La sed del otro: seguridad hídrica en Cuba
30 de marzo de 2023
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or motivos del cambio climático, el embargo económico,
los efectos de la pandemia COVID-19 y la situación económica, Cuba, según la narrativa oficial, tiene un problema de escasez de agua. La responsabilidad de la falta de agua, tanto para consumo directo como para el cultivo y la preparación de alimentos, tiene varios factores, pero es el silencio de la administración del régimen el que llama la atención. Ese silencio está en la responsabilidad de la administración pública de los recursos, es decir, de la directa responsabilidad del régimen. No ha podido, o no ha querido, atender las necesidades mínimas de infraestructura para garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano.
El régimen, previendo una agudización de la escasez de agua, ha dispuesto “estrategias comunicativas” que ofrezcan un medio de información “oportuno” para la población. El medio oficial Cubadebate sacó un fotorreportaje el pasado 15 de marzo invitando a la población de la Habana a recoger la mayor cantidad de agua potable, dadas las previstas interrupciones en el servicio de suministro. La causa, dice el medio, son las ingentes labores de los brigadistas que realizan trabajos de mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
Igualmente, la escasez del precioso líquido ha obligado a la población rural a hacer “pinchazos” en los tubos de suministro del agua potable, para el riego de sus cultivos. El régimen, en lugar de dar una solución al problema del suministro de agua, obstaculiza a quienes tienen la necesidad de riegos para cosechas con las que proveen de alimentos a la población. La región más afectada por la escasez del agua es la región del centro oriente del país.
En una batería de entrevistas realizadas por Food Monitor Program, relacionada con la inseguridad energética, se evidenció que la escasez de energía también suponía una escasez de agua, dado que muchos hogares dependen de bombas eléctricas para este suministro. En estudios subsiguientes de nuestro programa también hemos constatado que la gran mayoría de las instituciones educativas en Cuba carecen de un suministro constante de agua potable, elaborándose los alimentos con reservas en cisternas que no tienen la calidad indicada. Por ello los alumnos, recomendado por los mismos directivos de estos institutos, deben traer envases de agua de sus casas para ser consumida durante la jornada lectiva.
Pero el caso de la Habana no es aislado. La misma prensa oficial informa que el suministro de agua en las provincias orientales está al 25% de su capacidad, y se espera que este suministro se vea más afectado por la sequía que se avecina. Y el problema de no poder satisfacer la demanda con la oferta de agua actual se traduce a una elevación de los costos de este preciado líquido, dificultando el acceso, en términos monetarios, de una población que con mucho esfuerzo económico alcanza a conseguir los bienes de primera necesidad. Esta situación va por el mismo camino de los problemas de suministro de electricidad que ha tenido la isla en el curso de este año y del pasado, que tuvo medio país a oscuras en febrero, por ejemplo.
Por supuesto, el 22 de marzo, día internacional del agua, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a la sociedad cubana a cuidar este “precioso líquido” en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, en la cumbre de G-77 + China, Inés María Chapman, viceprimera ministra cubana, sostuvo que el Estado cubano estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el suministro de agua potable, siguiendo las líneas del plan de Acción de Agua 2018-2028 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, afirmó que sus éxitos han sido magros a causa del “criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos”. Ese ha sido, en palabras de Chapman “el principal obstáculo” para alcanzar las metas propuestas por los ODS. Pero la realidad es que el régimen cubano insiste en disponer sus recursos económicos para el sector turística y empresarial en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Y es la administración cubana se ha habituado a que su rol es ese, meramente comunicativo. Recientemente, el presidente cubano se reunió con representantes de la FAO para discutir la estrategia de comunicación de las acciones previstas en la ley SSAN, que ya tiene tres meses de haber entrado en vigor. La propuesta de la actividad estatal, dígase su responsabilidad pública, está en “comunicar” los métodos y mecanismos para el aprovechamiento de los espacios cultivables en los hogares cubanos: jardines, techos, macetas (ya en otra columna de FMP habíamos indicado que los cultivos domésticos no representan ni el 5% de la tierra cultivable en Cuba). Entonces, ¿de qué sirven estas iniciativas si no hay un suministro de agua potable suficiente?
Parece ser que la responsabilidad del Estado se reduce a la divulgación de normas y planes que no cuentan con los medios para ser viables y que su única respuesta posible es que la culpa es de “otro.” Sobre estrategias comunicativas de gobiernos en desarrollo esta ha sido una crítica recurrente, el enfoque en la “comunicación”, “instrucción” o educación” no solamente indica una falta de voluntad gubernamental para emprender soluciones, sino la postura facilista de radicar el problema en la “ignorancia” o “malas prácticas” de la ciudadanía, lo que constituye otra forma de autoritarismo y represión.