En Cuba: cárcel, censura y represión para quien protesta ante la crisis
25 de noviembre de 2025
n Cuba, hablar de crisis aisladas ya no tiene sentido. Más bien,
estudiosos y académicos económicos y sociales han comenzado a emplear los términos “crisis sistémica”, “crisis estructural” y “policrisis”. Pero, sin importar la terminología, lo cierto es que el país parece encontrarse en una situación sin salida.
El deterioro económico y social, así como de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, saneamiento), se ha agravado notablemente en los últimos cinco años. Falta de alimentos, inflación, cortes energéticos, desabasto de agua y gas, dolarización, índice migratorio elevado, desprotección de grupos vulnerables y traspaso de responsabilidades estatales hacia las familias son algunas de las consecuencias más visibles bajo el mandato de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Ante esta situación, miles de personas en Cuba han comenzado a manifestarse públicamente, tanto en el espacio físico como digital. Las protestas, que han ido desde lo individual hasta lo grupal, reclaman el acceso a estos servicios básicos y el cumplimiento de derechos humanos como el de la alimentación.
Dentro de las manifestaciones más recordadas están las ocurridas los días 11 y 12 de julio de 2021. El punto de partida, en San Antonio de los Baños, tuvo como catalizador la falta de respuesta del Partido Comunista a las peticiones de solucionar el abasto de agua, la distribución de alimentos y los continuos apagones, entre otros factores. Cientos de miles de personas se lanzaron pacíficamente a las calles a lo largo de casi todo el país para exigir mejores condiciones de vida. La gente reclamó por la falta de alimentos, medicinas, agua y electricidad.
En contados casos, algunas tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) fueron vandalizadas, como símbolo de la dolarización, la escasez y las desigualdades socioeconómicas generadas por el Gobierno y el tipo de Estado. La intención, aunque distorsionada por el discurso oficial, reflejó el descontento popular hacia este tipo de establecimientos.
En esa ocasión, Díaz-Canel compareció en vivo en la televisión nacional para desatar una oleada represiva contra los manifestantes y un enfrentamiento civil entre el pueblo: “[…] La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios. […] en Cuba, las calles son de los revolucionarios. […] Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a los comunistas, a que salgan a las calles, dondequiera que se vayan a producir estas provocaciones”.
La respuesta no tardó en llegar. Las fuerzas policiales y paramilitares reprimieron de manera violenta a los participantes con golpes y otras agresiones. Incluso llegaron a emplear armas de fuego contra un pueblo totalmente desarmado, con el saldo de un muerto (Diubis Laurencio Tejeda) y varios heridos.
Tanto el 11 de julio como en los días siguientes, miles de manifestantes fueron apresados por participar en las protestas, incluidos 33 menores de edad. Según la organización Prisoners Defenders, fueron detenidas entre 5 000 y 8 000 personas; de las cuales, en junio del presente año, 752 aún continuaban cumpliendo condenas. En varios casos, las penas impuestas por el Tribunal Supremo correspondieron a más de 20 años de reclusión.
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El discurso gubernamental, en vez de reconocer su mala gestión, apeló a las mismas justificaciones de siempre: el embargo económico impuesto por Estados Unidos y el mercenarismo. Asimismo, tildó de “confundidos” a cientos de personas que participaron en las protestas o las apoyaron públicamente.
A pesar de los castigos ejemplarizantes que significaron la represión y violencia ejercidas contra el pueblo, así como los juicios sumarios y las condenas, los cubanos continuaron manifestándose en los espacios públicos.
Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2022, el sistema energético nacional colapsó tras el paso del huracán Ian, lo cual provocó un apagón general en todo el país. Muchos lugares en varias provincias quedaron sin electricidad por más de una semana. A causa de esto, la comida perecedera en cientos de hogares se echó a perder por falta de refrigeración y no pudieron tener agua en las casas.
En La Habana, una de las provincias más afectadas por el evento climatológico, surgieron focos de protesta pública ante la demora gubernamental y estatal en resolver la situación eléctrica. Los vecinos cerraron las calles, tocaron cazuelas y lanzaron la comida podrida frente a las sedes del Partido en algunos municipios, entre otras manifestaciones. Los reclamos exigían luz y agua.
Según Expediente Público, ocurrieron unas 68 protestas. Similar a lo ocurrido al año anterior, la respuesta de las autoridades fue desatar la represión policial, si bien en menor medida. En esos días, fueron detenidas más de una veintena de personas, entre las que se encontraban dos menores de edad. Esta cifra de detenidos se suma a los más de 60 arrestados entre junio y agosto del mismo año, precisamente por manifestar su descontento con la situación energética en sus localidades.
En mayo de 2023, varias personas salieron a protestar en Caimanera (Granma) por las malas condiciones de vida, la falta de electricidad y de comida. Una vez más, la violencia policial y la represión fueron la respuesta gubernamental al descontento popular. Seis personas resultaron detenidas y cinco de ellas recibieron penas carcelarias de entre 2 y 8 años.
