Nota de prensa N° 27- Food Monitor Program
La Habana, 18 de julio de 2024
El Gobierno cubano anunció esta semana un nuevo “plan de acciones” como parte de la “corrección de distorsiones” de la economía cubana, generadas fundamentalmente tras la Tarea Ordenamiento. El análisis tuvo lugar durante el Tercer Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura y busca como objetivos:
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Estabilización macroeconómica
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Incremento de ingresos externos
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Desarrollo empresarial y formas de gestión no estatal
Entre los acuerdos se encontraron:
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Acciones regulatorias en materia fiscal
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Política de precios: Regulación de precios para la comercialización minorista de productos de alta demanda
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Dolarización parcial de la economía: Establecimiento de pagos de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal; implementación gradual y selectiva de cobros en divisas a servicios portuarios; implementación de cobro en efectivo en divisas en determinadas actividades y sectores como el turismo
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Re-dimensionamiento del mercado cambiario.
Otros acuerdos que acompañan lo anterior fueron el reforzamiento del cuerpo de inspectores, el cierre de empresas que subdeclaren, el fortalecimiento de los sistemas de pago electrónicos, así como la certificación de la licitud de los fondos. El primer ministro Manuel Marrero anunció, además, una “nueva ley de empresas” a publicarse en septiembre próximo.
Impacto previsto de las principales medidas en la inseguridad alimentaria
En el continuo esfuerzo por recaudar divisas, la principal medida según la información suministrada por las autoridades es el aumento de la dolarización. Para ello el primer ministro explicó que Cuba mantiene afectaciones en las cuatro principales fuentes de ingresos de divisas del país: exportaciones de bienes y servicios, inversión extranjera, acceso a créditos externos, y remesas. Con “afectaciones” se refirió a la “interferencia” de fondos, empleados para actividades personales “legales o ilegales”.
En los últimos cinco años el Gobierno cubano ha intentado canalizar y absorber la mayoría de las divisas entrando al país, tomando medidas polémicas como la creación de tiendas MLC y la reconducción de productos de primera necesidad hacia esta red de pago en tarjetas de crédito, en divisa y desde el extranjero. Sin embargo, más que cumplimentar lo esperado, estas tiendas no han tenido la oferta ni la demanda esperada. Han presentado importantes niveles de desabasto mientras una mayoría de los cubanos, que no recibe remesas, no tiene forma de acceder a estos mercados. Ello ha llevado finalmente a una mayor profundización de la diferenciación socioeconómica en la Isla.
El Gobierno también anunció la imposición de un mayor cobro en la frontera y el pago en divisas de los aranceles a las importaciones del sector no estatal, así como la recepción de divisas en efectivo en el sector turístico. Las mismas autoridades admitieron que esta medida no se había llevado a cabo por “contribuir a la dolarización de la economía e ir en contra del proceso de bancarización”. Esta última improvisación económica del Gobierno cubano es justificada dentro de “un escenario de economía de guerra” sin admitir que persisten mayores obstáculos determinantes en la devaluación del peso cubano tales como la ausencia de un mercado cambiario formal y la falta de liquidez de las entidades bancarias. Estas medidas representan otra grave afectación para las FGNE, entidades que mayores garantías aportan a la seguridad alimentaria en el país a partir de las importaciones de alimentos.
@FoodMonitorP advierte que, esta postura política de preservar el control aún ante un escenario tan precario como el actual, no solamente puede profundizar la devaluación del peso cubano (ya que los emprendedores deberán continuar acudiendo a un mercado informal en ausencia de un sistema cambiario real), sino que incrementará la inflación en los precios de los alimentos, dificultará aún más el acceso a los mismos, mientras que las familias continuarán perdiendo capacidad de acceso como ha ocurrido desde la Tarea Ordenamiento. Medios independientes también advirtieron, entre otros efectos indeseados, el aumento de los costos operativos de las Mipymes, traduciéndose en un aumento de precios finales, o en una escasez de productos de mayor demanda.
En general, esta improvisación económica y el peso regulador de las medidas elimina oportunidades de inversión en la Isla, vista como un escenario inestable para emprender negocios, lo que impacta a largo plazo el desarrollo económico nacional. Igualmente, dada la naturaleza criminogénica de las crisis económicas, esto puede conllevar a un aumento de la inseguridad ciudadana. Además, vale señalar que, las regulaciones “a dedo” y sin peso en la realidad han contribuido históricamente a un mayor protagonismo del mercado negro y de transacciones informales en la sociedad.
Discurso criminalizador
A lo largo de la intervención en el día de ayer el mensaje oficial priorizó frases que adelantaban daños a la reputación de actores económicos relevantes en el país. En consecuencia, ante el desvío de recursos fuera de los ámbitos de control del Estado, el Gobierno declaró una “usurpación” de las divisas por parte de las FGNE, así como un “enriquecimiento” de los privados y una “diversificación” e “implicación ilegal” de personas en estas actividades. Aunque no se descarte el incremento de actividades ilícitas, algo recurrente en autocracias que tienen dominio de los sistemas agroalimentarios, es al menos cínica esta postura revisionista habiendo admitido hace tres meses la corrupción y lavado de dinero en las altas esferas del ministerio de economía en Cuba.
Ante el crecimiento del sector, que el Gobierno hace apenas tres años aprobó, y que ha diversificado y circunnavegado la crisis económica en Cuba, se repiten maniobras de control y criminalización en lo que se interpreta como una nueva ofensiva contra el sector. Las autoridades han prometido “mano dura”, “orden y disciplina” contra la corrupción y la evasión fiscal de estas entidades a las que también acusa de “tendencias negativas”, una frase que también ha utilizado el discurso oficial desde la década de los 60 para justificar reacomodos autocráticos.
@FoodMonitorP recuerda que, con una inflación galopante, el desplome del peso cubano en el mercado informal, el retroceso del 67% de la producción de alimentos nacional, el serio déficit fiscal (22% del PIB), los análisis concluyen la presencia de una crisis aún más aguda que la del llamado Periodo Especial. Ante este precario panorama, el Gobierno continúa criminalizando y regulando arbitrariamente sin aportar soluciones efectivas a la crisis multisectorial presente en el país. La tendencia al decisionismo burocrático, a la desviación de responsabilidades y a la ordenación arbitraria a partir de regulaciones no consensuadas, se anquilosa cada vez más en un proceso deliberativo viciado y sin respaldo en la revisión ciudadana.
En los últimos años y ante el colapso multisistémico de los servicios en Cuba, ha sido el sector privado el que mayor crecimiento y oferta ha asegurado en varios renglones. Experiencias anteriores demuestran que este tipo de decretos desincentivan la producción no estatal al crear mayor incertidumbre en la inversión (los mismos productos que ahora se regulan demoran alrededor de tres meses en ser encargados, comprados y transportados a la Isla), amplificar el accionar de contratos no legales y del mercado negro, y en general, aumentar el desabastecimiento. El ajuste de precios no es un remedio eficaz contra la inflación, y tendencialmente contribuye a aumentar la desigualdad socioeconómica al distinguir el acceso a los alimentos por oferta y pago, sin un programa de protección social. Una vez más, al igual que lo ocurrido con las llamadas tiendas en MLC, el resultado no solamente antagoniza con el propósito de las medidas oficiales, sino que empeora la situación de la que se partió.
Aún más alarmante es la declaración de “economía de guerra”, más recalcitrante que el maquillado “Periodo Especial en Tiempos de Paz” decretado en la década de los 90 y que según economistas ha resultado ser de menor envergadura que la crisis actual. Como ya se comienza a constatar, la economía de guerra es el nivel máximo de emergencia nacional, donde las decisiones son tomadas directamente por el ejecutivo, de forma excepcional. Este estado de excepción facilita la acidificación de políticas públicas, un mayor control general y la racionalización de bienes y servicios. En paralelo, atenta contra el crecimiento económico y el desarrollo productivo; por ejemplo, en el mismo comunicado oficial, el Gobierno anunció posponer y paralizar inversiones “que no sean imprescindibles”. Teniendo en cuenta que las últimas inversiones “necesarias” han estado destinadas al sector turístico, en un país que acumula menos de la mitad de la cifra de viajeros internacionales que tenía hace cinco años atrás, podemos prever un impacto negativo similar.
Food Monitor Program recuerda que el actual contexto económico en Cuba tiene como una de sus principales causas la fallida Tarea Ordenamiento y el retroceso de garantías y respaldos sociales sin medidas paliativas para una población vulnerable en extensión. El colapso de hasta un 67% de la producción alimenticia en los últimos cinco años, la ineficacia de las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura, así como la inclinación a la dolarización y a contratos patrimonialistas dentro del capitalismo de Estado cubano han dado como resultado que más de un 90% de los cubanos hayan perdido acceso considerable a los alimentos desde la Tarea Ordenamiento. Food Monitor Program conmina a una voluntad y responsabilidad estatal que priorice a una población extendidamente vulnerable, con disposiciones realistas, consensuadas y alejadas del excesivo control estatal, así como un mecanismo de rendición de cuentas que permita mayor incidencia ciudadana en términos de seguridad alimentaria.