02 de junio de 2023

2023), desarrollada entre los días 28 de abril y 2 de mayo, un grupo de simpatizantes del gobierno cubano emplazaron a nuestro director de proyectos Sergio Ángel. En el espacio dedicado a Programa Cuba, se presentaban varios títulos frutos de la investigación académica sobre Cuba, entre ellos “¿Cómo se come en Cuba: diálogos sobre inseguridad alimentaria?” de FMP, publicado por la editorial independiente Hypermedia. El mitin de repudio, montado por cubanos y colombianos miembros de comités de amistad con el gobierno cubano, estuvo destinado a hacer asesinato de la reputación con el argumento de “financiamientos destinados a la desestabilización de Cuba”.[1]

Esta reacción instrumentalizada por el gobierno cubano para “desmentir” los análisis críticos que se realizan sobre la realidad cubana y contra proyectos como Food Monitor Program[2] no es nueva. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Open Society Foundations y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) son algunas entidades que el gobierno cubano señala como financistas de proyectos como Programa Cuba, Food Monitor Program, entre otros. Estos y otros proyectos de investigación y periodismo independiente, dedicados a visibilizar y analizar desde diferentes perspectivas la realidad cubana, resultan simbólicamente incómodos al discurso oficial del gobierno y a los paradigmas que este intenta legitimar.

En consecuencia, el gobierno echa mano de ejercicios aparentemente de “euforia revolucionaria y popular” como los mítines de repudio, una práctica al uso desde la década de los años sesenta. Sobre todo en los ochenta, el desgaste de programas de alta convocatoria, la constatación de varios fracasos discursivos y la crisis migratoria derivaron en la sistematización de mítines de repudio como ejercicios ad hoc, intimidatorios y represivos. Esta práctica política ha sido motivada, organizada y dirigida por el Estado cubano, tanto en el interior del país mediante las organizaciones de masas, como en el exterior mediante las misiones diplomáticas cubanas, los comités de amistad y los partidos clientelistas, mostrando en cada caso ejercicios de violencia y represión política.[3]

Sin embargo, el intento de criminalización a partir de “financiamientos desestabilizadores”, tan presente en los mítines de repudio, es una afirmación ambigua e hipócrita por parte del Estado cubano. El asesinato de la reputación a partir de intereses financieros no se sostiene por dos motivos. Primero, el gobierno cubano ha sido receptor en numerosas ocasiones de montos y partidas financieras emitidas por estas mismas organizaciones. En agosto de 2022, el gobierno cubano recibió 43 equipos de protección personal y asistencia técnica para los bomberos cubanos, enviada por la USAID en respuesta al incendio que estalló en la Base de Supertanqueros de Matanzas. En septiembre de 2022, tras el paso del huracán Ian, Cuba aceptó 2 millones de dólares que Estados Unidos ofreció por medio de la USAID en concepto de “ayuda humanitaria crítica”.[4]

La recepción de financiamiento “criminal” que el gobierno cubano razonablemente ha aceptado no se supedita a situaciones de emergencia nacional. Entre el 2014 y el 2015, durante la pandemia de Ébola que aquejó el África Occidental, cientos de médicos cubanos conformaron brigadas para operar en 17 Unidades de Tratamiento de Ébola (UTA) en Liberia, en un hospital de campaña financiado por la USAID y levantado por personal militar estadounidense. Estas brigadas, si bien han operado en territorios internacionales sin acceso a la atención médica, son conocidas como la instrumentalización de las exportaciones de servicios de salud profesionales cubanos, principal fuente de divisa en el país.[5]

Además de la infraestructura financiada por la USAID donde la exportación de servicios médicos cubanos brindó estos servicios, la agencia ha sufragado igualmente programas de organismos oficiales en la isla. La USAID es contribuyente habitual de programas como el PMA y el PNUD; además, es la máxima donante de la FAO, todos estos con presencia en Cuba. De los respectivos informes anuales de los Programas País- Cuba pueden deducirse altas cifras en concepto de “provisiones, suministros y asistencia al desarrollo” de las que Estados Unidos es un fuerte colaborador. El año pasado, el gobierno cubano recibió del primero un monto de 10,7 millones de dólares, de los 30 millones prometidos hasta el 2024. Del segundo, Cuba recibe un presupuesto de más de 45 millones de dólares para 57 proyectos ejecutándose actualmente en el país. Del último, el monto asciende a 57 millones de dólares para un paquete de asistencia entre 2020-2024. Otros donativos otorgados en llamamiento de emergencia han sido también ejecutados por la USAID mediante la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja que ha entregado hasta 9 millones de dólares para responder al daño habitacional en provincias afectadas por desastres naturales como Pinar del Río.[6]

Otra de las organizaciones criminalizadas es la Open Society Fundations (OSF), que paradójicamente, ha sido significativamente importante para la existencia de proyectos socioculturales en Cuba. Desde su surgimiento en el año 2015, Engage Cuba, una coalición estadounidense que promueve el acercamiento a la isla y el fin del embargo y que es socia de otras iniciativas como Cuba Emprende dirigida a empresarios cubanos, ha recibido cuantiosos subsidios de OSF.[7] Fuera del sector empresarial y diplomático, OSF ha apoyado directa o indirectamente a instituciones oficiales radicadas en Cuba como la Fundación Ludwig de Cuba y el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). También sufragó eventos culturales de renombre como la visita de la Orquesta del Conservatorio Bard en junio de 2016, con conciertos dirigidos por Leon Botstein en Cienfuegos, Santa Clara y La Habana.

