aquellos que no producimos alimentos de manera directa debemos pagarlos, por lo general, con dinero. No solo los productos en sí, sino también aquellos servicios y bienes para cocinarlos y/o conservarlos. Esto, sin dudas, es una verdad de Perogrullo. Perogrullada que, sin embargo, el gobierno cubano parece haber olvidado en los meses más recientes.

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La historia de este olvido podría contarse de muchas maneras, desde múltiples ángulos, a partir de diferentes hechos en cada período particular. Conscientes de esto, decidimos enfocarla desde dos rutas que nos parecen importante: la bancarización de los servicios y el último corralito impuesto por el Gobierno, pues se entrelazan entre sí para agudizar el hambre oculta existente en la Isla.

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Lo primero que no debemos olvidar es cómo el Gobierno —así como el Estado, porque en Cuba no son entes fácilmente deslindables— fue disminuyendo la capacidad adquisitiva de su población al fiscalizar y reducir los ingresos monetarios de esta, empezando por los alimentos. Siguiendo la tradición de los antiguos países socialistas del Este, Fidel Castro comenzó a ejercer un férreo dominio sobre el pueblo a través de la comida.

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Años antes, Stalin había decidido colectivizar estatalmente la agricultura y expropiar las tierras, las cosechas, el ganado y la maquinaria, dejando en manos de las autoridades el control de la producción agrícola; lo cual fue una de las principales causas que originó el Holodomor, considerado una hambruna artificial: había comida, pero no se podía acceder a ella. Fidel no le dio muchas más vueltas al asunto: era tan solo cuestión de importar el concepto al Caribe y adecuarlo un poco a sus propósitos en la Isla.

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Los métodos fueron cambiando a lo largo del tiempo y la hambruna, de artificial, pasó a ser real, aunque oculta a los ojos del mundo. Sin embargo, para la mayoría de los cubanos era evidente y las tiendas MLC se erigieron como uno de sus ejemplos más visibles y tangibles. Al punto de prohibir que los tenderos colocaran las confituras de manera que pudieran ser vistas desde la calle, ante las protestas de los padres que no podían satisfacer los pedidos de sus hijos.

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Mucho se ha analizado sobre el impacto negativo en la crisis alimentaria que sufre la población cubana desde que el Gobierno decidiera trasladar la mayoría de los productos alimenticios a este tipo de establecimientos. Sin embargo, el 17 de julio de 2020, el presidente designado Miguel Díaz-Canel anunció en una Mesa Redonda la apertura de 47 tiendas en Moneda Libremente Convertible que comercializarían alimentos solo en esta especie de dólar bancario. Importante resulta recordar que, en ese mismo programa televisivo, el entonces ministro de Comercio e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dijo que las divisas ingresadas a las cuentas en MLC no podrían extraerse, pues el Gobierno estaba tratando de bancarizar lo más posible el dinero y de que no circulara la divisa en efectivo.

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Pero esto apenas ha sido un paso más en nuestro Holodomor isleño. A las tiendas donde había comida, la mayoría de la gente no tenía acceso. Y no podía tener acceso porque, obligatoriamente, se necesitaba ingresar divisas en una cuenta bancaria; divisas que el mismo Estado había dejado de vender desde 2021. De modo que solo quedaban dos opciones: o se tenía un familiar o amigo en el extranjero que depositara el dinero, o se recurría a su compra en el mercado negro. Pero, con la disminución del turismo debido a la pandemia de covid-19 y el cierre de Western Union, la demanda de divisas terminó siendo mucho mayor que la oferta, aumentando, por ende, su precio; que, en un período de dos años, fue de 50 CUP a 250 CUP por 1 USD. Lo cual, sin duda alguna, elevó el costo de adquisición de los alimentos no solo en MLC, sino también de aquellos en CUP, pues el precio del dólar en el mercado negro terminó por halar toda la economía paralela.

