer. Este derecho, reconocido y promovido por la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuenta con un instancia muy importante para su defensa dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación.

El Relator tiene la responsabilidad de supervisar y evaluar la situación del derecho a la alimentación en todo el mundo, presentando informes anuales tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General. Además, realiza visitas a diferentes países para obtener información directa y comunicar preocupaciones a los Estados y otras partes interesadas sobre violaciones de este derecho.

El mandato del Relator Especial se enfoca en promover la plena realización del derecho a la alimentación a nivel global. Esto implica no solo asegurar que las personas no sufran hambre, sino también que tengan acceso a una alimentación adecuada que respete sus tradiciones culturales. Para lograrlo, el Relator trabaja en colaboración con gobiernos y la sociedad civil, participando activamente en seminarios y conferencias para promover políticas y estrategias eficaces. Un aspecto esencial del mandato es la incorporación de una perspectiva de género y la consideración de la edad, reconociendo que mujeres y niños son particularmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y la pobreza. El Relator también examina los obstáculos actuales y potenciales para la realización del derecho a la alimentación y propone recomendaciones para superarlos.

Por su parte, los Estados tienen varias obligaciones clave para garantizar este derecho. Deben respetar el acceso existente a una alimentación adecuada, proteger a las personas de acciones que limiten su acceso, y realizar acciones que fortalezcan el acceso a recursos alimentarios. En situaciones donde individuos o grupos no pueden asegurar su alimentación adecuada por razones fuera de su control, los Estados deben intervenir directamente para garantizar este derecho. Además, deben evitar toda forma de discriminación y abstenerse de adoptar medidas que deterioren el nivel de cumplimiento del derecho a la alimentación.

Sobre el informe “La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático”

En el contexto actual, el Relator Especial, Michael Fakhri, ha abordado temas críticos como el impacto del cambio climático en la pesca y, por ende, en la seguridad alimentaria. Este año, presentó el informe A/HRC/55/49: "La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático", que subraya la interconexión entre el medio ambiente y el derecho a la alimentación. El informe destaca la necesidad de políticas que consideren estos factores para garantizar la sostenibilidad y accesibilidad de los recursos alimentarios, y llama a los Estados y actores relevantes a tomar medidas urgentes y coordinadas para enfrentar estos desafíos.

El informe subraya la importancia crítica de los pescadores en pequeña escala y los trabajadores del sector pesquero para las comunidades costeras y ribereñas, y cómo su labor es fundamental para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. A lo largo de décadas, sus advertencias sobre la sobrepesca han sido ignoradas, lo que ha provocado una disminución significativa de las poblaciones de peces. La pandemia de COVID-19 exacerbó su situación, causando pérdida de empleos y un aumento de la violencia de género. A pesar de estos desafíos, las comunidades pesqueras siguen desempeñando un papel crucial en la conservación y gestión de los ecosistemas acuáticos, por lo que el informe llama a reconocer sus derechos y promover la solidaridad basada en derechos humanos y justicia de género.

El informe destaca la peligrosa y precaria situación de los trabajadores del sector pesquero, quienes enfrentan condiciones inseguras debido a la falta de supervisión y aplicación de regulaciones de salud y seguridad en muchos Estados. Cada trabajador sostiene a tres personas en promedio y su trabajo apoya múltiples empleos secundarios. La pesca comercial tiene altos índices de mortalidad y enfermedades, y los trabajadores de la acuicultura enfrentan riesgos por exposición a sustancias tóxicas. El cambio climático y la explotación de recursos naturales están exacerbando los problemas ambientales y sociales, afectando gravemente a las comunidades pesqueras.

En términos de políticas, el informe menciona el Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que busca conservar el 30% de la alta mar para limitar la sobrepesca y la pérdida de biodiversidad, apoyando la seguridad alimentaria y los valores culturales. Sin embargo, advierte que la implementación de áreas protegidas sin resolver los desequilibrios de poder puede amenazar la seguridad alimentaria local. El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, aunque provisional, prohíbe subvenciones a la pesca ilegal y a poblaciones sobreexplotadas, buscando equilibrar el apoyo entre la pesca a gran y pequeña escala.

El concepto de economía azul y la transformación azul, que promueven el uso sostenible de recursos oceánicos, a menudo ignoran los derechos humanos y pueden excluir a los pescadores en pequeña escala. La acuicultura, en crecimiento, enfrenta desafíos de sostenibilidad y seguridad alimentaria, requiriendo regulación cuidadosa para evitar agravar la inseguridad alimentaria.

El informe critica la financiación azul, que involucra a élites e instituciones financieras, por aumentar la desigualdad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en comunidades costeras e indígenas. Este enfoque financiero trata la conservación como un problema de déficit de financiación y propone subvenciones a inversores privados para proyectos de conservación. Los canjes de deuda por medidas de protección ambiental, aunque comunes, presentan altos costos de transacción, falta de transparencia y beneficios limitados.

Contribución desde Food Monitor Program

Como uno de los elementos esenciales que se busca resaltar con esta columna, es precisamente la importancia de los aportes de la sociedad civil a este tipo de mecanismos, ya que como sus recursos son tan limitados, una de las formas de poder conocer de primera mano sobre la realidad de los países es mediante la presentación de contribuciones e información por parte de diferentes organizaciones.

A través de sus aportes, estas organizaciones ayudan a visibilizar la situación en diversos países, proporcionando información valiosa y relevante que puede influir en las acciones y decisiones de los procedimientos especiales. Aunque debemos mantener expectativas realistas sobre lo que estos procedimientos pueden lograr, es fundamental seguir ocupando estos espacios para asegurar que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas y que sus derechos sean defendidos.

Es así que, asumiendo nuestra responsabilidad, desde Food Monitor Programa contribuimos en aportar elementos relevantes para la construcción del informe “La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático”. La contribución presentada destaca varios puntos críticos:

1. Principales retos en Derechos Humanos: las personas dedicadas a la pesca en pequeña escala en Cuba enfrentan crisis debido a la sobrepesca, contaminación y cambio climático, reduciendo drásticamente el consumo de productos marítimos. La falta de inversión en infraestructura y recursos básicos agrava la situación.

2. Buenas prácticas recomendadas: que el gobierno cubano implemente un plan nacional para recuperar la flota pesquera, reinvertir ingresos en infraestructura pesquera y facilitar la participación de comunidades pesqueras en decisiones políticas.

3. Inclusión en procesos políticos: la importancia de la participación activa de la pesca en pequeña escala en procesos políticos para asegurar representación adecuada y consideración de sus necesidades específicas.

4. Preocupaciones en la cadena de producción y distribución: condiciones laborales peligrosas y falta de infraestructura adecuada en la cadena de producción y distribución de la pesca en Cuba, a pesar de la nueva legislación que no ha mejorado significativamente las condiciones para los pescadores en pequeña escala.

Finalmente, es importante volver sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en los mecanismos de Derechos Humanos, resulta necesario seguir ocupando estos espacios para garantizar que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas y sus derechos protegidos.