El reverso de la ley: injusticias en tiempos de hambre
28 de mayo de 2026
n el contexto de deterioro sostenido de las condiciones de
Cuba, la esfera de la alimentación se ha convertido en un espacio particularmente vulnerable a prácticas arbitrarias por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. El problema no radica únicamente en la escasez sistémica de alimentos, sino en la forma en que determinados funcionarios, amparados en su autoridad, intervienen de manera discrecional en los circuitos de acceso y distribución, afectando directamente a la ciudadanía.
Diversos testimonios y observaciones coinciden en señalar un patrón de comportamiento que se aparta de los principios básicos de legalidad, proporcionalidad y servicio público que debería orientar el accionar de la autoridad. En un país donde tienen más peso las prácticas de facto que las leyes formales, el control sobre los alimentos —ya limitado por la propia crisis— se convierte en un instrumento de presión y, en algunos casos, de beneficio personal.
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Coberturas recientes han documentado un aumento sostenido de operativos policiales dirigidos al control del comercio informal y la circulación de alimentos, en los que se reportan decomisos frecuentes y actuaciones impropias por parte de agentes del orden. Estos reportes coinciden en señalar que, bajo el argumento de combatir ilegalidades, se han intensificado inspecciones en espacios públicos y vías de transporte, afectando de manera directa a pequeños vendedores y transportistas que operan en condiciones de subsistencia. Según cifras oficiales, aportadas por la Asamblea Nacional en julio de 2025, se habían realizado hasta entonces 1.066.435 inspecciones de control de precios, con 675.783 violaciones detectadas, 661.653 multas, más de 2.177 millones de pesos recaudados por ese concepto, 8.430 cierres de establecimientos y 2.432 decomisos.
Si estas penalizaciones fueran igualitarias y desde un marco consensuado de la ley, todo bien, pero no es el caso. Al mismo tiempo se ha señalado la existencia de prácticas selectivas en la aplicación de estas medidas, donde algunos actores logran evadir sanciones mediante pagos informales, mientras otros enfrentan decomisos y multas sin garantías claras de reclamación, consolidando un entorno donde la aplicación de la ley tiende a reproducir desigualdades en lugar de corregirlas. Un reporte de ICLEP del mismo periodo señalaba, por ejemplo, que trabajadores y comerciantes denunciaban verse obligados a entregar dinero o productos para evitar multas, cuyo rango el mismo texto situó entre 1.500 y 15.000 pesos. Se hablaba de “confabulación” entre inspectores estatales y comerciantes de mipymes y puntos agrícolas para evitar las figuras más frecuentes de condena, dígase multas, suspensiones temporales o definitivas de licencias, clausuras totales o parciales, paralización de equipos y comiso de bienes y productos.
Una de las prácticas más frecuentes consiste en la revisión sistemática de vehículos que transitan entre municipios. Estas inspecciones, orientadas supuestamente al control de ilegalidades, se enfocan en la detección de productos básicos como arroz, frijoles, carne, leche o combustible doméstico, incluso en cantidades mínimas. El resultado suele ser el decomiso inmediato, sin que medien criterios claros de proporcionalidad ni mecanismos efectivos de reclamación.
A ello se suma una dinámica ambivalente en la persecución del comercio informal. Mientras en determinados contextos los vendedores irregulares son objeto de acoso y sanción, en otros se tolera su actividad debido al privilegio y “contactos” de sus gestores. Sobornos y favores introducen un componente de arbitrariedad que desdibuja la frontera entre legalidad e ilegalidad, y consolida esquemas de corrupción a pequeña escala que terminan afectando tanto a los vendedores como a los consumidores.
Los decomisos dentro de las ciudades constituyen otro punto crítico. Muchos de los afectados son pequeños comerciantes o productores que operan con márgenes mínimos de ganancia y que, en numerosos casos, mantienen vínculos laborales formales con el Estado. Estas actividades complementarias —reventa de pan, harina, dulces o producción doméstica de alimentos— no responden a una lógica de acumulación, sino de supervivencia y precariedad. Sin embargo, son tratadas bajo un mismo marco punitivo.
Las prácticas de clientelismo y favoritismo están extendidas en el opaco sistema de deliberación jurídica cubano, formalizado por sus propias instituciones, sobre todo en la imposible transparencia del destino de los bienes decomisados. En un país sin mercado mayorista accesible, la materia prima suele tener orígenes informales que muchos negocios no tienen cómo justificar. Tras el decomiso de estos materiales, tampoco existen canales claros de información sobre su manejo posterior, ni garantías de devolución en los casos en que proceda. En algunos casos se han reportado incluso decomisos realizados dentro de viviendas, lo que amplía el alcance de la intervención estatal hacia el espacio privado sin que medien procedimientos verificables.
Asimismo, la presencia de patrullas en las inmediaciones de tiendas que operan en divisas introduce un mecanismo adicional de control. La vigilancia se orienta a impedir la adquisición de moneda extranjera por vías informales, lo que restringe el acceso a alimentos disponibles únicamente en estos circuitos. En la práctica, esto limita aún más las opciones de abastecimiento para amplios sectores de la población.
Finalmente, el acoso a pequeños negocios privados se articula frecuentemente a partir de irregularidades administrativas o vacíos legales. Estas condiciones son utilizadas como base para ejercer presión, chantaje o extorsión, en un entorno donde la formalización plena de la actividad económica resulta, en muchos casos, inviable.
En conjunto, estas prácticas configuran un escenario donde la alimentación, muy lejos de ser garantizada como un derecho básico, inscrito en el contrato social entre pueblo y Estado, queda sujeta a dinámicas de control, arbitrariedad y negociación informal, que laceran el propio tejido socioeconómico del que forman parte. El problema no es únicamente una cuestión de legalidad o control, sino de un déficit institucional crónico, y plantea interrogantes incómodas sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el ejercicio de la autoridad, más necesarios aun en tiempos de crisis.