El abasto de agua en la red urbana: un problema sin solución
11 de noviembre de 2025
n numerosas provincias de Cuba, abrir el grifo es prácticamente
un acto de fe. La llegada del agua depende de una serie de factores que escapan al control de los vecinos. Lo cierto es que, en algunas comunidades, las personas se abastecen únicamente mediante pipas, mientras limitan drásticamente el consumo en el hogar. Las cantidades que asigna el gobierno para los barrios más golpeados por la crisis rara vez alcanzan para cubrir las necesidades domésticas básicas. A pesar de los anuncios oficiales sobre la “rehabilitación” de redes hidráulicas, las soluciones continúan siendo parciales y precarias.
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Durante los últimos meses, las autoridades locales promovieron una serie de obras que presentaron como ejemplo de cooperación entre el Estado y la comunidad. Sin embargo, en la práctica, gran parte del esfuerzo recayó sobre los propios vecinos. Mujeres, ancianos y niños participaron en jornadas de excavación, carga de escombros y traslado de tuberías, muchas veces sin herramientas ni orientación técnica. Los testimonios coinciden en que no existía otra alternativa, y que los precios de esos trabajos “en la calle” resultan impagables para el obrero cubano.
En una reciente intervención en la línea de abasto de una de las tantas comunidades afectadas se registraron al menos dos accidentes leves, previsibles en un entorno donde la mayoría de los participantes no tienen experiencia en labores de ese tipo. No obstante, el resultado fue presentado públicamente como un éxito popular, una muestra del “espíritu revolucionario” y la “unidad del pueblo”. Detrás del discurso oficial, lo que se consiguió fue un alivio temporal, no una solución estructural. El agua sigue llegando con intermitencia y baja presión, porque los problemas de conexión con la red principal son sistémicos y no pueden resolverse sin una inversión de gran alcance.
Las secuelas de la improvisación son visibles en las calles abiertas, los escombros acumulados y el tránsito interrumpido. Los vecinos denuncian que las vías no han sido reparadas y que las fugas reaparecen poco después de finalizadas las obras. “Esto fue para salir del paso”, comenta un residente cuya vivienda, en la zona más alta del barrio, sigue sin recibir agua con la presión necesaria para llenar un tanque de 200 litros: “Yo no tengo cómo comprar una turbina en dólares”. La falta de materiales y de planificación hace imposible hablar de una reparación integral.
A la precariedad técnica se suma la corrupción. En algunos barrios se han documentado casos de empleados de Acueducto y Alcantarillado que realizan conexiones ilegales a cambio de sumas que pueden superar los 50 mil pesos cubanos, equivalentes en estos momentos a más de 100 dólares estadounidenses. La cadena de corrupción no termina ahí: existe todo un mercado negro del agua potable. Se desvían pipas hacia otras comunidades cuyos vecinos logran reunir diez o quince mil pesos para comprar el servicio; se revenden tanques fabricados con PVC —inicialmente destinados a casos vulnerables—; se colocan tuberías parásitas para conducir el agua hacia lugares no previstos en el plan. Todas estas prácticas terminan perjudicando a los más afectados por la crisis.
La perforación de pozos privados es una alternativa cada vez más común, aunque solo accesible para quienes pueden costear entre 60 y 90 mil pesos por obra. En contraste, las familias de menos recursos improvisan soluciones rudimentarias para recolectar agua. La desigualdad se profundiza incluso dentro de una misma localidad: a pocas cuadras, algunos hogares cuentan con sistemas profesionales de bombeo, cisternas (a menudo ilegales) y tuberías particulares conectadas a la conductora maestra, mientras otros dependen de envases reciclados y cubos, acarreados por mujeres y ancianos.
El abastecimiento mediante camiones con tanques improvisados —diferentes de las pipas ordinarias— se ha convertido en una industria paralela. Llenar una cisterna doméstica puede costar hasta 20 mil pesos. Gran parte de esos depósitos son irregulares y no cumplen con las normas sanitarias mínimas, lo que incrementa el riesgo de contaminación. En muchos lugares se han reportado casos de agua turbia o con mal olor, inapropiada para el consumo.
El discurso oficial atribuye la crisis a la falta de recursos y a las dificultades económicas generales del país. Sin embargo, la población percibe el problema como un síntoma más del deterioro institucional y de la desigual asignación de los medios básicos. Es necesario recordar que las entidades encargadas de distribuir el agua a la población son de propiedad pública; sin embargo, en la práctica funcionan como pequeños negocios privados, destinados al enriquecimiento ilícito de dirigentes y trabajadores que lucran con las necesidades de la población.
El malestar social es creciente. Las personas agradecen los avances mínimos, pero son conscientes de que no resuelven la raíz del problema. La desconfianza hacia las promesas oficiales aumenta con cada nueva obra inconclusa. Hay quienes han propuesto declarar un estado de emergencia nacional temporal para resolver los problemas del agua y la electricidad, empleando recursos destinados a las reservas de guerra con el fin de asistir a la población en un momento de penuria y escasez generalizada. El gobierno no se ha pronunciado al respecto; hasta el momento, no se esperan mejoras sustanciales que puedan aliviar el problema.