Aumento de precios en la canasta básica: volatilidad, energía y asfixia presupuestaria
19 de marzo de 2026
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a crisis económica cubana atraviesa un punto crítico donde
energía, geopolítica e inflación alimentaria convergen. Se trata de una reconfiguración profunda de la estructura de provisión para las familias cubanas, en la cual asoma su cabeza el temido “año cero” de la crisis del Período Especial en Tiempos de Paz. La alimentación se ha convertido en el eje dominante de la conversación.
El suministro energético de Cuba continúa siendo muy dependiente de importaciones. Las tensiones geopolíticas en torno al abastecimiento de hidrocarburos, las restricciones financieras y el aumento del riesgo logístico han empeorado la incertidumbre sobre el flujo regular de combustibles hacia la Isla. La ruptura de los envíos de petróleo desde Venezuela ha dejado en una situación muy precaria el abastecimiento de energía en el país. En una economía que depende mayormente de termoeléctricas para refrigeración, industria y agricultura, cualquier interrupción tiene efectos inmediatos sobre la oferta interna.
La crisis energética no es un fenómeno aislado: se traduce en menor producción, mayores costos logísticos y reducción de inventarios. El resultado es una oferta rígida frente a una demanda constante. En ese contexto, los precios no solo suben; se vuelven volátiles.
Los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor, generados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), muestran una divergencia contundente. Para diciembre de 2025, el índice general se ubicó en 505,18 puntos (base 2010 = 100), mientras que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó 878,04. Es decir, los alimentos han crecido a un ritmo muy superior al promedio del costo de vida.
Además, el informe señala que la división de alimentos tuvo un efecto de 70,34 puntos sobre la variación general. La presión inflacionaria está concentrada casi exclusivamente en el consumo básico.
El salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado cerró 2025 en 6 989,2 CUP. Cuando se contrasta con los precios observados en mercados minoristas: carne de cerdo entre 700 y 950 CUP por libra, frijoles entre 350 y 400 CUP, ajo con máximos que superan ampliamente los 1 500 CUP según territorios, se vuelve evidente la tensión estructural.
Una compra básica de proteína, granos y vegetales puede consumir rápidamente más de la mitad del ingreso mensual. Si a eso se suman transporte, electricidad, higiene y medicamentos, el margen residual es casi inexistente.
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025, que pronto publicará FMP, confirma lo que el IPC sugiere: la media declarada del porcentaje del ingreso destinado a alimentación es de 81,24%, con una mediana de 80%. Cuatro de cada diez hogares reportan gastar más de 80% de su ingreso en comida.
Este dato proviene de 2 505 respuestas válidas. La concentración de respuestas en rangos altos indica una percepción generalizada de asfixia presupuestaria.
De los encuestados, 47,6% reportó haber perdido alimentos refrigerados debido a apagones. Sin embargo, el análisis estadístico muestra que la diferencia en el porcentaje de ingreso destinado a alimentos entre quienes perdieron comida y aquellos que no lo hicieron no es significativa (chi² = 0,308; p = 0,579). Dicho de otro modo, la pérdida por apagones profundiza la vulnerabilidad, pero no explica el fenómeno central. El gasto alimentario extremo es estructural, no episódico; se agrava con las condiciones actuales, pero el flagelo viene desde, por lo menos, la Tarea Ordenamiento.
En enero de 2026 se recibieron 240 578 viajeros, 9 puntos porcentuales menos respecto al mismo período del año anterior. La caída de visitantes implica menos divisas, menor capacidad de importación y mayor presión sobre la oferta interna. En economías con alta dependencia de insumos importados, la restricción externa se traduce rápidamente en inflación alimentaria.
Aunque no exista una cifra oficial que establezca que 80% del gasto familiar se destina a alimentos, la evidencia converge: el IPC alimentario casi duplica el índice general, el salario medio no compensa el aumento de precios, la encuesta muestra una media real superior a 80% del ingreso destinado a comida, la crisis energética agrava un escenario ya crítico y, finalmente, la caída del turismo restringe divisas y oferta.
La restricción energética estructural se verá agravada con cada día que pase. El sistema eléctrico aumentará su déficit y los apagones afectarán toda la cadena de valor alimentaria: transporte, procesamiento, riego, distribución, conservación, etc. La amenaza de las tarifas ad valorem y la situación de interdicción de petroleros tendrá un efecto negativo en las importaciones y en el turismo. Solo el aumento de las primas de riesgo para las cargas marítimas hará que los costes de transporte se encarezcan y, eventualmente, podrán disuadir a pequeños aliados del gobierno cubano a la hora de hacer envíos. A esto se le suma su creciente incapacidad de pago, que en numerosas ocasiones se ha quedado corto para cumplir con sus obligaciones con sus acreedores internacionales.
Este no es un episodio coyuntural. La crisis actual conlleva una reorganización forzada del gasto familiar en torno a la supervivencia básica.