Juegos estatales: el quita y pon de la libreta
19 de abril de 2024
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a Oficina de Control de Distribución de Alimentos, más conocida
como Oficoda, pudiera parecer una oficina cualquiera, sin importancia dentro de todos los otros ministerios y organismos estatales en Cuba. Sin embargo, el solo hecho de ser la que emite y distribuye anualmente la libreta de abastecimiento le da el poder de regir los productos supuestamente subvencionados que debería incluir la canasta básica en la Isla.
Su surgimiento, en 1963, se deriva de una resolución de la Junta Nacional para la Distribución de los Abastecimientos. En teoría, las Oficodas debían garantizar alimentos básicos a lo largo de todo el país al racionarse un grupo importante de productos con el fin de “proteger” a los consumidores.
Según la Ley 1015/62, había crecido la capacidad adquisitiva de la población debido a la rebaja en las rentas, la eliminación del pago por la educación y las leyes de la Reforma Agraria, entre otros elementos. Sin embargo, según la misma ley, si bien la capacidad agrícola y productiva había aumentado exponencialmente, esta se veía limitada a causa del embargo estadounidense a Cuba, por lo cual no se podía satisfacer la demanda de varios artículos. En adición, esa escasez era aprovechada por “elementos antisociales y contrarrevolucionarios” para especular y provocar incertidumbre entre los consumidores.
Por tanto, el Gobierno Revolucionario consideraba imperativo buscar una solución a semejante situación. Para ello, creó la Junta, que estaría integrada por representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), el Ministerio de Trabajo, el Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres de Cuba (FMC).
La Junta, previa consulta al Consejo de Ministros, se atribuiría el derecho de definir los artículos que serían racionados, así como su régimen y cantidades; disponer las rectificaciones que considerara necesarias con respecto al abastecimiento de la industria y los comercios estatales y privados[1] de los artículos limitados; así como determinar los organismos estatales y populares participantes en la ejecución y vigilancia de este racionamiento.
Cronológicamente, aún no pasamos el primer lustro revolucionario y tres cosas ya resultan evidente. La primera, que la centralización de la producción en una economía socialista no rendía lo suficiente para suplir la demanda. Segundo, la culpa del desabastecimiento la tienen, desde época tan temprana, el embargo y los “contrarrevolucionarios”. Tercero, la participación de un organismo de vigilancia, como los CDR, sugiere que, desde inicios de la Revolución, el racionamiento de los alimentos constituía una forma de vigilancia y control político sobre los cubanos.
Los productos vendidos a través de la libreta de abastecimientos fueron incrementándose, cambiando y decayendo a lo largo de los años. Para 1970, la mayoría de los alimentos estaban normados. Así, se fueron incluyendo también los combustibles para cocinar, los cigarros o las almohadillas sanitarias, entre otros bienes de consumo.
De tal modo, a partir de los años 90, durante la crisis económica del Período Especial, la libreta enflaqueció no solo sus páginas, sino también los productos que en ella se anotaban. Muchos de los alimentos desaparecieron de sus columnas y, por ende, de las bodegas, como la carne de res o la manteca; mientras otros fueron restringidos en cantidad y limitados a ciertos grupos etarios, como la leche.
Entretanto, la libreta también acogía las dietas médicas. Es decir, los productos alimenticios para personas con enfermedades como hipertensión, gastritis, diabetes, cáncer y sida, entre otros padecimientos, que necesitaban una alimentación reforzada o diferenciada.
Seis décadas después, la libreta rige los pocos productos que aún venden en las bodegas, la higiene femenina en las farmacias y el módulo que comercializan en moneda nacional en las pocas tiendas que no fueron cerradas o convertidas a MLC. Incluso, para muchas personas, sobre todo de la tercera edad y en condiciones de vulnerabilidad, este instrumento macabro se ha vuelto el único modo de acceso a una deficiente alimentación.
Por otra parte, las continuas crisis económicas y el profundo desabastecimiento desatado tras la caída del antiguo campo socialista le confirieron a la libreta y, por consiguiente a las Oficodas, una mayor importancia en la vida de los cubanos. La carencia de alimentos y la disminución del poder adquisitivo obligaron a cientos de personas a cometer ilegalidades, pues las familias necesitaban la cuota de quienes habían muerto o emigrado para poder sobrevivir mes tras mes. Así, en vez de darles de baja, quienes ya descansaban en el otro mundo permanecían vivos o aquellos que se habían ido del país seguían habitando las libretas.
