Por: Nastassja Rojas

totalitarismos ha sido que las preocupaciones de los dictadores, relacionadas con mantenerse en el poder, no pasaban por mantener la apariencia democrática. Esto es algo que empezamos a verse en las últimas décadas a través del interés por justificar jurídicamente sus acciones y convencer a la comunidad internacional de su talante democrático.

Esto, entre otras razones, se debe en buena medida a que hoy en día los Estados no pueden sobrevivir en completo aislamiento, las necesidades actuales exigen que exista algún tipo de relacionamiento de orden económico y político, aunado al fortalecimiento de los sistemas de protección de Derechos Humanos que han evolucionado también en el reconocimiento de responsabilidad no solo de los Estados, sino también de las personas, lo cual parece pesarles mucho más a los dictadores.

Es por ello que, vemos con tanta frecuencia a los regímenes autoritarios de la región esforzándose en la búsqueda de aliados diversos con el afán de mostrar internacionalmente que son verdaderas democracias y que sus acciones se encuentran ajustadas a las instituciones y en el marco del Estado de Derecho. Y a su vez, logrando imponer la narrativa de la responsabilidad de sus fracasos a las presiones internacionales.

Precisamente esta fue una de las rutas tomadas por el régimen de Castro después del desplome de la Unión Soviética. La agenda de los años 90 toma un especial énfasis en el fortalecimiento de las democracias y los DDHH, y ya no era tan fácil sobrevivir en un sistema que, pese a ser ahora multipolar, tenía nuevas preocupaciones en donde la ciudadanía cobraba mayor protagonismo.

Es así que, empiezan a hacer un gran esfuerzo por modernizar su discurso, introducir nuevos términos en la agenda social y finalmente hacer modificaciones en el sistema normativo de la Isla. Pero no con el propósito de transitar a la democracia sino de adaptarlo a aquello que la comunidad internacional y las organizaciones internacionales quieren escuchar, lo cual por supuesto, no se traduce en una mejora de las condiciones de vida.

Un ejemplo significativo de ello en Cuba, es el proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional que será aprobado en este mes de abril por la Asamblea Nacional y que en palabras de la directora jurídica del Ministerio de Agricultura, Mayra Cruz, busca coordinar un engranaje entre la Agenda 2030 y la Constitución cubana con el propósito de aumentar la producción en el sector agrícola para disminuir la dependencia de las importaciones.

Sin embargo, lejos de solucionar los graves problemas de alimentación en Cuba, da el fundamento jurídico para el control estatal que ha existido por décadas y traslada nuevamente la responsabilidad del fracaso del modelo a cualquier otro que no sea de la oficialidad. Solo basta con señalar dos problemas: el primero es que, ni esta ni otras normas se crean ni implementan con vocación democrática, en este caso uno de los propósitos de esta es ley es regular la organización de los sistemas alimentarios locales reforzando con ello el control del Estado en la forma de distribución y abastecimiento de los alimentos, algo que ya existe pero que se legitimaría internacionalmente.

El segundo, recordar que es el modelo impuesto en Cuba el que no ha funcionado para garantizar el derecho a la alimentación, ni ningún otro derecho, ya que otorga al Estado el poder de intervenir en la vida pública y privada de la población por medio de la articulación de todo un sistema de control y vigilancia que va desde la producción hasta el consumo de alimentos como una herramienta de control de social. Recordando que el derecho a la alimentación no consiste en un derecho a ser alimentados, es la posibilidad de acceder en cualquier momento, de manera estable y libre a los alimentos.

Lamentablemente, todo el proceso alrededor de este proyecto les ha servido para justificar reconocimientos como las de la FAO en el 2018, al señalar que en Cuba los asuntos relacionados con la alimentación son una permanente ocupación de la agenda oficial y conseguir con ello apoyo económico de la Unión Europa para elaborar normas como estas.

Es necesario revisar cómo la cooperación internacional termina desviándose para el sostenimiento de una dictadura ante el dilema de ayudar a la ciudadanía o presionar con medidas económicas. Lo cierto es que el régimen cubano tiene muy claro que esta ley lejos de solucionar el problema de abastecimiento le da mayor legitimidad internacional para controlar la vida y la mesa de población.

robablemente uno de los cambios más notorios en los 

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