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Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones en aquella Mesa Redonda de Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación, de que las tiendas MLC no sustituirían las ventas en CUC ni en CUP, en menos de un año la realidad había demostrado ser otra cosa, pues el CUC había sido eliminado de circulación con la supuesta reunificación de la economía y trasladada la venta de casi todos los productos que quedaban en CUP a MLC. Quedaban en evidencia las mentiras públicas de los dirigentes cubanos cuando decían que tal medida beneficiaba a “todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda acceder a la moneda libremente convertible y comprar esos productos en las tiendas”, porque “debido a su sistema socioeconómico, se revierten en beneficio de la población”.

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En medio de la galopante inflación y el desabastecimiento alimentario, el Gobierno estableció la apertura, finalmente, de las mipymes; en teoría abocadas a la exportación de productos de fabricación nacional y a una recuperación de la industria local. Sin embargo, la mayoría de estos negocios terminaron por importar alimentos para su comercialización mayorista y minorista directa a precios exorbitantes. Más allá del debate sobre la pertinencia económica y el costo negativo o no para la economía doméstica de la población cubana, lo cierto es que el Gobierno desplazó su responsabilidad de abastecimiento de comida al pueblo hacia estas empresas, sin siquiera un control de precios.

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Uno de los ejemplos más evidentes resulta el de la leche, eliminada incluso de las dietas médicas vendidas mediante la libreta de abastecimiento, pero que sí puede encontrarse en las mipymes. Mientras la mayoría de los países considera este alimento dentro de la canasta básica y, por tanto, regula su precio de venta o lo subvenciona en parte, en estos negocios un kilogramo de leche en polvo puede alcanzar los 1 900 CUP; casi el salario mínimo (2 100 CUP) y por encima de la jubilación más baja (1 528 CUP) de un trabajador en Cuba. Recuérdese que el Estado solo garantiza la leche, medianamente —a través de la libreta de abastecimiento—, a los niños hasta los 7 años de edad.

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En un país como Cuba, con un alto índice de familias monoparentales, ¿qué sucede entonces con una madre con un hijo mayor de 7 años, pero aún en plena etapa de desarrollo de la dentición y formación ósea, que solo gana un salario mínimo? Teniendo en cuenta que un kilogramo de leche en polvo representa aproximadamente 8 litros y que cada litro son 4 vasos de 8 onzas, esto significa que ese niño no podrá tener acceso siquiera a un vaso de leche diario.

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Similar pregunta resulta igual de válida dentro de la población envejecida de la Isla —la más envejecida de toda América Latina—: ¿qué sucede con una persona de la tercera edad cuyo único ingreso monetario es la jubilación más baja? Porque estos casos se cuentan por miles. En el primer trimestre de 2022, el número de jubilados en Cuba era de cerca de 1 600 000; de los cuales, más de la mitad cobraba el retiro mínimo —esto, sin contar a los pensionados por viudez (1 070 CUP) ni a los asistidos sociales (1 260 CUP)—. O sea, al menos 800 000 adultos mayores sin poder comprar el kilogramo de leche en polvo que venden las mipymes.

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Esto, en el caso de la leche en polvo. Porque, si hablamos de los precios de la leche líquida, los números se elevan, pues el litro oscila sobre los 500 CUP, tal y como se encuentra, por ejemplo, en la tienda Pelegrin, gestionada por una mipyme y ubicada en uno de los locales del Miramar Trade Center, en La Habana. En tal situación, para ingerir un vaso de leche líquida diario habría que pagar 3 750 CUP; casi el valor de un salario medio en Cuba (unos 4 000 CUP).

