Por: Food Monitor Program

04 de mayo de 2023

T

odo Estado es responsable por la capacidad burocrática de 

diseño, ejecución y control de sus políticas públicas, así como del desempeño de sus mecanismos. Si en los Estados modernos la burocracia funciona como una balanza de poder frente al ejecutivo –su estructura no refiere directamente al partido gobernante sino a condiciones estructurales y organizacionales que crecen a largo plazo–, en Cuba responde directamente a la política estatal y a sus giros ad hoc, para los que modifica sus fundamentos, regulaciones y contextos.

En casos como el cubano, hemos visto que, históricamente, el postulado ideológico ha definido la pertenencia de las estructuras ejecutivas, legislativas y jurídicas. Esto no solamente ha marcando el propio sustrato autoritario del sistema  político, sino que ha tenido un grave impacto en cómo se concibe la administración económica en la isla: en la ausencia de garantías al acceso de servicios, en el mantenimiento y justificación de una gerencia disfuncional, en el descalabro de una planificación alimentaria nacional, y en la ausencia de una rendición de cuentas de estos problemas. En medio de una crisis multifactorial, agravada por las medidas improvisadas que el gobierno ha tomado en los últimos tres años, ni siquiera se puede hablar de fallos de estimación o errores de cálculo, sino del desinterés marcado de un Estado por proveer lo más básico.

Durante su intervención en diciembre de 2022 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sorprendió a todos por el reconocimiento de la ya crónica escasez de alimentos, sin solución aparente:

El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos… Se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de la Industria Alimentaria y no hay pescado.[1]

Cuatro meses después, en el balance anual del Ministerio de Agricultura, el primer ministro Manuel Marrero reconoció los nulos efectos de las 63 medidas aprobadas en abril de 2021 y destinadas a “estimular la producción”, aceptando además el alto nivel de impago a productores y el descalabro de la producción. Ante la ya conocida noticia de que la necesaria inversión en el sector agropecuario fuera en el 2022 doce veces menor que la destinada a los servicios inmobiliarios, las autoridades prefirieron acusar del fracaso de estas medidas al sector no estatal afirmando que “los  efectos de las medidas que se ponen en práctica son pobres, en un sector en el que tan solo el 20% de la producción está en manos del sector estatal”.[2]

Este discurso de doble racero tiene varias repercusiones de riesgo. Primero, mantiene al sector privado como chivo expiatorio dentro de las reformas económicas que el proceso político en Cuba ha desarrollado en el intento de mantenerse en el poder. Aceptando a regañadientes el necesario auge del sector de Trabajo por Cuenta Propia, el gobierno ha mantenido el fenómeno privado como un elemento criminalizado, ajeno a los principios de colectividad y justicia redistributiva que dice amparar. La propensión histórica del gobierno cubano a “tomar medidas enérgicas” en el sector destinado a la producción privada de alimentos ha tenido como consecuencia, además del desabastecimiento y la baja calidad productiva, la omisión de un debate más amplio sobre los actores económicos en el país.

Segundo, es evidente el desinterés marcado de la administración cubana, acompañado por una burocracia que tiende más a criminalizar que a legitimar la diversificación de fuerzas productivas. La justificación y la extensión que de esta narrativa oficial se hace por organismos internacionales como PNUD, PMA, UNICEF, FAO, que incluso justifican que el país importe más de lo que produce debido a “la crisis internacional” y al “bloqueo estadounidense”, es una postura alarmante que despoja a los cubanos de medios para analizar su propia realidad, y más aún es una afirmación opresiva para los problemas que estos enfrentan a diario.

Tercero, la tendencia a decretar irracionalmente medidas y decretos sin efecto alguno debe considerarse como una burocracia de carácter violento y represivo. La pasada semana nuestro investigador Germán Quintero discutía en este espacio de FMP la posibilidad de comparar la administración económica en Cuba con el experimento del “Salón Chino” realizado en 1985 por el filósofo estadounidense John Searle. En su valoración se comparaba la irracionalidad burocrática con un juego de apariencias que, como aseguro el mismo presidente cubano, prefiere acuñar leyes sin basamento con la realidad ni voluntad gubernamental. Mientras tanto, el pueblo cubano  recibe insignias, emblemas y alegorías, promesas y justificaciones en abundancia; pero de estas nadie puede alimentarse, ni siquiera alimentar la mínima ilusión de esperanza en medio de una crisis cada vez más profunda y con la certeza de que la clase en el poder carece de verdaderas intenciones para revertir la situación.

En suma, la naturaleza de la toma de decisiones y la naturaleza violenta de la burocracia determinada la relación formal de deberes y derechos, donde la lógica estatal absorbe y monopoliza la lógica de la esfera social al punto de ignorar activamente la realidad en el país. La prioridad dada por el gobierno cubano a una noción restrictiva de sobrevivencia, incapaz de garantizar la reproducción ampliada y sostenible de sus propias estructuras económicas, sociales y políticas, pasa factura a la nación toda.

Los dirigentes cubanos deberían hacer lo posible para frenar la sangría migratoria, dotarse de una tecnocracia hábil y proveer de bienes y servicios básicos a sus poblaciones. En Cuba, por el momento, no avanza ninguna de estas soluciones.

[1] https://twitter.com/i/status/1602803394564874240

[2] https://www.14ymedio.com/cuba/Marrero-atribuye-pesimos-resultados-agricultura_0_3513848585.html