El privilegio de las demandas sociales
18 de enero de 2024
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unque suene imposible de creer, la situación en Cuba se torna
cada vez más crítica, con la población enfrentando adversidades que se han vuelto lamentablemente rutinarias ante los ojos del mundo. La normalización de la crisis en la isla no debe malinterpretarse como una aceptación resignada de la población cubana, que lejos de estar satisfecha con la dictadura, continúa alzando su voz para exigir cambios tanto sociales como políticos y económicos.
En este año 2024, las medidas económicas anunciadas por el régimen cubano para hacer frente a la profunda crisis han encendido las alarmas (que nunca se apagan). Incrementos en los precios del combustible, la electricidad, el agua y otros servicios esenciales, así como la eliminación del subsidio universal a la canasta básica, marcan una nueva etapa en la ya compleja realidad cubana. Aunque el gobierno argumenta que esta transformación busca un esquema más justo y eficiente al subsidiar a personas en lugar de productos, la realidad es que más del 80% de la población ya vive en pobreza extrema. Además, se prevén recortes en subsidios a servicios esenciales, como agua, electricidad y gas, impactando negativamente a la población. Estas medidas se suman a una devaluación de la moneda local y a la revisión de la cantidad de empleados estatales, reflejando un intento desesperado por reducir los gastos estatales.
En términos económicos, las estimaciones oficiales indican que la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, y la inflación alcanzó un preocupante 30%. Estos indicadores reflejan una realidad desafiante para Cuba, donde la disminución del crecimiento económico y el aumento de la inflación tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población.
A pesar de esta difícil realidad, la resistencia del pueblo cubano no cesa. Como se ha registrado en diferentes medios de comunicación y publicado en el Radar de Food Monitor Program, durante el año 2023, se registraron más de 5.700 manifestaciones, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), evidenciando un profundo descontento que va más allá de la mera aceptación de la crisis como algo normal. Las protestas, que incluyeron barricadas y desobediencia civil, estuvieron lideradas principalmente por mujeres, señalando un cambio significativo en la dinámica de la resistencia y resaltando su papel crucial en la lucha por el cambio.
Diciembre resultó particularmente tenso, con 121 quejas relacionadas con la alimentación. La escasez de alimentos básicos, los retrasos en las entregas de la canasta básica y los altos precios generaron malestar y desesperación entre las familias cubanas. Además de este tema, el informe del OCC resalta otros problemas que llevaron a las protestas, como el crecimiento alarmante de la inseguridad ciudadana con 106 protestas en diciembre, evidenciando la grave situación de criminalidad y violencia social. En el ámbito de la salud, la dependencia de redes sociales y el mercado negro para obtener medicamentos se agrava ante la crisis en el sistema de salud pública. Las quejas sobre vivienda incluyen derrumbes y protestas de residentes en albergues temporales.
Este panorama, lejos de reflejar conformidad, pone de manifiesto un acto de resistencia y hartazgo de la población cubana. Aunque las expresiones de descontento pueden constarles la libertad personal, la importancia del derecho a protestar no debe subestimarse. En el tejido de los derechos humanos, este derecho se erige como un hilo fundamental, entrelazado en la esencia misma de las sociedades democráticas. Aunque la represión del régimen cubano contra opositores, críticos, periodistas independientes y manifestantes es continua, actos de desafío al Estado policial se han vuelto más frecuentes. Bloqueos de vías públicas, cacerolazos, mensajes de reprobación en redes sociales y campañas a favor de personas abandonadas por el gobierno son algunas de las formas de resistencia destacadas en el informe.
El derecho a protestar, aunque reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es uniformemente otorgado en todo el mundo. En casos como el cubano, el ejercicio de este derecho fundamental se reprime activamente, es aquí cuando se convierte en una especie de privilegio de algunas democracias. No el hecho de gozar de garantías sociales y políticas, el privilegio es simplemente la posibilidad de expresar inconformidad. La resistencia del pueblo cubano frente a un régimen que sofoca la disidencia es un testimonio de la insatisfacción arraigada que permea la sociedad. Cuando una población recurre a la protesta a pesar de conocer las posibles consecuencias, señala un descontento profundo que trasciende el miedo.
Es crucial reconocer que las soluciones propuestas desde la institucionalidad internacional no abordan realmente el problema principal. La solución a la crisis en Cuba no puede limitarse a medidas paliativas, como aquellas tantas propuestas por la FAO. Es necesario abordar las raíces profundas de la desigualdad social y económica, promoviendo políticas inclusivas que garanticen un acceso equitativo a recursos básicos. Esto, inevitablemente, pasa por un cambio de régimen que permita el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. La resistencia del pueblo cubano es un llamado urgente a la comunidad internacional para que se involucre activamente en la defensa de los derechos humanos y la restauración de la justicia en la isla.