una respuesta urgente tanto a nivel nacional como internacional. La Isla enfrenta una grave crisis social, agravada por una crisis energética y alimentaria que ha dejado a muchas personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de esta desesperada realidad, parece que la comunidad internacional no ha respondido con la premura y la determinación que el asunto merece.

 

En momentos como estos, es esencial reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de apoyar a aquellos que sufren y de no permitir que la política o las ideologías nublen nuestra visión de la humanidad compartida. Es alarmante observar cómo, incluso en medio de la desesperación, persisten defensores de un sistema que juega con las necesidades más básicas de las personas.

 

En este contexto, la responsabilidad de la sociedad civil organizada cobra un papel crucial. Es necesario visibilizar y posicionar el tema en los sistemas de protección internacional para contrarrestar la narrativa oficial y presionar por una respuesta más efectiva y solidaria. Sin embargo, para lograrlo de manera eficaz, es fundamental que las circunstancias sean encuadradas dentro de categorías claras en el derecho internacional.

 

Aquí es donde surge un problema evidente: las categorías existentes en el derecho internacional no parecen adecuarse completamente a la realidad de situaciones como la crisis en Cuba. Las crisis humanitarias complejas, por ejemplo, fueron diseñadas para un mundo que en gran medida ya no existe. Estas categorías no logran capturar la complejidad de situaciones en las que el propio Gobierno es el principal responsable, utilizando la privación de recursos como herramienta de control sobre la población y negándose a recibir ayuda internacional.

 

Por tanto, es imperativo que se actualicen y expandan las categorías existentes en el derecho internacional para incluir situaciones en las que los Gobiernos generan crisis para someter a sus ciudadanos. Se necesita una nueva categoría que reconozca y aborde esta realidad, proporcionando un marco legal claro para protección de los derechos humanos en casos como el de Cuba.

 

Si bien organizaciones como Naciones Unidas actúan acorde a su mandato, principios como la Responsabilidad de Proteger (R2P) se quedan en el tintero, bloqueados justo por gobiernos como el cubano, impidiendo los avances necesarios para un sistema de protección más eficiente y con mayores herramientas para la acción. Aunque el principio de la R2P experimentó una evolución significativa desde su concepción en los primeros años del siglo XXI, inicialmente surgió como un compromiso internacional para prevenir genocidios, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y crímenes de guerra; así como para intervenir en casos donde los Estados no pudieran o no estuvieran dispuestos a proteger a su propia población.

 

Sin embargo, a pesar de su adopción en la Cumbre Mundial de 2005, este principio ha enfrentado obstáculos políticos significativos en América Latina y otros lugares. Varios países de la región han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que el R2P pueda ser utilizado como pretexto para intervenciones extranjeras en asuntos internos, lo que ha llevado a una resistencia activa a su aplicación completa y efectiva. Esta reticencia ha refrenado en gran medida su implementación práctica en la región y ha puesto de manifiesto la complejidad política y los desafíos normativos asociados con la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

 

En última instancia, la crisis en Cuba no puede ser ignorada ni subestimada. Requiere una respuesta urgente y coordinada a nivel internacional, así como una revisión y actualización de los instrumentos legales y categorías existentes para asegurar que ninguna población quede abandonada a su suerte frente a la tiranía y la negligencia de su propio Gobierno.

 

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los hombros de los Gobiernos y las instituciones internacionales. La sociedad civil organizada tiene un papel crucial que desempeñar en la visibilización y el posicionamiento de este tema en los sistemas de protección y derechos humanos. Es vital que se levanten voces en solidaridad con el pueblo cubano y se exijan acciones concretas para aliviar su sufrimiento. Pero, para que esto rinda frutos, los mecanismos deben responder a las necesidades actuales.

 

Más allá de la necesidad de acción inmediata, es importante reconocer que las categorías existentes en el derecho internacional no siempre son adecuadas para abordar crisis como la que enfrenta Cuba. Las emergencias humanitarias complejas, si bien útiles en muchos contextos, no capturan completamente la naturaleza de una crisis generada por el propio Gobierno para someter a su población y evitar la ayuda internacional.

 

Ejemplo de ello es el caso de Venezuela, en donde la sociedad civil intentó convencer a la comunidad internacional de que el país se encontraba en medio de una emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, algunos argumentaron que esta nación no calificaba como tal por varias razones.

 

En primer lugar, se señaló que la crisis en Venezuela, aunque grave, no cumplía con todos los criterios típicos para ello, que suelen incluir la presencia de conflictos armados prolongados y una combinación de factores que hacen que la respuesta humanitaria sea especialmente difícil. Aunque Venezuela enfrentaba desafíos significativos en términos de escasez de alimentos y medicinas, así como una crisis económica profunda, no había un conflicto armado interno como en otros lugares donde se han declarado emergencias humanitarias complejas.

 

Asimismo, otros esgrimieron que la situación allí era, en gran medida, resultado de decisiones políticas y económicas internas, en lugar de factores externos o desastres naturales. Esto llevó a la percepción de que la crisis era más una cuestión de gobernanza y gestión interna que una emergencia humanitaria compleja en el sentido tradicional.

 

También se planteó el hecho de que el régimen venezolano no había solicitado oficialmente ayuda humanitaria internacional y, de hecho, en varios momentos rechazó la propuesta por la comunidad internacional. Esta falta de solicitud oficial dificultó la intervención humanitaria externa y complicó los esfuerzos para abordar la crisis de manera efectiva.

 

Por ello, la crisis en Cuba es un recordatorio urgente de la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos legales y categorías existentes para garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante situaciones de crisis generadas por los propios Gobiernos. Es imperativo que se reconozcan y se aborden estas realidades de manera adecuada, proporcionando un marco legal claro para la protección de los derechos humanos y la intervención internacional cuando sea necesario.

 

En última instancia, la comunidad internacional, junto con la sociedad civil organizada, debe tomar medidas concretas para abordar la crisis en Cuba y otras situaciones similares en el mundo. La solidaridad, la cooperación y la acción colectiva son fundamentales para garantizar que ninguna población quede abandonada a su suerte frente a la opresión y la negligencia de sus propios Gobiernos.

 

El nombrar los fenómenos, si bien no cambia de manera inmediata la condición crítica de las personas, permite otorgar herramientas a quienes están dispuestos a trabajar por la protección de los derechos de las personas independientemente de su lugar de origen.