Pocos meses después, los días 17 y 18 de marzo de 2024, ocurrieron manifestaciones en Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas. En todas, los reclamos resultaron los mismos: luz, agua y comida. Aunque estas protestas no fueron tan multitudinarias como las de julio de 2021, sí concentraron a más de un millar de personas. Para esa fecha, Prisoners Defenders cuantificó 41 participantes que fueron detenidos y juzgados con penas de hasta 15 años de prisión.
Si los años anteriores parecieron críticos, 2025 no ha traído alivio a la población. La falta de agua y los apagones se han generalizado y afectan a millones de cubanos diariamente. En algunas zonas del país, los cortes energéticos han sobrepasado las 30 horas continuas y el desabasto de agua ha llegado a durar semanas.
La agudización de la inseguridad alimentaria, hídrica y sanitaria en Cuba ha llevado a cientos de miles de cubanos a un estado de pobreza, subalimentación y precaria subsistencia. Esta situación, si bien golpea a todos, la sufren especialmente las mujeres en su rol de cuidadoras y amas de casa.
Por ello, muchas de las manifestaciones sucedidas en lo que va de este año han sido protagonizadas por madres. Un ejemplo de esto ocurrió en el municipio de Regla (La Habana), en julio, donde varias mujeres cerraron algunas calles con diversos objetos y se acordonaron junto con sus hijos para exigir el restablecimiento del servicio de abasto de agua, inexistente desde hacía tres meses.
Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en el mes de septiembre se contabilizaron 245 protestas debido a la crisis de los servicios públicos, en especial la falta de electricidad. A lo cual suma 92 denuncias relacionadas con la inseguridad alimentaria y la disminución del poder adquisitivo a causa de la inflación. Así lo constata la manifestación en Gibara (Holguín), que terminó con un saldo de más de una docena de personas detenidas en los días siguientes por haber participado.
Más recientemente, el 16 de octubre, decenas de vecinos en Baire (Santiago de Cuba) salieron a las calles a expresarse en contra de los continuos apagones, la falta de agua y el deterioro de las condiciones de vida en general. La organización independiente Justicia 11J confirmó que, tras la protesta, las fuerzas policiales comenzaron a perseguir, citar y amenazar a los participantes e incluso a sus familiares.
Sin embargo, los espacios públicos no son los únicos que atestiguan los reclamos populares. Las redes sociales, en especial Facebook, son monitoreadas por el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) en busca de videos-denuncias y críticas a la gestión gubernamental. En Santiago de Cuba, por ejemplo, un hombre fue detenido y condenado a más de 4 años de prisión por filmar una abarrotada cola para comprar gas licuado, después de meses sin acceso a este combustible para cocinar. Otro caso es el de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de encarcelamiento en 2022 por subir a Facebook un video de una protesta en Nuevitas (Camagüey).
Aunque la Constitución de Cuba recoge en su artículo 56 el derecho a la manifestación pacífica, es violado todo el tiempo por el propio gobierno cubano. En octubre de este año, Miguel Díaz-Canel afirmó que no tolerará protestas en las calles como las sucedidas en los últimos tiempos y tomará medidas contra quienes osen manifestarse en contra del colapso de los servicios básicos. Anteriormente, en 2024, tildó de indecentes a quienes salían a reclamar sus derechos en el espacio público. Asimismo, en otras ocasiones ha dicho que las protestas son incitadas y pagadas por agentes externos y/o de la oposición.
El discurso gubernamental trata de cambiar el lenguaje al no reconocer las protestas ciudadanas y asumirlas como quejas. Por ello, repite una y otra vez que las personas deben ventilar sus insatisfacciones en los canales e instituciones correspondientes. Sin embargo, el pueblo no encuentra respuestas, y mucho menos soluciones, a los problemas que plantean la falta de alimentos, agua, gas y electricidad. De hecho, por ejemplo, el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana está diseñado para eliminar automáticamente cualquier comentario contra la gestión gubernamental y bloquear a quien lo haga.
Las personas detenidas y encarceladas por protestar son juzgadas bajo causas comunes. Desacato, desorden público, agresión son de las más socorridas. En otras ocasiones, se acude a delitos más graves, como mercenarismo o difusión de propaganda enemiga para justificar condenas más severas.
La situación actual de Cuba empeora cada día más. En un país donde el Gobierno parece no tener respuesta a la crisis que lo atraviesa y niega su responsabilidad por el colapso, los cubanos se ahogan por la falta de agua, alimentos, electricidad, gas, combustible, medicinas y un sistema que ya no funciona a casi ningún nivel. Es imposible pensar que el pueblo quedará conforme con la situación y no saldrá a reclamar los derechos que incumplen tanto el Estado como el Gobierno —reflejados en la Constitución y en otros documentos internacionales de derechos humanos—, aun a riesgo de ser reprimido, censurado y encarcelado.