humanos, los diferentes mecanismos internacionales ocupan un lugar crucial. Estos instrumentos, dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos bajo el paraguas de las Naciones Unidas, abarcan diversas instancias, desde el Consejo de Derechos Humanos (CDH) hasta los procedimientos especiales y el Examen Periódico Universal (EPU). Su creación y funcionamiento responden a la necesidad imperante de establecer un marco global que garantice la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin olvidar que funcionalidad es completaría a la de los Estados.

 

En teoría, estos mecanismos representan una luz de esperanza para aquellas personas cuyos derechos son vulnerados y no encuentran protección dentro de las estructuras estatales. Ofrecen una plataforma donde las violaciones pueden ser denunciadas, investigadas y, en la medida de lo posible, resueltas.

 

Sin embargo, en la práctica, la realidad es más compleja. Acceder a estos mecanismos requiere no solo un conocimiento especializado en la materia, sino también condiciones materiales mínimas. A pesar del avance de la tecnología y las comunicaciones, que han hecho más económico y accesible el contacto con instancias ubicadas en otras partes del mundo, persisten desafíos significativos que dificultan un acceso equitativo a estos mecanismos.

 

Uno de los principales obstáculos radica en la disparidad de recursos entre los Estados y la sociedad civil. Si bien es cierto que la era digital ha facilitado la presentación de comunicaciones mediante correo electrónico, muchos mecanismos aún requieren la presencia física de las víctimas o denunciantes. Esta exigencia añade una capa adicional de dificultad, especialmente en contextos donde las violaciones de derechos son sistemáticas y la crisis es generalizada.

 

En tales situaciones, las personas afectadas enfrentan barreras significativas para acceder a estos mecanismos. La falta de recursos limita su capacidad para viajar, presentar evidencia y participar en procesos que podrían determinar el curso de la justicia. Mientras tanto, los Estados, con sus embajadas y representaciones permanentes en organismos internacionales, disfrutan de una clara ventaja. Sus recursos diplomáticos les permiten intervenir de manera efectiva y asegurar su posición en estos foros.

 

Esta disparidad pone de relieve una preocupante brecha en el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Si los mecanismos internacionales de derechos humanos aspiran a ser verdaderamente eficaces y equitativos, deben abordar estas desigualdades sistémicas. Se requieren medidas concretas para garantizar que todas las personas, más allá de su posición socioeconómica o geográfica, puedan acceder y participar plenamente en estos procesos.

 

En este mes de febrero, diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel global, presentaron ante el Sistema de Naciones Unidas una carta  planteando su preocupación por la falta de acceso y participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), ante el anuncio de limitar la participación híbrida o virtual de las mismas. Esto, pone de relieve una cuestión crucial: la necesidad de garantizar que todas las voces, especialmente las de los grupos marginados y vulnerables, sean escuchadas en estos foros internacionales.

 

La pandemia de covid-19 ha agravado estas preocupaciones al generar restricciones de viaje y limitaciones en la participación presencial en las reuniones de los órganos de derechos humanos de la ONU. Si bien se han implementado modalidades de participación en línea, su disponibilidad ha sido inconsistente y, en muchos casos, insuficiente.

 

Es esencial reconocer que la participación inclusiva no es simplemente una cuestión de conveniencia; es un principio fundamental de democracia y justicia. Aquellas personas y comunidades cuyos derechos están en juego deben tener la oportunidad de participar en las discusiones que afectan sus vidas. Esto es sobre todo relevante para aquellas personas que enfrentan barreras para participar en persona, ya sea debido a limitaciones físicas, restricciones de viaje o recursos limitados. Esto es algo que los Estados conocen muy bien y logran aprovechar este desequilibrio de poder.

 

La falta de acceso y participación adecuados en los órganos de derechos humanos de la ONU socava su legitimidad y eficacia. Si estos foros internacionales quieren cumplir con su mandato de proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo, deben asegurarse de que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de contribuir de manera significativa.

 

Las organizaciones de la sociedad civil están abogando activamente por medidas para garantizar la participación inclusiva en el CDHNU y otros órganos relevantes. Su llamado a mantener modalidades de participación en línea durante las reuniones en persona es especialmente importante en un mundo cada vez más digitalizado.

 

El CDHNU y otros órganos de derechos humanos de la ONU deben escuchar estas preocupaciones y tomar medidas concretas para abordarlas. Esto incluye garantizar la disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas para la participación en línea, así como proporcionar apoyo financiero y logístico a aquellos que enfrentan barreras para participar en persona.

 

En última instancia, la participación inclusiva no es solo un objetivo en sí mismo, sino también un medio para lograr un sistema internacional de derechos humanos más sólido y efectivo. Al garantizar que todas las voces sean escuchadas, podemos trabajar juntos hacia un mundo donde los derechos humanos sean respetados y protegidos para todos.

 

Por tanto, insto a los órganos de derechos humanos de la ONU a tomar medidas concretas para garantizar la participación inclusiva en todas sus actividades. Solo así podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos.