64 años de la libreta de (des)abastecimiento fuera del escrutinio internacional
15 de octubre de 2026
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n 2026, la libreta de abastecimiento cumple 64 años, todavía
registra quién puede comprar, en qué establecimiento y qué cantidad de determinados productos le corresponde. La red de Oficinas de Control y Distribución de Alimentos continúa organizando administrativamente el acceso a una parte de la alimentación de los hogares cubanos.
Pero la libreta no entrega alimentos gratuitos ni garantiza que los productos asignados estén disponibles, aunque fuera de Cuba todavía se le atribuya esa función o se la presente como un mecanismo capaz de asegurar que los alimentos lleguen a toda la población, nada podría estar más alejado de la realidad. Lo que registra es una autorización de compra, no certifica que el arroz llegó a la bodega, que el hogar pudo pagarlo, que alcanzó hasta el final del mes ni que se distribuyó de manera equitativa entre quienes viven bajo el mismo techo.
Esa distancia entre el registro administrativo y el plato real es también el lugar donde comienza el trabajo de la sociedad civil, precisamente los datos recogidos por Food Monitor muestran por qué esa diferencia importa. En una muestra analizada, compuesta por 1.275 mujeres y 1.228 hombres, el 9 por ciento de las mujeres registró un peso inferior al umbral saludable, frente al 4,9 por ciento de los hombres. En muchos hogares, las mujeres comen menos para reservar alimentos a hijos, personas enfermas y mayores.
La provisión doméstica puede parecer aceptable en una encuesta general, mientras la privación aparece después en el cuerpo de quien se sacrifica. Entre 2023 y 2025, además, la proporción de personas encuestadas que declaró haberse acostado con hambre al menos una vez durante el mes aumentó de 18,7 a 33,9 por ciento.
En Cuba, la disputa por los derechos comienza muchas veces como una disputa por la evidencia. ¿Qué se cuenta como alimento disponible? ¿Basta con estar inscrito en la libreta? ¿Quién queda fuera de los promedios nacionales? ¿Cómo se distinguen las restricciones externas de las decisiones económicas, presupuestarias y represivas del propio régimen?
Los mecanismos multilaterales no resuelven por sí solos esas preguntas, pero ofrecen uno de los pocos espacios donde la información oficial puede ser confrontada con investigaciones independientes. Por eso su desmonte y desfinanciamiento tienen un efecto particularmente grave sobre Cuba.
Dos multilateralismos distintos
La relación de quienes ejercen el poder en Cuba con el sistema multilateral contiene una paradoja real, las instituciones internacionales les han proporcionado reconocimiento diplomático, capacidad para construir alianzas y oportunidades para presentar sus políticas como logros sociales. Al mismo tiempo, esas instituciones han permitido que activistas, periodistas, familiares de presos políticos, organizaciones y observatorios independientes pongan a disposición información que dentro del país no encuentra tribunales autónomos, medios públicos plurales ni instituciones nacionales de derechos humanos.
La regla de un Estado un voto, ayuda a entender esa paradoja, siempre que no se confundan órganos y funciones diferentes. Cada uno de los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas dispone de un voto, con independencia de su población, tamaño, sistema político o situación interna de derechos humanos. Esa misma Asamblea elige a los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos. En octubre de 2023, Cuba recibió 146 votos y fue elegida para ocupar uno de sus asientos durante el periodo 2024-2026. El régimen pudo presentar esa elección como una credencial internacional, aunque se tratara de una decisión política entre Estados y no de una evaluación técnica sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
Por su parte, los comités de tratados, los procedimientos especiales y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria responden a una lógica diferente. No son asambleas de representantes estatales, sino mecanismos integrados por expertos independientes que reciben informes, formulan preguntas, examinan casos y contrastan la versión oficial con documentación procedente de otras fuentes.
Conviene, por tanto, distinguir entre un multilateralismo diplomático, compuesto por delegaciones, discursos, elecciones y alianzas entre Estados, y un multilateralismo de protección, sostenido por expertos, relatores, traducciones, investigaciones, comunicaciones urgentes y expedientes.
El desfinanciamiento no elimina ambos de la misma manera, la delegación cubana conserva su misión permanente, sus funcionarios, su asiento y su acceso a las sesiones. Quienes pierden capacidad son, sobre todo, las organizaciones que necesitan recursos para entrevistar víctimas, proteger datos, traducir informes, viajar a Ginebra, seguir una recomendación o convertir cientos de testimonios en información verificable. La silla de Cuba permanece, lo que comienza a desaparecer es la capacidad de contrastar lo que se afirma desde ella.
Lo primero que desaparece es el denominador
Los recortes internacionales suelen presentarse como una reducción burocrática, menos reuniones, menos viajes, menos consultores. Sin embargo, detrás de cada una de esas categorías hay una función de protección. Una denuncia local debe ser documentada por una organización, traducida a un lenguaje jurídico, enviada al mecanismo competente, revisada por personal especializado y convertida en preguntas, recomendaciones u opiniones. Después debe ser difundida, seguida y utilizada por periodistas, diplomáticos, abogados y familiares. El financiamiento sostiene esa cadena de traducción institucional, cuando un eslabón falla, el testimonio puede existir sin llegar a convertirse en evidencia internacional.
En 2022, durante el examen de Cuba, el Comité contra la Tortura abordó las detenciones posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021, el uso del delito de sedición, las denuncias de fuerza excesiva contra manifestantes y la falta de información suficiente sobre las investigaciones realizadas. En sus observaciones finales pidió investigar de manera pronta, independiente y completa los actos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, procesar a los responsables y reparar a las víctimas.
En 2025, dos opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria examinaron los casos de 49 personas vinculadas con las protestas del 11 de julio. El mecanismo concluyó que sus detenciones fueron arbitrarias y solicitó su liberación, reparación e investigaciones independientes.
Esas decisiones no abrieron por sí mismas las cárceles, su valor fue otro. Identificaron víctimas, fijaron hechos, calificaron jurídicamente las detenciones y conservaron una versión de los acontecimientos distinta de la producida por el aparato estatal. También crearon materiales que pueden ser utilizados en campañas diplomáticas, solicitudes de protección, litigios futuros y procesos de memoria o reparación.
En una eventual transición democrática, esos archivos no serán papeles antiguos, formarán parte de la infraestructura necesaria para reconstruir responsabilidades, reconocer a las víctimas y reformar instituciones.
El problema es que esa capacidad está siendo recortada, en 2025, los órganos de tratados de Naciones Unidas perdieron más del 30 por ciento de su tiempo de reuniones. Se cancelaron exámenes de países y grupos de trabajo preparatorios. La sesión de octubre de 2025 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue aplazada por la crisis de liquidez y, a comienzos de 2026, ni siquiera podía garantizarse que el órgano celebrara las tres sesiones previstas para ese año.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entró, en palabras de su titular, en modo de supervivencia. La falta de recursos provocó alrededor de 300 recortes de puestos de trabajo, redujo su presencia en 17 países y llevó a realizar menos de la mitad de las misiones de monitoreo efectuadas en 2024.
No existe evidencia pública de que una revisión específica de Cuba haya sido cancelada por estos recortes, el efecto es más estructural y acumulativo. Crecen los retrasos, se reduce la capacidad para procesar comunicaciones, disminuyen los servicios de traducción y se debilita el acompañamiento a las organizaciones. Una denuncia examinada tres años tarde puede encontrar a su autor encarcelado, silenciado o en el exilio.
En materia alimentaria, las consecuencias son todavía menos visibles, el Estado conserva sus registros administrativos y decide qué cifras divulga. Las organizaciones independientes pierden recursos para realizar encuestas, verificar entregas, comparar provincias y desagregar resultados por sexo, edad, raza o condición socioeconómica.
Sin esos datos, la libreta puede convertirse en prueba oficial de cobertura, aunque no demuestre disponibilidad ni consumo. Los promedios nacionales pueden ocultar que las mujeres comen menos, que las personas mayores sacrifican medicamentos para comprar alimentos o que determinadas provincias concentran tasas mucho mayores de bajo peso. La primera víctima del desfinanciamiento no siempre es una resolución, a veces es el denominador que permitía saber quién estaba quedando fuera.
Una retirada que fortalece el argumento oficial
A esta crisis se suma la retirada de Estados Unidos, en febrero de 2025, la Casa Blanca ordenó que el país dejara de participar en el Consejo de Derechos Humanos y retuviera la proporción de su contribución destinada a ese órgano. Al mismo tiempo, la suspensión de programas de cooperación bilateral dejó en situación precaria a medios y organizaciones cubanas. En 2024, USAID había destinado 2,3 millones de dólares a medios relacionados con Cuba. Tras la congelación de la ayuda, muchos proyectos tuvieron que buscar fuentes alternativas de financiamiento.
Son circuitos diferentes y no deben confundirse, una cosa es financiar el sistema de Naciones Unidas y otra conceder apoyo bilateral a medios u organizaciones. Pero la coincidencia de ambas retiradas produce un resultado político similar. Disminuye la capacidad para generar información independiente y, a la vez, se debilitan los mecanismos que podrían recibirla y convertirla en escrutinio internacional.
La retirada estadounidense entrega además un argumento valioso al régimen cubano, la Habana puede presentarse como participante del sistema mientras su principal adversario abandona espacios de examen, reduce fondos y cuestiona las instituciones que exige a otros respetar. La estigmatización, sin embargo, sobrevive al dinero. Aunque los fondos desaparezcan, las autoridades pueden seguir acusando a periodistas y defensores de actuar como agentes extranjeros. Las organizaciones pierden el recurso, pero conservan el riesgo penal y reputacional asociado a haberlo recibido.
Defender sin idealizar
Defender los mecanismos multilaterales no exige convertirlos en algo que nunca han sido; son lentos, están atravesados por negociaciones políticas y carecen, en muchos casos, de medios coercitivos para obligar a un Estado a cumplir sus recomendaciones. La elección de Estados de carácter autoritario para integrar órganos de derechos humanos daña su credibilidad. Cuba ha aprendido a aceptar recomendaciones generales, exhibir altos porcentajes de cooperación y rechazar aquellas que afectan el núcleo del control político.
Durante su examen periódico universal de 2023, Cuba recibió 361 recomendaciones, aceptó 292, equivalentes al 81 por ciento, dejó 41 bajo consideración y rechazó 28. Entre las que no recibieron su respaldo se encontraban varias que pedían liberar a personas detenidas por exigir sus derechos, permitir el acceso de observadores independientes a cárceles y centros de detención, cesar el hostigamiento contra la sociedad civil y reformar disposiciones del Código Penal utilizadas para restringir la expresión, la reunión y la asociación. El porcentaje de aceptación puede funcionar así como una credencial reputacional que oculta los límites de la cooperación.
Pero la respuesta a esas deficiencias no puede ser vaciar el sistema, el Estado cubano posee instituciones, presupuesto, diplomáticos profesionales, medios oficiales y capacidad coercitiva. La sociedad civil dispone, esencialmente, de testimonios, documentación, redes de solidaridad y la posibilidad de apelar a una norma exterior al aparato estatal. Recortar esa posibilidad no equilibra el terreno, lo inclina todavía más.
La libreta probablemente seguirá registrando qué cantidad de alimentos corresponde a cada hogar, Cuba seguirá ocupando asientos internacionales y sus representantes continuarán pronunciando discursos. La pregunta es si, frente a ellos, quedará alguien con capacidad para comprobar si los alimentos llegaron, qué mujer dejó de comer para alimentar a sus hijos, qué familia fue excluida, qué persona terminó detenida después de protestar y qué consecuencias provienen de restricciones externas y cuáles responden a decisiones del Estado cubano.
Si esa capacidad desaparece, el multilateralismo no habrá dejado de existir, habrá sido vaciado en una sola dirección. Permanecerán la ceremonia, la bandera y la silla, se habrá ido el escrutinio.