En el sector académico, las “perniciosas” organizaciones abocadas a “sufragar la caída del gobierno cubano” también han favorecido a las instituciones del mismo. Por ejemplo, el Programa Cuba del Institute of Latin American Studies (ILAS), que ha recibido financiamientos de OSF, ha desarrollado programas de intercambio académico entre la Universidad de Columbia y la Universidad de La Habana. ILAS ha sido colaborador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) un think tank del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Por su parte, representaciones diplomáticas como la embajada noruega en La Habana han sido instrumental en la promoción, desarrollo y pago de eventos culturales oficiales, aunque no han corrido con la misma suerte cuando han auspiciado iniciativas independientes o incómodas para el gobierno. Este ha sido, entre otros, el caso de la presentación del filme Corazón Azul de Miguel Coyula en los recintos de la embajada, tras lo cual su personal diplomático recibió fuertes amonestaciones.[8]

Entonces, mientras estos proyectos se han desarrollado en beneficio, legitimación y empoderamiento de la política actual en la isla, su gobierno ha desarrollado diferentes campañas de difamación hacia proyectos independientes beneficiarios de los mismos donantes, como son medios de prensa, proyectos de investigación y agrupaciones activistas.[9]

Un segundo tema a tratar es la verdadera naturaleza “criminal” de las subvenciones que el gobierno cubano selectivamente ataca. En general, países de corte no democrático registran una tendencia de beneficiarse de financiamientos de cooperación internacional, mientras restringen el mismo para iniciativas independientes. En consecuencia con este discurso, por ejemplo, han adelantado leyes que penalizan la recepción de fondos extranjeros, como son en Rusia la “Ley de Agentes Extranjeros” (2012), en Venezuela, la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” (2021), en Nicaragua, la “Normativa para la Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros” (2021) y en Cuba, el nuevo Código Penal (2022) así como la nueva Ley de Comunicación Social (2023).

Por otra parte, los ingresos que estos gobiernos sí reciben directamente en concepto de ayudas y paquetes de estímulos, y que no devengan o declaran sino que recirculan, los oxigenan, despejándoles responsabilidades, promoviendo inversiones privadas, incluso fomentando el uso del dinero para campañas, o para la compra de material represivo. Este financiamiento aumenta tendencialmente las relaciones neopatrimonialista y clientelistas, así como la corrupción; hacen retroceder los gastos en servicios sociales, ahora con mayor peso en donativos y no en responsabilidad estatal, y a largo plazo, aumentan la sobrevivencia de los propios regímenes políticos que tanto denuncian estas subvenciones.[10]

El discurso anti-financiamiento entonces, no es solamente una forma de criminalización y asesinato de la reputación a iniciativas, proyectos y organizaciones de investigación, periodismo o activismo incómodos,  sino una presión añadida de gobiernos como el cubano, para recanalizar fondos a su favor y asegurar la permanencia del autoritarismo, también para exportarlo en la región reinvirtiendo estos rubros.

La acusación de que la cooperación transnacional y el financiamiento de las sociedades civiles viola la soberanía nacional y el principio de no intervención presume que los actores de la sociedad civil transnacional funcionan como un brazo extendido de estados extranjeros. Pero esta afirmación es difícilmente sostenible bajo el derecho internacional, ya que este es solamente reconocible si se implican el uso de la fuerza contra otro Estado. No hay uso de la fuerza en el intercambio transnacional y el financiamiento de proyectos y organizaciones no gubernamentales internacionales. La libertad académica y de prensa, así como la libertad de organización, libertad de reunión y libertad de expresión son reconocibles internacionalmente, y necesitan de actores independientes que supervisen su implementación. En 2006, la Asamblea General de la ONU declaró claramente en la Resolución 60/251 “que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante a nivel nacional, regional e internacional, en la promoción y protección de los derechos humanos”.

En lo que nos toca, Food Monitor Program continuará comprometido con la observación, análisis y exposición de la realidad cubana referente a la seguridad alimentaria, independiente de cualquier criterio de conveniencia o imposición ideológica. También acompañará a otras iniciativas que hacen trabajo similar, como el Observatorio de Libertad Académica, el Observatorio de Derechos Culturales, CUIDO60, así como editoriales y medios de prensa independientes enfocados en repensar la nación cubana.

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