En los últimos meses se ha consolidado en Cuba una modalidad de estafa telefónica en la que los perpetradores se hacen pasar por intermediarios de servicios de paquetería internacional. A través de llamadas a líneas fijas o móviles, anuncian la supuesta llegada de envíos –generalmente de medicamentos o alimentos remitidos desde el exterior– que deben ser confirmados mediante un procedimiento inmediato. Durante este proceso, solicitan a las víctimas introducir códigos o realizar transferencias a través de la aplicación Transfermóvil. Una vez realizada la operación, los fondos son sustraídos y los estafadores interrumpen la comunicación.

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El aumento de estas prácticas ha sido advertido por bancos y plataformas de pago, sin embargo, la magnitud del fenómeno continúa aumentando ante la escasa cobertura de la prensa oficial, la ausencia de estrategias de prevención por parte de órganos de la sociedad civil oficial, así como por la inacción de las autoridades que deberían velar por la ejecución de políticas públicas de prevención, pesquisa y reparación de daños.

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Crimen digital y crisis multifactorial:

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Diversas organizaciones internacionales han reportado un incremento de crímenes digitales asociado a periodos de recesión económica y al aumento del costo de vida. Sin embargo, en Cuba este fenómeno cobra sus propias particularidades dignas de subrayar:

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• Aumento de desigualdad en el acceso a productos y servicios básicos, principalmente alimentos y medicamentos

• Aumento de envejecimiento poblacional y de hogares sin redes de apoyo efectivas

• Reciente incorporación de procesos de digitalización, limitados conocimientos y alfabetización digital sobre riesgos y métodos de estafas (suplantación de identidad, robo de datos, engaños y estafas telefónicas, ciberataques a cuentas, etc.)

• Naturalización y ampliación de vías informales no verificables, dependientes de intermediarios, para el acceso a productos necesarios

• Ineficiente y poco preparado aparato burocrático que obstaculiza acciones legales para la pesquisa y penalización del delito

• Forzada digitalización bancaria ante escasez de efectivo

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Personas mayores: grupo de alta vulnerabilidad

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Las personas mayores constituyen uno de los grupos más expuestos a este tipo de estafas. En Cuba, donde el envejecimiento demográfico es uno de los más avanzados de América Latina, un cuarto de la población supera los 60 años y depende de pensiones limitadas, remesas o apoyos familiares. Este grupo enfrenta condiciones específicas que aumentan su vulnerabilidad: menor alfabetización digital, menor acceso a información actualizada sobre fraudes y, en muchos casos, una mayor predisposición a confiar en llamadas que apelan a necesidades urgentes como medicamentos o alimentos.

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La alfabetización digital es otro de los grandes desafíos, ya que las personas mayores, al ser migrantes digitales, encuentran más dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la escasez de programas orientados a mejorar los conocimientos y destrezas en el uso de las nuevas tecnologías en este grupo poblacional, aumenta la desprotección frente al uso de dispositivos “inteligentes”, la introducción de pasarelas virtuales de pago de muchos servicios básicos, así como la interacción en redes sociales y comunidades virtuales. En su labor de monitoreo, Cuido60 ha documentado la existencia de una brecha digital provocada, entre otros aspectos, por restricciones de acceso, información, capacitación y edadismo. La prevalencia de estereotipos negativos respecto de las capacidades de aprendizaje de las personas mayores, especialmente en relación con temáticas de orden tecnológico, es una barrera adicional que dificulta el acceso a las plataformas digitales y aumenta el riesgo en su uso.

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En consecuencia, FMP y Cuido60 alertan sobre las implicaciones inmediatas de este fenómeno en una sociedad que reporta pérdida de acceso a productos y servicios básicos para sostener una vida digna, limitado acceso a la justicia, pérdida de confianza en las instituciones oficiales, responsabilidad estatal delegada sobre personas privadas, dependencia de contratos opacos para sobrevivir, aumento de la criminalidad motivada por vacíos de poder.