Tras muchos años de discurso oficial sobre la cacareada eventualidad de la libreta, los dirigentes cubanos decidieron poner fin a tales ilegalidades. Desde 2021, comenzó en las Oficodas una campaña para actualizar los consumidores de cada núcleo, al punto incluso de instar a personas muertas, presas y emigradas a pasar por sus oficinas para darse de baja, so pena de sancionar a los jefes de núcleos.
Esto, que pudiera parecer nuevo a las generaciones más jóvenes, no es más que un recrudecimiento de normativas ya establecidas. De tal manera, por ejemplo, el reglamento instituía que las personas que cayeran presas o entraran por largo tiempo a hospitales o residencias de ancianos debían causar baja en las Oficodas. Incluso, durante un tiempo, los estudiantes que entraban al sistema de becas de enseñanza debían presentar la baja de la libreta como requisito de admisión en el centro de estudios. Asimismo, estos establecimientos están facultados para dar baja de oficio a quienes, por cualquier motivo, no recojan en un plazo de treinta días hábiles la libreta de remplazo correspondiente al cambio anual.
En 2021, con la agudización de la crisis económica que conllevó la serie de medidas tomadas en la Tarea Ordenamiento, las autoridades gubernamentales decidieron emitir una resolución que establecía tres meses como el tiempo límite en que un cubano residente en la Isla podía estar fuera antes de ser dado de baja automática de la libreta. Dos años después, la Resolución 101/23 modificó ese marco temporal a dos meses.
Para una mayor efectividad en las bajas voluntarias o de oficio, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, perteneciente al Ministerio del Interior, ha comenzado a enviar a las Oficodas la fecha de salida del país de los habitantes cubanos; pero no la de reingreso. De esta manera, las Oficinas de Control de Distribución de Alimentos dan baja de oficio a quienes no se presenten antes de los dos meses después de su salida para demostrar su validez como consumidor. Esto obliga a los interesados a personarse para no ser sesgados del sistema estatal de distribución de alimentos.
El sistema funciona de la siguiente manera: un consumidor que vaya a viajar al extranjero, ya sea por motivos personales o de trabajo, por un período mayor a dos meses, debe ir a la Oficoda a darse la baja —temporal, podría decirse—. Ese papel, entonces, debe enseñarlo en el punto de migración cubano en el aeropuerto, pero no entregarlo; por tanto, tiene que salvaguardarlo con la vida todo el tiempo que dure su viaje. A su regreso, debe ir con él de nuevo a la Oficoda para cancelar la baja y darse de alta.
Esto, supuestamente, debería garantizarle los productos correspondientes. Sin embargo, lo único que la Oficoda le asegura son los mandados de la bodega, ya sea ahí mismo o en el punto piloto correspondiente. Para tener acceso al módulo de la tienda, la persona debe ir a hacer esos trámites antes del día 25 de cada mes, fecha en que la Oficoda cierra el torpedo por el cual se guían las tiendas para saber si una libreta tiene o no derecho a comprar. Si por alguna casualidad la gestión se realiza después, el consumir pierde esos productos, pues las tiendas no pertenecen al sistema de bodegas y, por tanto, no tienen un punto piloto donde se puedan recuperar y mucho menos entregar de manera retroactiva.
La justificación gubernamental para esta última medida se basa en el embargo económico, la crisis internacional, la falta de divisas en el país para importar los productos de la canasta básica, el clima y el incumplimiento de los campesinos en el sector agropecuario. Lo cierto es que, sesenta años después, la situación ha variado su contexto, pero no su esencia: se mantiene el mismo fallo en el sistema de producción centralizada en un sistema de economía socialista, la culpa del desabastecimiento la sigue teniendo Estados Unidos y la contrarrevolución, y no ha cesado la vigilancia ni el control político gubernamental sobre sus ciudadanos, ejercido a través de la alimentación.
En resumen, el Estado, el Gobierno y el Partido Comunista en Cuba no han dejado de jugar con sus ciudadanos desde los inicios del triunfo de la Revolución, cuando la libreta surgió como una coyuntura —extendida de manera indefinida en el tiempo—, porque la Isla sería capaz de producir tanta comida, que seríamos la envidia del mundo entero.
[1] Recordar que no sería hasta 1968, con la Ofensiva Revolucionaria, que desaparecían por completo los pequeños negocios.