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No obstante, el Gobierno, no satisfecho con dolarizar la alimentación —sin haberlo declarado— y con delegar sus funciones de abastecimiento alimentario a la población en las mipymes, decidió también bancarizar la economía y restringir, en un corralito bancario, la cantidad de efectivo que se puede sacar de las tarjetas. Así, anunció con apenas tiempo de antelación que desde el 3 de agosto del presente año queda condicionada la extracción de dinero en los cajeros automáticos a tarjetas asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones; y estableció un límite de seis meses dentro del cual todas las mipymes y otros comercios deberán comenzar a operar sus transacciones de manera electrónica, bajo pena de ser multados una vez concluido este plazo. Sin embargo, con anterioridad, ya estaban limitadas las extracciones a 80 000 CUP diarios, con un máximo de 120 000 CUP al mes.

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Esta reciente medida responde a varios factores, entre los que se esconde la falta real de moneda impresa y el perenne afán del Gobierno-Estado cubano por monopolizar el control de la economía nacional. Hace unos días, Cuba se declaró insolvente para pagar sus deudas al Club de París. Imaginen un escenario en el que se declarara también insolvente de moneda nacional para pagar, cuando menos, los salarios, jubilaciones y pensiones. Necesitaba por ello un chivo expiatorio para culpar de la falta de efectivo en los bancos y cajeros; papel que terminó otorgándole a las mipymes.

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Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Luego de que a finales de mayo de 2021 el Estado declarara el cese de la venta de divisas a la población y a los viajeros internacionales por falta de moneda libremente convertible en los bancos de Cuba, el 10 de junio del mismo año anunció que no recibiría más depósitos bancarios de dólares en efectivo, pues los bancos tenían las bóvedas llenas de este dinero, que no podían colocar en el mercado internacional debido al bloqueo. (Sin embargo, nunca dijeron que con esas bóvedas llenas de dólares sí podían comprar alimentos y medicamentos, así como insumos agrícolas y médicos de manera directa en Estados Unidos gracias a la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio vigente desde 2000, cuya condición de pago es justamente que sea en efectivo.) Cerca de un año después, el 23 de agosto de 2022, el Gobierno reinició la venta de divisas, si bien a un precio más elevado (123 CUP por 1 USD) y limitada a 100 USD diarios por persona, según la disponibilidad. Por último, el 10 de abril de 2023, el Banco Central de Cuba derogó la resolución de junio de 2021 que prohibía el depósito de dólares en efectivo.

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Más allá de las contradicciones evidentes en el párrafo anterior, la realidad es que Cuba no ofrece a las mipymes un mercado donde adquirir las divisas que necesitan para la compra e importación de los productos que venden, por lo cual deben recurrir el mercado negro cambiario, que se mueve, por lo general, en efectivo. La cuenta es simple: si las mipymes no pueden extraer dinero de sus cuentas bancarias, no podrán comprar los dólares para abastecerse y, por ende, disminuirá la oferta de productos y, de manera muy probable, se dará un aumento de precios ante la menor cantidad de estos.

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Uno de los mecanismos para burlar esta disposición bancaria ha sido el surgimiento en el mercado cambiario informal de una nueva moneda: el CUP en efectivo, que hoy tiene un precio de 1,09 CUP por transferencia por cada 1 CUP en físico. Esto significa que, para aquellos que no tienen suficiente efectivo y se vean obligados a comprarlo, el costo de cada producto se incrementa en un 0.9 CUP su valor. De tal modo, aquellas mipymes que, por ejemplo, necesiten comprar 1 000 USD que deban pagar con un efectivo que también deben comprar, les costará entonces —según la tasa registrada por El Toque al momento de redactar este texto— 234 350 CUP en vez de los 215 000 CUP que les hubiera costado de haber podido extraer libremente su dinero del banco. Por tanto, no habría de extrañarse que el precio del kilogramo de leche en polvo comercializado en estos negocios aumente proporcionalmente, de 1 900 CUP a 2 071 CUP, en el mejor de los casos.

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Pero, en su supuesto afán de control sobre la economía de las mipymes, estas no han sido las únicas perjudicadas por el Estado; la población también se ha visto afectada. Con la falta de confianza en el sistema bancario nacional que se ha ampliado como consecuencia, los bancos y cajeros ni siquiera tienen la suficiente cantidad de efectivo en concepto de pagos salariales, jubilaciones y pensiones. Al punto de que hay reportes que algunos bancos incluso han limitado a 2 000 CUP diarios la cantidad a extraer por las personas naturales, lo cual significa que, muchas veces, el trabajador no tiene acceso a su salario; algo que debería ser un derecho garantizado.

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A la falta de confianza en los bancos, en el Estado y el Gobierno, y a la ausencia de liquidez, se suma la falta de una infraestructura adecuada para sostener los pagos electrónicos. Quienes vivimos en Cuba padecemos a diario el mal funcionamiento de los canales de pago electrónicos, la falta de conexión y electricidad que afectan los sistemas POS de cobro, el no acceso de todos a dispositivos inteligentes aptos para este tipo de comercio, las zonas de silencio, la falta de educación digital y las dificultades que todo esto representa para aquellas personas de la tercera edad que dependen de sí mismos. Uno de los ejemplos más recientes de esto que ahora mencionamos se puede constatar en el hecho de que la dirección nacional de las Casas de Cambio tuvo que suspender el 26 de agosto, en todo el país, hasta nuevo aviso, la venta de divisas a la población por errores en la aplicación Ticket, utilizada para regular los turnos de venta.

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Con tales antecedentes, resulta lógico, por ejemplo, que los productores agropecuarios no quieran recibir pagos electrónicos en vez de disponer de su dinero, según consideren pertinente. La mayoría, radicados en zonas rurales, en donde es muy posible que no llegue de manera adecuada la telefonía y servicios móviles, alejados de cajeros automáticos y bancos, entienden que el sistema digital no es el adecuado para ellos. Por tanto, exigen a sus compradores —ya sean directos o indirectos— un pago en efectivo que, a su vez, el Estado obliga a estos a hacer de manera electrónica. ¿Realmente no tienen las autoridades e instituciones estatales consciencia de este problema?

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Pero la campaña de bancarización estatal no solo se limita a las transacciones de compraventa, sino que se extiende al pago de los servicios como agua, gas y electricidad.

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Imaginemos por un segundo a cualquiera de esas personas de la tercera edad que hemos encontrado en los cajeros automáticos y que nos han pedido ayuda porque no saben bien cómo extraer su dinero. Pensémosla con un teléfono inteligente. ¿Cuál es la probabilidad real de que, si no sabe hacer una simple extracción, sepa trabajar con las plataformas de pago electrónico establecidas hasta ahora? El riesgo de no poder pagar y que le corten la electricidad, el agua o el gas es real. De hecho, ha sucedido con algunos de quienes, un poco más jóvenes y con mayor educación digital, han hecho uso de Transfermovil o EnZona. Ya no es un problema de si pudo comprar o no algo de comida. Es cuestión ahora de que puede quedarse sin medios para cocinar o almacenar los alimentos.

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Las declaraciones de los funcionarios gubernamentales y los medios de prensa oficiales han coincidido en que la bancarización será un proceso gradual y por ahora no obligatorio para los pagos de los servicios. Pero, teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo la historia ha demostrado ser otra muy diferente al discurso oficial, ¿cómo creer en sus palabras?, ¿qué garantías tiene el cubano de que así sea?, ¿de qué manera van a proteger a ese por ciento vulnerable de la población?

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Lo cierto es que, a un mes de anunciada la bancarización, ya se comienzan a ver sus efectos negativos sobre el cubano de a pie. Aumento de precios de los alimentos, disminución de algunos productos, riesgo financiero, menor capacidad adquisitiva, gasto de energía y tiempo extra, aumento del estrés, desprotección de los sectores vulnerables de la población, etc., son algunas de las consecuencias de esta nueva medida gubernamental. Aspectos todos que forman parte de nuestro Holodomor caribeño, en el que nuestra hambre no nos mata de golpe, pero sí nos roba un pedazo de vida cada día.